Los empresarios vascos han pedido esta mañana que la reforma fiscal que se abordará este año en Euskadi garantice un "equilibrio" entre las políticas sociales y las medidas de estímulo de la economía y la competitividad del tejido productivo. Ha sido la Confederación Empresarial de Bizkaia (Cebek) la que ha trasladado esta "reflexión" del comité ejecutivo de Confebask.
La presidenta de la patronal vizcaina, Carolina Pérez Toledo, y su secretario general, Fran Azpiazu, han mostrado el respaldo de los empresarios vascos a la decisión de retomar el proceso de actualización de las normas tributarias vascas al contexto actual. Un capítulo que se aplazó por la pandemia. De hecho, el lehendakari trasladó a finales del año pasado a la dirección de Confebask la intención de abrir el diálogo del PNV y el PSE, con mayoría en las tres juntas generales para aprobar la reforma.
Los empresarios vascos tienen sus "deberes hechos" y confían en que sus aportaciones tengan reflejo en el texto final. "Nos alegramos de que hayan decidido abordar la reforma después de mayo [tras las elecciones locales] y esperamos que haya un equilibrio entre las políticas sociales, que suponen un 76% del gasto social del Gobierno vasco, lo que nos parece muy bien, y medidas que generen competitividad y permitan a las empresas mantener su actividad", ha afirmado Pérez Toledo.
Absentismo laboral
Además, la patronal también ha revelado que la mesa de diálogo social en la que participan Confebask, UGT, CC.OO. y el Departamento de Empleo, ha decidido poner en marcha una mesa paralela de cara ha buscar soluciones a los altos niveles de absentismo de Euskadi. Tras recordar que Euskadi, con algo más de un 9% de absentismo, tiene la tasa más alta del Estado, dos puntos por encima de la media, han reclamado que esta cuestión se aborde por parte de los agentes sociales, las instituciones y el conjunto de la sociedad .
A su juicio, es necesaria una "concienciación social" para reducir una cuestión que lastra la competitividad de las empresas. Según sus cálculos, Euskadi pierde 21 jornadas laborales por trabajador y año. Entre los motivos, han explicado los máximos representantes de Cebek, está la orientación industrial de la economía vasca, con puestos de trabajo más expuestos a lesiones y accidentes y fuera del campo de actuación del teletrabajo. También juega un papel importante el envejecimiento de la población.
La dinámica "preocupa" a los empresarios y consideran que es necesario frenarla. Para ello, una de las claves es que los trabajadores y los médicos, pese a su "situación compleja", consideren que la baja es el último recurso. "No queremos que se entienda como un reproche, pero los datos están sobre la mesa y hay que dar una respuesta como sociedad", ha asegurado Fran Azpiazu.
Perspectivas económicas
Por otra parte, Cebek ha presentado el resultado de su última encuesta de coyuntura económica. En líneas generales, los empresarios afrontan este año con mejores perspectivas que el anterior. El motivo es que, "afortunadamente", en el último trimestre de 2022, una "serie de circunstancias" permitió "evitar el fantasma de la recesión" en Euskadi y el Estado.
Por un lado, el control de la inflación, fruto de la rebaja de los precios de los combustibles y la electricidad, redundó en un "incremento del poder adquisitivo de las familias y un impulso de la economía". Además, se registró una "cierta normalización" de las cadenas de suministro y una relajación en los precios de las materias primas, que ha supuesto un "alivio para las empresas".
Con todo, las compañías vascas siguen sin poder trasladar a los precios finales el repunte de los costes. El incremento del gasto laboral y salarial figura a su vez entre las grandes preocupaciones de las empresas.
Por último, respecto a la subida del Salario Mínimo Interprofesional, la presidenta de Cebek ha asegurado que "hay que tomar decisiones para minimizar el impacto de la inflación en las rentas más bajas". Sin embargo, ha lamentado que la falta de acuerdo con los empresarios. En cualquier caso, ha destacado que Euskadi es la comunidad en la que menos incidencia tiene el SMI y, por tanto, no añadirá tensiones a la negociación colectiva.