Agentes de la Policía Nacional han accedido este viernes a dependencias del Palacio de la Asamblea de Melilla, que alberga la corporación municipal, para "una solicitud judicial de volcado de datos".
Fuentes policiales han informado a EFE de que el motivo de la entrada de agentes de la Brigada de la Policía Judicial al Palacio de la Asamblea está relacionado con la presunta trama de compra de votos por correo en las pasadas elecciones municipales del 28 de mayo.
La Jefatura Superior de Policía de Melilla ha aclarado que "no ha habido mandamiento judicial de entrada y registro, sino una solicitud judicial de volcado de datos", aunque no ha concretado la razón.
El caso se encuentra bajo secreto de sumario, según han apuntado a EFE desde la Jefatura Superior de Policía.
En rueda de prensa, el presidente de Melilla, Eduardo de Castro, ha informado de que, a su llegada a primera hora a su despacho en el Palacio de la Asamblea, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional le han comunicado un auto del Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla.
De Castro ha aclarado que el auto no era para él, sino una pieza de un secreto de actuaciones del juzgado en el que se requiere al presidente para que haga una serie de notificaciones.
El presidente melillense no ha dado detalles de esas actuaciones por estar declaradas secretas, pero sí ha confirmado que lo que le pedía el juzgado "se ha hecho de manera inmediata" mediante un decreto que ya ha transmitido a los funcionarios responsables de la Ciudad Autónoma, entre ellos la Intervención, Tesorería y Secretaría General, además de las diferentes consejerías y los gerentes de empresas públicas.
El decreto incluye la orden de confidencialidad a quienes deban ejecutarlo "para evitar una situación que pueda comprometer el resultado de la investigación en curso y perjudicar, así, la acción de la Justicia".
De Castro ha asegurado que se ha puesto a disposición de la UDEF "para todo lo que precise y sea necesario", mostrando de este modo su cooperación absoluta", porque "todo lo que sea que intervenga la Policía es serio y que cada cual asuma sus responsabilidades".
El presidente melillense ha negado que la Policía haya registrado su despacho, y ha dejado claro que, si tuviera que hacer, "no habría ningún problema" porque dice que no tiene nada que ocultar y su ordenador "está abierto".
Asimismo, niega que los agentes hayan registrado ninguna dependencia de la Asamblea de Melilla, pero ha dicho desconocer "si han ido a otros sitios" de la Ciudad Autónoma porque "son actuaciones secretas" y no lo ha preguntado.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ordenó el pasado 25 de mayo que la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada asumiera la investigación sobre la supuesta trama de compra de votos en las elecciones a la Asamblea de Melilla del 28 de mayo.
De acuerdo con el decreto del fiscal general del Estado, las investigaciones de la Policía ponen de manifiesto "la existencia de una operación a gran escala de compra de votos, que habría sido llevada a cabo "por varios individuos afines o relacionados con Coalición por Melilla" (CPM), el principal partido del Gobierno de Melilla en esta legislatura.
"La compra de votos se estaría financiando, además, con parte de los fondos obtenidos por empresas y particulares relacionadas" con CPM "en licitaciones públicas, convenios, contratos y subvenciones que se habrían adjudicado durante la última legislatura en la Ciudad Autónoma", agregó la Fiscalía General del Estado.
Los hechos podrían ser constitutivos de falsedad documental, prevaricación, malversación y cohecho, además de delitos electorales de los arts. 141 y 146.1 a) de la L.O. 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, "sin perjuicio de ulterior calificación", de acuerdo con el atestado policial.