La pulsión independentista volverá a las calles de Catalunya en mes y medio, y se vislumbra harto improbable que las fuerzas políticas que abanderan el movimiento recosan para entonces heridas que han derivado en una hemorragia donde quizá no exista ya un torniquete sanador. La tradicional Diada puede servir de pegamento episódico pero pocos acontecimientos parecen capaces de enmendar el distanciamiento estratégico que exhiben Esquerra y Junts. Lo acontecido con Laura Borràs engrosa un capítulo más del tsunami de enfrentamientos que separan a las dos fuerzas mayoritarias del soberanismo y que, por mucho que han orquestado procedimientos internos para rearmar las confianzas mutuas, la realidad les ha colocado en mundos opuestos. ERC, con su vía posibilista para reconducir el conflicto pese a los amagos de ruptura con Moncloa, no está dispuesta a bajarse de la mesa de diálogo por mucho que los acuerdos sean abstractos, se limiten a la defensa del catalán y al montante económico que pueda sustraer de los próximos Presupuestos del Gobierno de Pedro Sánchez. Pere Aragonès y su equipo se sienten esta vez con la mayoría de edad suficiente para no dejarse arrastrar por los principios de Junts; y a su vez la formación ahora liderada por Jordi Turull, en tanto que Carles Puigdemont ha pasado a un segundo plano, lidia con las diferencias ideológicas y de perspectiva que muestran las familias posconvergentes, y que se han evidenciado con el caso de la ya expresidenta del Parlament. Así pues, y con la CUP desmarcada de ambas marcas, la cuestión es predecir si el actual Ejecutivo catalán tiene fecha de caducidad. O cuándo.
El escenario independentista sigue enturbiado sin una hoja de ruta compartida y con una batalla que la ANC, principal organizadora de los fastos del 11-S, sitúa entre el independentismo civil y la línea institucional. Más alineada con JxCat, no es baladí que la camiseta que se vayan a enfundar ese día sea de color negro para simbolizar “la lucha y la no rendición”, apostando por fijar un nuevo horizonte para la desconexión, y bajo el lema 11-S y 1-O: Tornem-hi per vèncer: Independència (Volvamos a hacerlo para vencer), con el propósito de que sea la sociedad civil quien de nuevo tire del carro, en puertas del quinto aniversario del referéndum. Para plasmar la traumática situación política del secesionismo, este año no habrá performance, porque “esto ya no es una fiesta”. Al contrario. De hecho, los acuerdos de la mesa les suenan a sometimiento, una desnaturalización del proyecto independentista, abrazados a la línea argumental de Junts, y al discurso combativo de Borràs.
A JxCat le toca reemprender una nueva etapa más pragmática o dejarse llevar por las posiciones más maximalistas que enarbolaba uno de sus principales referentes entre la militancia, hija política precisamente de la consulta de 2017. Los ataques de trazo grueso que hizo a republicanos y anticapitalistas, acusándoles de ser “cómplices de la guerra sucia”, de la “represión”, por aplicar el artículo del reglamento parlamentario que conllevaba su suspensión, no son pecata minuta, y veremos tras la canícula de agosto si el suflé ha bajado o, según se acerque su juicio, la ventisca acaba llevándose todo por delante.
Cierto es que aquellas líneas rojas que suponían la amnistía y la autodeterminación para cualquier avance en un pacto con el Estado no ocupan ahora el primer renglón del cuaderno de ERC ni del president Aragonès, bajo la justificación de que el puente para llegar a este camino es la desjudicialización del procés, difícil de concretar, y más cuando desde Moncloa la reforma del Código Penal para modificar el delito de sedición duerme el sueño de los justos. En esta coyuntura se siente cómodo Sánchez, en tanto que bastantes problemas tienen sus siglas a sus espaldas, con un horizonte electoral nada halagüeño. Los socialistas entienden que un desmembramiento interno de Junts sería la gran baza a jugar para, al fin, coquetear con Esquerra, y más con Salvador Illa aupado por el propio CIS catalán como primera fuerza. Pero el presidente español podría equivocarse si cree, como afirmó en su balance final de curso, que ese 52% de catalanes que, según ese sondeo, no están ahora por el Estado independiente es porque el procés ha perecido gracias exclusivamente a su apuesta por el diálogo, socavada la unilateralidad. Porque atorarse en esa reflexión podría transformarse, en su perjuicio y en el de quien le pueda suceder, en un bumerán si la ciudadanía no termina viendo avances reales y solo operaciones cosméticas. Sobre todo porque, apenas hace unas semanas, el partido de dirimía en el embarrado campo de un espionaje al independentismo del que, como se suponía, no se ha llegado al fondo del asunto.
Movimientos en JxCat
En el maremoto de Junts hay agrupaciones locales –Igualada, Terrassa, Tortosa, El Vendrell, Canet o Argentona– que se han dirigido a la ejecutiva nacional para reclamarle acciones “contundentes” por lo que consideran un incumplimiento del acuerdo de gobernabilidad por parte de ERC. Hasta el expresident Quim Torra ha invitado a su formación a estudiar salir del Govern. Sin embargo, ni los partidarios de esta medida lo tienen tan claro, porque de inmediato toca afrontar unas elecciones municipales que son imprescindibles para la marca, que quiere arrebatar al PDeCAT el poder local que posee. Un diputado de peso como Joan Canadell cerraba un hilo en Twitter donde condenaba la suspensión a Borràs asegurando que “es tan grave que en cualquier situación normal habría que abandonar el gobierno, sí”. “Pero a nosotros nos han votado para hacer la independencia, y si nos marchamos nos alejamos de la independencia”, proseguía. Él mismo ha recordado en los últimos días que salir del Ejecutivo de Aragonès no implicaría convocar elecciones. “Y es obvio que si le dejamos seguirán gobernando dos años y medio más con el apoyo del PSC y comunes y alargando la autonomía”, advertía. Partidos que integraron la lista de Junts, como Reagrupament, son firmes partidarios de abandonarlo. “Si Junts quiere liderar el camino hacia la independencia, hace falta que haga un esfuerzo y un sacrificio por el país y deje ya este gobierno autonómico”, argumentan. A él se añadía Demòcrates, que expone cómo ERC acata “por escrito el sometimiento a la Constitución española en el ámbito de una mesa que debería negociar la independencia”.
Desde Esquerra transmiten tranquilidad pero el enfado creció tras los gritos racistas contra la diputada Najat Driouech en el exterior del Parlament por parte de fieles a Borràs. Todo, en un ambiente donde, de paso, Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, se acuerda de Gabriel Rufián al hilo del archivo de la causa de la presunta trama rusa que afectaba a Josep Lluís Alay, jefe de la oficina del expresident. “Algún indigente intelectual lo llegó a comparar con James Bond”, recordó el letrado. Una encrucijada donde no cesan las hostilidades.