Confebask mostró hoy su insatisfacción con la Ley de Subvenciones aprobada en el Parlamento Vasco y que regulará el endurecimiento de las condiciones para dificultar la deslocalización de empresas, obligando a las que lo hagan a devolver ayudas públicas que hayan recibido. La patronal vasca no ve necesaria una norma así ya que entiende que no se ha producido un número de fugas de empresas que justifique esta legislación. "El mundo va en una dirección, en en una carrera para atraer inversiones, y Euskadi va en la contraria", resumió Eduardo Aréchaga, director general de Confebask.
La presidenta de la patronal, Tamara Yagüe, indicó que la organización empresarial es partidaria de "incentivar la atracción y localización" de los proyectos y "no precisamente de asustar y desanimar". "En vez de trabajar activamente en la captación y la localización, trabajamos activamente en la deslocalización", criticó.
La dirigente empresarial señaló que los decretos que regulan la concesión de ayudas públicas a las empresas ya prevén mecanismos para controlar si la empresa beneficiaria cumple o no las condiciones establecidas, por lo que desde la organización que agrupa a las tres patronales de los Territorios Históricos, "no entienden muy bien el propósito de la medida".
Por otra parte, Yagüe criticó también la "falta de información" y las formas en las que se ha dado a conocer a la patronal la reforma para la prevalencia de los convenios vascos sobre los estatales, pactada por el PNV y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez. "No nos han gustado en absoluto las formas", dijo Yagüe, que subrayó que esa es una materia que debe formar parte exclusivamente de la Mesa de Diálogo Social. Además, expuso, el Acuerdo Interprofesional suscrito en 2027 entre Confebask y los sindicatos UGT, CC.OO, ELA y LAB ya contemplaba esa preeminencia.
Por último, Yagüe no ocultó su "malestar" por el acuerdo al que ha llegado la Fundación Fabrika, el Centro para la Transición Cultural de las Organizaciones impulsado desde Adegi -la patronal guipuzcoana también miembro de Confebask- con el Departamento vasco de Empleo para el análisis y estudio de la implantación de una jornada semanal de 32 horas. A su juicio, la semana laboral de 4 días "es inasumible; no es un tema ni urgente ni prioritario para las empresas vascas".