La quinta jornada de huelga de los tripulantes de cabina de pasajeros convocada en Ryanair por los sindicatos USO y Sitcpla para este lunes ha provocado la cancelación de diez vuelos y retrasos en otros 266, con mayor incidencia en el aeropuerto de Barcelona-El Prat.
Según ha informado USO a última hora de esta tarde, cuatro de los diez vuelos suspendidos tenían salida en el aeropuerto de Barcelona y otros cuatro llegaban a la Ciudad Condal, mientras que en Palma de Mallorca se han suspendido dos vuelos de salida y otros dos en llegadas.
Ha habido también suspensiones de salidas en Hamburgo (Alemania), Londres, Milán y Roma, estas tres últimas con destino Barcelona.
Los retrasos han afectado en mayor medida a Barcelona (70 vuelos de salida o llegada demorados), Palma de Mallorca (65 retrasados), Málaga (25), Alicante (23), Madrid (22) e Ibiza (21).
En Sevilla han salido o llegado con retraso 13 vuelos, mientras que en Girona, Santiago de Compostela y Valencia se han registrado 9 retrasos, respectivamente.
Más de 280 vuelos cancelados
Durante este verano, sumando los seis días de paros que se convocaron entre finales de junio y principios de julio y la convocatoria actual, se han registrado un total de 285 cancelaciones de vuelos y retrasos en otros 2.384 de Ryanair en toda España, según los sindicatos.
Así, más de 50.000 pasajeros se han visto afectados por la huelga, motivada por un conflicto laboral que de momento ha provocado ocho despidos y más de 70 trabajadores expedientados.
Los dos sindicatos mantienen los paros los días 19, 20, 21, 25, 26, 27 y 28 de julio en los once aeropuertos españoles donde opera Ryanair (Madrid, Málaga, Sevilla, Santander, Alicante, Valencia, Barcelona, Gerona, Santiago de Compostela, Ibiza y Palma de Mallorca).
Tanto USO como Sitcpla consideran "imprescindible" la intervención del Gobierno para resolver el conflicto y obligar a Ryanair "a cumplir con la ley".
Sin embargo, lamentan la "indiferencia" tanto del Ministerio de Trabajo y Economía Social como del de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, lo que ha obligado a los sindicatos a solicitar amparo al Defensor del Pueblo.