La “fotografía” del Centro Penitenciario Bizkaia, en Basauri, “ha cambiado muchísimo desde los años 60 hasta ahora”, dice Vicenta Alonso, su directora. Y no solo porque actualmente gestione un volumen de 566 personas, 166 de ellas internas y el resto en régimen de semilibertad, sino también por los nuevos perfiles que se han ido incorporando a la población reclusa. Entre ellos, “gente muy mayor, de más de 60 y 70 años, que está ingresando o bien por delitos económicos o bien por delitos contra la libertad sexual. Prácticamente todos son abusos sexuales a menores de su entorno familiar”, detalla Alonso.
Su irrupción se debe, tal y como explica la directora de la cárcel, a que “afortunadamente ahora se denuncia más” y a que “la instrucción de este tipo de delitos se dilata mucho en el tiempo”. De hecho, explica, “muchas de estas personas que ingresan con 60 o 70 años han cometido el delito muchos años atrás, ha habido recursos y, cuando finalmente llega el momento del ingreso, ya tienen esa edad”.
En el extremo opuesto se sitúa otro “perfil que está entrando, el de jóvenes de menos de 25 años, muchos de ellos extranjeros o incluso nacionales, que no han tenido referentes educativos o familiares para poder estructurar su personalidad y adquirir mayores niveles de madurez. Fundamentalmente cometen delitos contra la propiedad”, precisa Alonso, quien fija entre los 35 y 55 años la edad media de los internos.
ROBOS, HURTOS Y TRÁFICO DE DROGAS
Según la última estadística, los robos, los hurtos y el tráfico de drogas son los delitos por los que más personas ingresan en prisión, mientras que “cerca del 22% de la población reclusa ha sido condenada por violencia de género y entre el 8 y el 9%, por violencia sexual”, apunta la directora, quien destaca la importancia de intervenir con ellos para evitar que maltraten de nuevo. Como muestra, sendos estudios, realizados en Catalunya y a nivel estatal, que sitúan el nivel de reincidencia entre estos presos, cinco años después de haber pasado por el programa de violencia de género, en un 8 y un 4,6%, respectivamente.
La propia Alonso, psicóloga de formación, ha desarrollado durante muchos años el programa de violencia de género en el Centro Penitenciario Bizkaia, por lo que ha podido comprobar de primera mano sus resultados. “Hemos visto casos muy duros, muy dolorosos, que han conseguido estar en la calle e iniciar nuevas relaciones de pareja desde parámetros mucho más igualitarios y no violentos. De esos hemos tenido muchos”, asegura.
“Hemos visto casos duros de violencia de género que han logrado iniciar nuevas relaciones desde parámetros no violentos”
No obstante, reconoce que el delito de violencia de género “es uno de los más complicados de trabajar” porque “los victimarios en muchas ocasiones escuchan mensajes que refuerzan su conducta violenta”, como “Menuda faena que te ha hecho la parienta” o “Con estas leyes tan feminazis por cualquier cosa que hagas ya acabas en prisión”.
Además de la violencia ejercida contra las mujeres, entre el 2 y el 3% de los reclusos cumplen condena por delitos contra la seguridad vial y “desde hace unos años ha aumentado el número de internos que están por delitos económicos, contra la hacienda pública, estafas... A nivel social se ha puesto el foco de atención en ese tipo de delitos, se están castigando más y están entrando también más, de forma consecuente, a prisión”, constata Alonso.
127 DE 166 PRESOS CON TOXICOMANÍAS
Las adicciones entre la población penitenciaria están a la orden del día. De las 166 personas privadas de libertad en Bizkaia, 127 presentan toxicomanías, mientras que el 4,8% sufren un trastorno mental grave.
En cuanto al entorno, lejos del tópico, no siempre proceden de familias desestructuradas. “El camino al delito es distinto en cada caso y puede deberse a factores sociales, familiares, personales o a la combinación de todos. Ese es parte del diagnóstico que realizamos cuando empezamos a trabajar con ellos para ver qué es lo que tenemos que abordar y qué apoyo tenemos, porque si no tiene una familia desestructurada, sabemos que vamos a poder contar con ella en el proceso de reinserción del interno”, expone Alonso.
