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La propuesta de bajas flexibles, otro debate que separa a los agentes sociales

El Ministerio de Seguridad Social reúne este lunes a patronal y sindicatos para darles más detalles de su propuesta
La ministra ha destacado que la “voluntariedad” del trabajador a la hora de retomar su labor deberá presidir la flexibilización de las bajas. / EP

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha provocado reacciones encontradas en los agentes sociales con su propuesta de bajas laborales flexibles, que se espera comience a trasladar desde este lunes a patronal y centrales sindicales con una primera reunión en Madrid. Mientras la CEOE, en una primera valoración, la ha recibido de buen grado, los sindicatos se oponen frontalmente. Pero, ¿en qué consiste el planteamiento del Ministerio de Elma Saiz?

Poco a poco ha trascendido sobre las intenciones del Gobierno. En un desayuno de trabajo organizado por Nueva Economía Fórum el pasado 3 de octubre, Saiz apuntó la creación, de forma “inminente”, de una mesa de diálogo para estudiar una reforma de la regulación actual de la incapacidad temporal para que, sin perjudicar la salud, pueda ser compatible con la actividad laboral en determinados contextos. Uno de ellos atañe a los casos de trabajadores pluriempleados donde la situación de baja médica les impide desempeñar una labor pero no otra. Otra de las situaciones que se barajan, y que más polémica ha levantado, es la de trabajadores que están de baja al estar recuperándose de un cáncer: “hay procesos, por ejemplo, quien esté saliendo o en un proceso de tratamiento de cáncer, que quizás desde la voluntariedad y la garantía de su salud y su seguridad, pueda incorporarse a trabajar haciendo una incapacidad temporal que no sea o estar de alta o de baja”, ha señalado la política navarra, que ha insistido en todo momento en la necesidad de garantizar la voluntariedad de este proceso por parte del trabajador y de que esté supervisado por un profesional médico.

Pero las discrepancias no han tardado en hacerse públicas. Para el responsable de Salud Laboral de CC OO Euskadi, Alfonso Ríos, el concepto de voluntariedad es lo que está bajo sospecha. “La correlación de fuerzas entre empresa y trabajador no es equilibrada. ¿Se puede así hablar de una decisión voluntaria por parte del empleado”, critica Ríos, para quien “debe ser un médico el que determine si una lesión está curada”. En esta materia “no hay vías intermedias, la recuperación de una enfermedad tiene que ser total”.

En el argumentario del Gobierno para poner esta cuestión sobre la mesa esta la reciente aprobación del último vértice de la reforma de las pensiones, respaldada por patronal y sindicatos, y por el cual se podrán compaginar los incentivos por demorar la jubilación más tarde de la edad de retiro con el mantenimiento del trabajo y el cobro de parte de la pensión correspondiente. En ese acuerdo figuraba también el compromiso de abordar, a la vuelta del verano, una reforma del sistema de bajas laborales. Según explicó Moncloa cuando se aprobó el pacto, lo que se consensuó, “de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva”, fue la constitución de una “comisión de control para el seguimiento y control” de los convenios que regulan las bajas y “el análisis de la evolución de la Incapacidad Temporal (IT)”. Los sindicatos respaldan la óptica de esta negociación, pero no que se incluya en ella esta propuesta de flexibilización de las bajas.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere mejorar el control de las bajas por incapacidad temporal, tanto por las que son enfermedad común como por las que son por enfermedad profesional. Según un informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, realizado en colaboración con la mutua Umivale Activa, el pasado año se registraron en España más de 450 bajas laborales de IT por cada mil trabajadores, “la máxima incidencia registrada en la última década”. Así, según este estudio,que cita como fuente estadísticas del propio Ministerio, en 2023 se perdieron más de 396 millones de jornadas laborales, lo que supone elevar en un 62% las jornadas perdidas en 2018. En cualquier caso, el aumento de la incidencia ha ido acompañado de un “ligero descenso” en la duración media de las bajas, “que actualmente se sitúa por debajo de las cifras prepandemia”.

