Donostia – Las ayudas puestas en marcha por el Gobierno español para hacer frente a los efectos de la guerra de Ucrania están llegando a su fin. Según adelantaba ayer el diario El País, el Ejecutivo de Sánchez va a comunicar a Bruselas que suprimirá el paquete de medidas aprobadas con este objetivo y que incluye la reducción de impuestos en la factura de la luz, el fortalecimiento del bono social térmico y eléctrico, la disminución del IVA en el gas y en los alimentos básicos, los cheques destinados a los hogares vulnerables y las ayudas sectoriales –agricultores, ganaderos y pescadores–. El descuento de 20 céntimos en los carburantes ya llegó a su fin hace meses, mientras que el Gobierno baraja mantener la bajada del IRPF para rentas inferiores a los 21.000 euros y la gratuidad de los trenes de Cercanías. Todo lo demás deberá decaer el 31 de diciembre de este año.
Fuentes del Ejecutivo en funciones confirmaron al diario que, a día de hoy, no se prevén cambios de calendario y que ese es el plazo marcado en el Programa de Estabilidad que se envió a Bruselas en primavera. Ante la preocupación por el impacto que el fin de las ayudas pueda tener en los bolsillos de la ciudadanía, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pidió ayer “prudencia” y destacó que ésta es una decisión que deberá tomar el próximo gobierno. “Esta es una de las tareas pendientes para el próximo gobierno de coalición progresista”, apuntó. El Banco de España ha calculado que los precios energéticos podrían dispararse un 25% interanual en primavera, por una parte por los efectos base, pero por otra por el encarecimiento del petróleo y por la retirada de las medidas energéticas.
De hecho, de la inflación promedio que el supervisor estima para el año que viene, que se sitúa en un aumento del 4,3%, en torno a 1,5 puntos son por la supresión de todas las medidas. Según El País, este incremento podría hacer que el gobierno que se forme reconsidere el levantamiento total y plantee hacerlo de una forma escalonada para suavizar el repunte del IPC, o que se mantengan algunas medidas, pero mucho más focalizadas en colectivos vulnerables. Pero esto no está ahora mismo sobre la mesa del Gobierno en funciones.
Las ayudas
Además de las rebajas fiscales a la electricidad, el paquete aprobado en junio mantenía la supresión del IVA del 4% que se aplica a todos los alimentos de primera necesidad, entre ellos el pan, la harina, la leche, los quesos o los huevos, y la rebaja del 10 al 5% del aceite y la pasta. Según fijó entonces el Ejecutivo, estas rebajas tributarias permanecerían en vigor hasta el 31 de diciembre de 2023 siempre que la tasa interanual de la inflación subyacente esté por encima del 5,5%. Si cae por debajo de esa tasa en el mes de septiembre, cuyo dato se conocerá en octubre, se recuperaría el tipo impositivo habitual del IVA en los alimentos antes referidos en los dos últimos meses previstos para la aplicación de la medida. Es decir, el 1 de noviembre.
Entonces, también se decidió extender hasta final de año la reducción del precio de los abonos y títulos multiviaje de transporte público (el descuento de Cercanías de Renfe y Media Distancia ya se había extendido todo el año). Así, el Gobierno español ha seguido bonificando con un 30% el transporte público del resto de administraciones siempre que se comprometan a aumentar este descuento hasta el 50%. El Decreto-ley también incluía las medidas laborales vinculadas con el disfrute de las ayudas públicas. De esta manera, el aumento de los costes energéticos no podrá constituir causa objetiva de despido hasta el 31 de diciembre de este año. El incumplimiento de esta obligación conllevará el reintegro de la ayuda recibida.
Las medidas
l En vigor. Actualmente siguen en vigor la reducción de impuestos en la factura de la luz, el fortalecimiento del bono social térmico y eléctrico, la disminución del IVA en el gas y en los alimentos básicos, los cheques destinados a los hogares vulnerables y las ayudas sectoriales –agricultores, ganaderos y pescadores–. El descuento de 20 céntimos en los carburantes ya llegó a su fin hace meses, mientras que el Gobierno baraja mantener la bajada del IRPF para rentas inferiores a los 21.000 euros y la gratuidad de los trenes de Cercanías. Todo lo demás deberá decaer el 31 de diciembre de este año.
l “Prudencia”. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, destacó que esta es una decisión que deberá tomar el próximo gobierno. “Esta es una de las tareas pendientes para el próximo gobierno de coalición progresista”, apuntó.