Las tasas Tobin y Google están naufragando. La recaudación por los impuestos a las transacciones financieras y los servicios digitales que el Estado creó en 2020 para tratar de rascar algo del negocio 2.0 de las grandes corporaciones está muy lejos de cumplir las expectativas y muestra una desalentadora tendencia a la baja.
El último informe de la Agencia Tributaria cifra en 26 los millones ingresados por transacciones financieras –la Tobin– y 73 por tasas a servicios digitales –la Google–, 99 millones que están lejísimos de los más de 500 que calculó el Estado que podía recaudar con ambos gravámenes.
Y esta realidad va a repercutir en Navarra, que desde el pasado 22 de diciembre ya gestiona ambos impuestos –en los que el Gobierno foral ya trabajaba desde septiembre– y que supondrán 6,28 millones de ingresos. Son los cálculos del departamento de Hacienda, que ha armonizado la fórmula con el Estado a través del Convenio Económico a la espera de concretar otras figuras, como los nuevos impuestos a la banca y energéticas.
La realidad es que los impuestos Tobin y Google no han salido como se pensaba. Hay varios motivos. Pero uno fundamental es que se trata de dos figuras nuevas, bastante innovadoras, que aspiran a gravar ámbitos de negocio casi etéreos, diferentes a todo lo que conocemos hasta ahora. La Google cobra por activos intangibles como el valor de los datos. La Tobin se impone en adquisiciones de acciones de sociedades cotizadas con una cifra de negocio altísima.
Son grandes empresas que operan por todo el mundo y tienen resortes más que de sobra para evitar legislaciones e impuestos. El propio Gobierno de España especulaba en noviembre de 2021 –cuando ya se dio un bajonazo con respecto a las previsiones de 2020– con la idea de que “los agentes económicos hayan derivado sus inversiones a productos financieros no afectados con la finalidad de evitar la tributación”.
También el año pasado bajó bastante el porcentaje de empresas con cifras de negocio tan altas. En un primer momento, el Estado pensó que iba a ingresar 850 millones con la Tobin y 968 con la Google. En 2021 fueron 288 con la primera y 166 con la segunda, o sea, un 30% de lo previsto. Ahora el porcentaje se desploma porque entre ambas se aspiraba a recaudar algo más de 500 millones.
El impacto en Navarra
Esto afecta a Navarra, claro. El día que se aprobaron los Presupuestos para 2023 también se dio luz verde a dos leyes que creó el Ejecutivo foral para adaptar al marco normativo foral las nuevas tasas.
Mucho se ha especulado con el impacto que podía tener esto en Navarra. Se habló de unos 30 millones, pero esto era antes de comprobar el funcionamiento real. Hace unos meses, el departamento se daba por muy satisfecho si se llegaba a 10 millones. Hoy el Gobierno reconoce haber conveniado con el Estado 6,28 millones por los dos gravámenes: 4,84 por el impacto de las transacciones financieras y 1,44 por los servicios digitales.
A la espera de concretar las tasas para energéticas y banca
Navarra acaba de resolver por la vía de dos leyes forales ad hoc la manera en la que se hará cargo de las tasas Tobin y Google. Pero todavía tiene pendiente zanjar con el Estado cómo se gestionarán otras dos nuevas tasas creadas en los últimos tiempos: los gravámenes temporales a los beneficios extraordinarios de las energéticas y la banca.
Desde el 17 de noviembre se sabe que el Gobierno de Navarra, y más concretamente la Hacienda, será la encargada de recaudar las tasas, después de un acuerdo político en Madrid que se extendió a los Presupuestos y en el que participó EH Bildu y que contó con el visto bueno del PNV.
Al menos en su concepción original, el impuesto tiene carácter temporal. Pero todavía hay muchas incógnitas en este sentido.Lo cierto es que no está claro el modo en el que se aplicará a Navarra una tasa con la que el Estado calcula que, en todo el territorio, puede ingresar del orden de 3.000 millones en dos años.
Unos 10 millones
Al tratarse de una tasa, la Comunidad Foral debería participar en el reparto de los ingresos, pero al hacerlo se podría tener en cuenta el impacto que tienen en su territorio. Caja Rural y Kutxa se salvan de pagar el impuesto porque no llegan al umbral mínimo de ingresos. Juntas, representan el 40% del mercado bancario en Navarra. El resto de entidades que operan también aquí estaría ingresando entre 200 y 250 millones de euros, a los que se aplicaría una tasa del 4,8% –que es la estimada para el impuesto extraordinario a la banca– que dejaría unos ingresos provisionales de unos 10 millones de euros.
Más de la mitad corresponderían a CaixaBank, la entidad con mayor cuota de mercado en Navarra, tras haber heredado, hace una década, el negocio que amasó durante décadas Caja Navarra.