Tras la efervescencia inicial por un acuerdo entre PSOE y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se demoraba desde hacía más de 2.000 días y en el que nadie parecía confiar ya, una lectura más pausada de los términos del pacto suscrito a muchos kilómetros del Estado español, en Bruselas, remite al conocido dicho de que todo cambia para que todo siga igual.
Al menos, la fanfarria y fuegos de artificio que acompañaron el apretón de manos entre Esteban González Pons por parte del PP y Félix Bolaños en representación del Gobierno español se quedan en eso, en una actuación que urgía desde hace más de un lustro pero que no llega a arañar la superficie del problema de fondo. El bloqueo que ha dejado la Justicia en España hecha unos zorros podría, por tanto, repetirse según tres expertos en el ámbito jurídico consultados.
El catedrático de Derecho Internacional Privado de la UPV/EHU, Juanjo Álvarez, delimita el alcance del acuerdo afirmando que “es un desbloqueo, no una respuesta al problema”. La valoración general “no ha de ser negativa porque se acaba con una anomalía institucional”, pero añade que “el verdadero camino a recorrer es cómo se articula el nombramiento de los vocales del Consejo y cómo se suplen las eventuales vacantes” que puedan surgir.
Y ese aspecto, que ha mantenido a los actuales miembros del órgano de gobierno de los jueces en situación de interinidad durante el periodo más largo en democracia, “no está en el acuerdo ni en la proposición de ley conjunta” presentada por los dos principales partidos en el Estado, apunta Álvarez. Que dicho bloqueo tiene un origen político es una cuestión indubitada a juicio de Jesús López-Medel, que lleva ejerciendo como abogado del Estado durante cerca de 40 años. En el pacto entre socialistas y populares “no se pensaba para nada en que era lo mejor para la administración de justicia, sino únicamente en qué gente iba a colocar cada uno de ellos al frente de esa institución”.
Tal y como trascendió el pasado martes, los dos partidos se han repartido de forma equitativa los 20 integrantes del nuevo CGPJ, proponiendo diez cada uno. Una vez sean elegidos por el Parlamento en el mes de julio, deberán afrontar una ingente tarea que incluye nombrar a 98 magistrados que ocupen las vacantes de la cúpula judicial, una situación que es especialmente dramática en el caso del Tribunal Supremo, con casi un tercio de sus integrantes pendientes de ser designados. De forma paralela, PSOE y PP han registrado una proposición de ley destinada a modificar el sistema de elección de este órgano.
A partir de ahí empiezan las reticencias, empezando por las formas. El magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín no duda en expresar su “asombro” tras contemplar el “espectáculo inédito ante la Unión Europea, como si se tratase de firmar la paz entre dos Estados extranjeros en presencia de una señora que decía a ver si os portáis bien, chicos”. Situar el último tramo de la negociación en Bruselas con las instituciones europeas como mediadoras fue una exigencia del PP aceptada por el PSOE, y la firma definitiva estuvo tutelada por la vicepresidenta de Valores y Transparencia de la UE, Vera Jourová.
La escenificación del acuerdo contó con no pocas dosis de almíbar al asegurar González Pons que el arduo diálogo mantenido con Bolaños suponía “casi el principio de una amistad”. En conversación con este medio, Martín Pallín advertía de la posibilidad de que el PP le coja gusto a incorporar a la UE en la ecuación y la aplique a otros asuntos como “la financiación autonómica o la organización territorial”. Todo ello mientras su líder, Alberto Núñez Feijóo, “insinúa que esto se parece a Venezuela, Cuba o Nicaragua”.
Corporativismo
Quienes arquearon una ceja en el mismo momento en que se anunció el acuerdo fueron el resto de grupos que forman el arco parlamentario, desde los socios habituales del presidente español, Pedro Sánchez, que se han sentido totalmente excluidos, hasta Vox. “Ellos se lo guisan y ellos se lo comen”, aseguraba Álvarez respecto a PSOE y PP, que “ningunean al Parlamento” con la “proposición de ley que plantean de forma conjunta sin encomendarse a nadie, al sumar mayoría. No lo propone el Gobierno, eso sería un proyecto de ley”.
Martín Pallín cree que los grupos parlamentarios “son unos convidados de piedra” en este asunto, y afirma, de forma estrictamente personal, que si él estuviera en esta circunstancia se abstendría de votar la propuesta e incluso se ausentaría del pleno. Las críticas han sido mucho más suaves en el caso de Sumar, que ha colocado dos vocales en el CGPJ. Jesús López-Medel, que estos días está presentando el libro Calidad democrática. Partidos voraces, instituciones contaminadas, califica de “error” esta postura de los de Yolanda Díaz, ya que “de los partidos emergentes esperábamos otra cosa, un poco más de implicación y no decidir meterse al reparto”. La terna de 20 nuevos vocales, de los que falta por designar a su presidente, provoca serias suspicacias en el propio López-Medel, que atesora una amplia experiencia en órganos como el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, y también en el ámbito de la política. Así, censura que todos ellos son jueces y fiscales, cuando “hay otros sectores del derecho, el mundo académico, quienes ejercen la abogacía o de altos cuerpos del Estado que podrían aportar visiones menos corporativas”.
Añade que los 20 están asociados o bien en la APM –los conservadores– o en Jueces para la Democracia –los progresistas–, lo que excluye al resto de asociaciones y a los que no pertenecen a ninguna. Según él, estos colectivos “son correa de transmisión de los partidos” y de cara a aspirar a puestos concretos “van a seguir haciendo como hasta ahora, promocionar a los suyos”.
El experto en Derecho Internacional Privado coincide en que “ahí no hay ningún abogado y son un elemento importante en la justicia”. Álvarez insiste en que “la mitad de los jueces de la carrera judicial no están asociados y ningún no asociado está en esa lista”, al tiempo que “hay otras dos asociaciones con casi mil jueces que tampoco están, es decir, se lo reparten entre la APM y Jueces para la Democracia”.
Intromisión política
Una de las peculiaridades de la proposición de ley es el mandato específico al CGPJ para que remita a las Cortes Generales una propuesta de reforma de su sistema de elección, para lo que dispone de un plazo de seis meses. “Un canto a la galería”, a juicio de Juanjo Álvarez, ya que “van a hacer un estudio y a presentar un informe comparado de cómo se resuelve esta cuestión, pero ahí no se dice que esa propuesta se vaya a plasmar en la ley orgánica del poder judicial”. Según él, por tanto, este encargo “llega donde llega, ustedes sugieran y nosotros decidiremos”.
Jesús López-Medel recuerda que el bloqueo ya se produjo en 2006 durante un año y diez meses, y plantea que la forma de impedirlo habría sido incorporar en la proposición de ley que, “una vez vencido su mandato, como pasa con el Defensor del Pueblo, cesen en sus funciones automáticamente”. Lamenta por ello que el actual bloqueo “puede volver a suceder si no se incluyen mecanismos para evitarlo”.
Sobre las consecuencias de la prolongada e inédita situación de interinidad, José Antonio Martín Pallín dice que “el lamentable retraso de la administración de justicia como servicio público seguirá existiendo si no se aumenta la dotación presupuestaria y no se incrementan los ratios de jueces”. Pone como ejemplo que Polonia tiene 9.000 jueces para 40 millones de habitantes, mientras que en España son algo más de 5.000 para 47 millones. Álvarez concluye que “la justicia ha quedado tocada reputacionalmente” pero defiende que “la gran mayoría de jueces y juezas desempeñan su labor con profesionalidad y sin intromisiones políticas”.