Por contra, “aquellos que no aceptan el tratamiento y que no tienen un apoyo familiar o institucional tienen más dificultades” para reconducir sus vidas. Afortunadamente, añade, “en Bizkaia hay muchas entidades del tercer sector que ayudan a cubrir esas carencias con extranjeros, con personas muy deterioradas, en situación de calle”, pone en valor.
Junto al tratamiento psicológico y psiquiátrico, se ofrece a los internos educación desde Primaria hasta la universidad y formación profesional. “De los 166, cerca de 80 están trabajando en el interior del establecimiento, dados de alta en la Seguridad Social y con derecho a paro cuando salgan. De esa forma adquieren habilidades, destrezas y capacitación laboral”, explica.
Pese a esta preparación, una vez en la calle, cargan con el estigma. “La mayoría de ellos no dice que está en prisión. Tienen que hacer entrevistas de seguimiento con nosotros en el centro y tenemos que coordinarnos bien para que no afecten a su desempeño profesional porque no pueden pedir permiso en el trabajo: Es que me tengo que ir a la cárcel. Muy pocos empresarios y entornos laborales saben que esa persona está en prisión. Hay muchos prejuicios”, lamenta la responsable del centro.
En la cárcel cuentan asimismo con “programas específicos de agresores sexuales, violencia de género, delitos económicos, conductas violentas, valores… que abordan los factores concretos que están involucrados en estas tipologías delictivas”. Todo ello sin olvidar “las actividades deportivas, ocupaciones y de ocio para darles una alternativa distinta a la forma en la que ellos se sitúan en la calle”. “Se trata de que vean que hay otra forma de divertirse que no es la que tenían antes y que, en muchos casos, les ha llevado a vincularse a grupos delictivos o marginales”, argumenta Alonso.
“Todos tenemos la responsabilidad de que no vuelvan a delinquir. Si no nos implicamos, el fracaso está asegurado”
Con la intención de “desmitificar la imagen negativa” que tiene la sociedad de la prisión, recuerda que “no es un sitio donde llevamos a las personas que no nos gustan porque han quebrantado el orden social y ahí les dejamos”, sino “un centro de reinserción, donde hay que intervenir muchas veces con aspectos que nos exceden, como la violencia de género o las problemáticas sociales que tienen los internos, sobre todo extranjeros, que se encuentran con dificultades que les abocan a cometer delitos”. En este sentido, la directora del centro apela a la implicación de la ciudadanía. “La cárcel no se quiere ver, que se encarguen ellos y que me los devuelvan limpios, cuando la realidad es que si no nos implicamos todos nosotros como sociedad, el fracaso está asegurado. Todos tenemos la responsabilidad de que las personas que delinquen no lo vuelvan a hacer”.
La población reclusa
- Entre 35 y 55 años. La edad media de las personas internas en el Centro Penitenciario Bizkaia es de entre 35 y 55 años.
- El 33% son extranjeros. Entre el 33% y el 34% de la población reclusa es extranjera, mientras que el resto son del Estado.
- El 96% consumen sustancias. El 96% de las personas internas presentan toxicomanías. De ellas, el 3% sufre adicción al alcohol.
- El 4,8% con trastorno mental. El 4,8% de la población interna padece un trastorno mental grave.
- De 166 internos, 80 trabajan. De las 166 personas internas, cerca de 80 trabajan en prisión.
Causa de las condenas
- La mayoría Delitos contra la propiedad o la salud. Los delitos más comunes son los delitos contra la propiedad, como robos y hurtos, y contra la salud pública, como el tráfico de drogas.
- Violencia de género. En torno al 22% de la población reclusa cumple condena por violencia de género y entre el 8 y el 9% lo hace por violencia sexual.
- Seguridad vial. Entre un 2 y un 3% de los delitos
- Seguridad vial (entre el 2 y el 3%).
El Centro Penitenciario Bizkaia gestiona a 566 personas, de las cuales 166 están en régimen de internamiento y 400 en tercer grado y libertad condicional.