La undécima jornada de paros en el transporte discurre con manifestaciones en diversos puntos del país, y con el Gobierno y las asociaciones más representativas sentados a la mesa de negociación, aunque los convocantes de la protesta advierten de que no tienen intención alguna de desconvocarla.
Las ministras de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, de Hacienda, María Jesús Montero, y de Transportes, Raquel Sánchez, llevan reunidas desde las 11.30 de este jueves con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) -mayoritario- para tratar de buscar un consenso en torno a las ayudas para compensar el crecimiento de los combustibles. En la reunión no participa la entidad convocante de los paros, la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte, que agrupa a conductores autónomos y pymes pero que no forma parte del Comité y, por lo tanto, el Gobierno no le concede legitimidad como interlocutor.
La Plataforma ha descartado "totalmente" desconvocarlo, pase lo que pase en ese encuentro, porque defiende que los camioneros y conductores "de base" no están representados en ella, según ha dicho a Efe su presidente, Manuel Hernández, quien confía en lograr el viernes una asistencia "multitudinaria" a la manifestación convocada frente a la sede del Ministerio de Transportes.
Socios de las patronales Fenadisamer, Fetrans y Feintra, que forman parte del CNTC, se han alineado con el paro convocado por la Plataforma. La Alianza Nacional de Auxilio en Carretera se ha sumado este jueves al paro de transportistas de mercancías. El secretario general de CETM -la patronal mayoritaria en el ámbito de las mercancías-, José María Quijano, ha defendido que la mejor forma de ayudar al sector ahora mismo es mediante "ayudas directas a las empresas" con un plazo de meses por determinar, y no mediante la rebaja de los impuestos que gravan el carburante.
La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), patronal que reúne a 54 asociaciones del sector, ha animado este jueves a alcanzar un acuerdo que permita poner fin al paro, que cuesta cada día 100 millones a la cadena alimentaria y pone "en cuestión" 100.000 empleos en todo el país, según su presidente Mauricio García de Quevedo.
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