La plataforma ciudadana No Somos Delito se ha concentrado este viernes ante las puertas del Congreso para denunciar y pedir al gobierno la eliminación de la ley de Seguridad Ciudadana, bautizada como "ley mordaza", cuando se cumplen siete años de su aprobación.
Miembros de organizaciones como Amnistía Internacional, Greenpeace, la Plataforma por la Libertad de Expresión o la Coalición Defender a Quien Defiende han participado en este acto de protesta frente al Parlamento e insistido en su denuncia de que "la ley vulnera los derechos humanos básicos, principalmente el de la libertad de expresión".
La plataforma lleva 7 años denunciando una ley "que persigue la protesta legítima, que suma cientos de miles de sancionados, que se ha aplicado de manera desproporcionada durante la pandemia así como en múltiples protestas", explican los organizadores.
Para escenificar ese recorte de libertad, los manifestantes con mordazas han comenzado el acto con dos minutos de silencio y posteriormente han leído un manifiesto firmado por 160 asociaciones.
Denuncian que desde la aprobación de la ley en 2015 y hasta diciembre de 2019 se impusieron cerca de 140.000 sanciones en base solamente a dos artículos, el 36.6 (Resistencia, desobediencia o negativa a identificarse) y el 37.4 (Faltas de respeto a la autoridad), lo que supone un 70% de las sanciones interpuestas en materia de seguridad ciudadana en ese período.
Por esta razón, piden al Gobierno central que la reforma que se debate "con mucho retraso" sea más ambiciosa.
"No vamos permitir maquillajes" ha explicado la responsable de incidencia en Greenpeace España, Alicia Cantero, quien ha reclamado que la eliminación por completo la ley.
Desde Amnistía Internacional, Carlos Escaño ha lamentado que representantes del PSOE y PNV fueran los únicos partidos que no acudieron a una reunión celebrada recientemente con un grupo de asociaciones sobre este tema.
Siham Korrieche, perteneciente a la organización Irídia (centro de defensa de derechos humanos) ha pedido la prohibición del uso de pelotas de goma y las devoluciones en caliente en la frontera sur del país, sobre todo tras lo sucedido el pasado viernes en Melilla que lo ha calificado como "la mayor tragedia en una valla en la frontera sur de los últimos treinta años".
La coordinadora de Vivienda de Madrid y de la plataforma de Afectados por la Hipoteca, Laura Barrio, ha censurado que la ley no permita las concentraciones pacíficas en caso de un desahucio por la imposición de multas que buscan "desactivar a activistas que no pueden permitir pagarlas".