A punto de cumplirse seis años de la primera de las multitudinarias manifestaciones vecinales por las emisiones de la planta de biomasa situada entre Güeñes y Zalla, la empresa Glefaran comunicó ayer su decisión de “suspender su actividad productiva de energía eléctrica por combustión de biomasa forestal por motivos económicos derivados de los ajustes regulatorios”.
Glefaran ha iniciado un expediente de regulación de empleo “por causas económicas con la finalidad de proceder al despido colectivo de toda la plantilla de trabajadores ligada directamente” a dicha actividad. Fuentes de Global Efficiency Aranguren aseguran no poder concretar de momento el número de personas afectadas. Afirman que la empresa “no cesará en su empeño y seguirá apostando por estudiar, desarrollar y, en su caso, implantar todos aquellos nuevos proyectos y actividades de economía circular que sean viables y contribuyan a generar riqueza y crecimiento en el entorno geográfico donde se ubican sus instalaciones”. También agradece “vivamente las muestras de aliento y colaboración recibidas durante todo este tiempo y espera poder seguir contando con todo el apoyo necesario en el futuro”.
Exponen que “los ajustes en los parámetros retributivos adoptados en la Orden TED/132/2022, de 2 de diciembre, publicada en el BOE de 14 de diciembre de 2022” han abocado a la empresa a “la necesidad de adoptar esta drástica decisión”. Las modificaciones, “con efectos retroactivos a 1 de enero de 2022, han provocado que los costes de Global Efficiency Aranguren, S.L. en la producción de energía eléctrica pasen a ser significativamente superiores a su precio de venta en el mercado regulado”. En consecuencia, se había vuelto “inviable para la sociedad continuar con la actividad de producción de electricidad”.
Prácticamente desde su desembarco en parte de las antiguas instalaciones de la papelera de Pastguren en 2016, la actividad de la planta de biomasa suscitó las quejas vecinales por las emisiones de la fábrica y el miedo de que perjudicaran la salud. Incluso se constituyó una plataforma ciudadana, Güeñes Bizia, que ha venido reclamando un control sobre el funcionamiento de Glefaran y el cese de la quema de biomasa y llevó ante los tribunales a Global Efficiency Aranguren y al departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco.
En febrero de 2020, tras otra manifestación, los ayuntamientos de Güeñes y Zalla informaron de que se elaboraría un estudio de la calidad del aire en ambos municipios que llevaría a cabo un equipo de 18 investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Universidad del País Vasco y el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas con el fin de despejar todas las dudas respecto a las emisiones y “en caso de detectarse cualquier anomalía tomar las medidas pertinentes, aportando “tranquilidad y seguridad”.
Pero entonces irrumpió la pandemia, postergando los planes. En mayo de 2022 los consistorios retomaron el proyecto con una inversión prevista de más de 200.000 euros en un informe “independiente y riguroso” poniendo a disposición de las formaciones de la oposición el borrador de los pliegos de contratación para que pudieran realizar sus propuestas. Calculaban en dos años el tiempo que llevaría el análisis. En aquella ocasión los ayuntamientos de Güeñes y Zalla se hicieron eco de estudios del Gobierno vasco que “garantizaban que la calidad del aire de ambos municipios es buena, que cumple con los valores y parámetros establecidos para garantizar la seguridad de la ciudadanía y en ningún caso puede resultar perjudicial para la salud pública”.
Dos meses más tarde, el guion daba otro giro con la suspensión del estudio de calidad del aire “ante la futura instalación de nuevas empresas industriales en los terrenos que ahora ocupa Glefaran y los avances para la llegada de otros en los próximos años que pueden derivar en la desaparición de la actividad de la biomasa y dejar sin efecto el análisis”. El más inmediato, ocupará 30.000 metros cuadrados de los 70.000 de la antigua papelera, “en su totalidad, de titularidad privada”. Nuevos proyectos que “permitirán rehabilitar la zona y generar empleos de calidad para los dos municipios”. Entendían, así, que la investigación de la calidad del aire, que a esas alturas se encontraba en fase de licitación pública, perdería su razón de ser.
Ayer, al conocer la noticia del cierre, el Ayuntamiento de Zalla se puso “a disposición de la plantilla para ayudarles en lo que sea necesario”. El de Güeñes, por su parte, manifestó su intención de “seguir trabajando, como lo ha venido haciendo hasta la fecha, en todo aquello relacionado con el estudio, el desarrollo y, en su caso, implantación de iniciativas que contribuyan a generar empleo en el municipio”.