La duración media de los procesos por contingencia común, que suponen el 91% del total, se sitúa en 34,4 días, frente a los 41 días del bienio 2018-19. Por lo que respecta a las contingencias profesionales, que representan el resto, la duración de las bajas en la actualidad registra de nuevo cifras similares a 2018, con 37,3 días de media. La rebaja de los tiempos se da tanto en los procesos supervisados tanto por las mutuas como el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), si bien el informe de IVIE y Umivale Activa también detalla que, en los procesos de larga duración -por lo general controlados por el INSS-, la permanencia en el tiempo ha aumentado.

El doctor Javier López, presidente de la Sociedad Vasca de Medicina del Trabajo (SMVT), apunta a la saturación de los sistemas públicos sanitarios como una de las razones por las que se están extendiendo los plazos de las bajas de larga duración. Es una de las causas que están exponiendo diferentes expertos, junto con otras como el envejecimiento de la población. “Hay trabajadores que, cuando la baja se extiende más de un año, desean coger el alta y deben esperar a que les revise el INSS, un proceso que suele retrasarse”, explica López, que indica también que la propuesta de bajas flexibles que plantea el Gobierno ya se ejecuta en algunos grupos cooperativos bajo el concepto de ‘altas paralelas’ y que suele dars en trabajadores con enfermedades de carácter crónico. “Puede ser una opción válida, pero siempre que el trabajador lo solicite y se haga desde la voluntariedad”, subraya el presidente de la SVMT.

En este sentido, el acuerdo alcanzado entre Gobierno, patronal y sindicatos el pasado mes de julio fijaba una mayor “implicación” de las mutuas en los procesos de IT a la hora de colaborar con los servicios públicos de salud, a través de la realización de pruebas diagnósticas en patologías de origen traumatológico, eso sí, “siempre sujeto a la voluntariedad y consentimiento” del trabajador, según el Ejecutivo. Ante la escasez de información oficial en el planteamiento del Gobierno, la cautela impera en los posicionamientos. La patronal vasca, Confebask, prefiere esperar a conocer más datos de la propuesta del Ministerio, si bien el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, explicó que “nos gusta el modelo” y que, a priori, no lo ven abusivo para el trabajador.

Para el abogado laboralista Jagoba Luengas, este planteamiento del Gobierno central es un “globo sonda para ver como responde la opinión pública” y cree que son las mutuas las que están detrás de la propuesta. “Existen muchos procesos de baja, pero lo que hay que preguntarse es porque se extienden en el tiempo. Con un sistema sanitario fuerte, los tiempos de baja se acortarían. Al mismo tiempo, se deben estudiar y revisarlas condiciones sociolaborales de los trabajadores”. En su opinión, “las mutuas buscar pagar menos, y la propuesta que hace el Gobierno va encaminada por ahí. La solución es que su labor la asuma el INSS”, dice este letrado con despacho en Bilbao. “Las mutuas no pueden ser juez y parte al mismo tiempo. Hay muchas bajas por enfermedad común que en realidad están originadas por motivos de trabajo”, apunta Alfonso Ríos.

La legislación distingue, dentro de la incapacidad temporal, dos tipos de bajas laborales. En el caso de las derivadas por enfermedad común y accidente no laboral, se percibe un 60% de la base reguladora desde el cuarto día hasta el vigésimo y el 75% desde el 21 en adelante. Y en el caso de enfermedad profesional o accidente de trabajo, se abona el 75% de la base reguladora desde el día siguiente al de la baja en el trabajo. Como recoge la Seguridad Social en su página web, “en general, el pago lo efectúa la empresa como pago delegado con la misma periodicidad que los salarios”. No obstante, “en los casos de enfermedad común o accidente no laboral, el pago entre el cuarto y el decimoquinto día de la baja corre a cargo del empresario, mientras que a partir del decimosexto la responsabilidad de pago será del INSS o de la mutua”.

El aumento de las bajas es un problema en cuya apreciación coinciden tanto el Ejecutivo como los agentes sociales, aunque difieren en el enfoque de las soluciones. El debate es complejo. El presidente de la Sociedad Vasca de Medicina del Trabajo aboga por abordarlo desde una óptica que sirva para recordar “que debemos hacer un uso racional” de ellas, aunque incide también en estudiar los “climas laborales” dentro de cada empresa. Para el coordinador de Salud Laboral de CC.OO. Euskadi, “las bajas laborales son un derecho consolidado para protegernos cuando estamos enfermos, no es absentismo”.

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14/10/2024