La decisión del TSJN que se ha conocido a primera hora de este martes de reducir un año la pena a Ángel Boza, uno de los miembros de La Manada, culpable de la agresión sexual grupal de los Sanfermines de 2016, ha devuelto al primer plano del debate político a la ley conocida como 'del sólo sí es sí'.
PP y UPN culpan al Gobierno
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que "no ha habido un gobierno que se tome más a broma los abusos sexuales y las violaciones como el actual". En opinión de Feijóo, la rebaja de pena de 15 a 14 años de prisión provoca "indignación" y supone la confirmación de que "lamentablemente, el señor Sánchez escucha poco, le sobra soberbia y la falta humildad para aceptar errores".
Para el dirigente popular, esta revisión de condena supondrá que "la gente se dará cuenta de que decir que este gobierno es un gobierno feminista y que apoya a las mujeres es un eslógan y que no ha habido un gobierno que se haya tomado más a broma los abusos sexuales y las violaciones que el actual".
En una entrevista en Telecinco recogida por Europa Press, Alberto Núñez Feijóo ha advertido, además, de las consecuencias de la aplicación del 'sólo sí es sí' al resto de los miembros de la Manada que también han presentado recursos para la revisión de penas.
La alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, por su parte, ha lamentado "muchísimo" que uno de los condenados de La Manada haya visto reducida su pena por la aplicación de la ley del 'sólo sí es sí' y ha criticado que "fuerzas políticas que se erigen en pro del feminismo hayan provocado de alguna manera" esta situación.
La alcaldesa ha afirmado, en declaraciones a los medios de comunicación, que "la ley del 'sí es sí' es lo peor que ha ocurrido en este país" para las mujeres. "Lo lamento sinceramente. Esto es una consecuencia más de algo que nunca debió suceder", ha dicho.
Ibarrola ha explicado que el Ayuntamiento, que estuvo personado en el caso, valorará jurídicamente las posibilidades de recurrir, "pero me temo que poco hay que hacer porque no es una cuestión de estar o no de acuerdo, es una cuestión de que la ley ampara lo que está sucediendo". "Valoraremos jurídicamente", ha dicho.
Barkos lamenta los "efectos indeseados" de la ley
La portavoz de Geroa Bai y expresidenta de Navarra, Uxue Barkos, ha lamentado "profundamente" los "efectos indeseados" de la ley del 'solo sí es sí', unos efectos "negativos claramente".
Se trató de un caso, ha continuado Barkos en declaraciones a los medios, "con especial sensibilidad para el conjunto de la sociedad navarra en lo que sin duda fue uno de los casos que más alertó, indignó". Ha añadido que "todos ellos son iguales en la agresión, pero evidentemente hay algunos que en la dimensión de embrutecimiento y rotundidad todavía nos hace más visible la violencia machista".
Sobre si recurriría la sentencia, ha comentado que "sin duda", "de acuerdo con los servicios jurídicos que son quienes plantean, pero con el efecto de defensa, de pelea y de posición en contra de la violencia machista".
Irene Montero: "El consentimiento debe garantizarse por todos los poderes del Estado"
La ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, ha tachado de "muy dolorosa, especialmente para la víctima", la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. "El consentimiento y el derecho a la libertad sexual deben ser garantizados por todos los poderes del Estado. Esta decisión del TSJN es muy dolorosa, especialmente para la víctima. Nos hacemos cargo de su dolor y sabemos que todas las víctimas merecen reparación", ha manifestado Irene Montero. Así lo ha indicado este la titular de la cartera de Igualdad e impulsora de la polémica ley en un comentario publicado en la red social X tras conocerse la decisión del tribunal navarro.
Para el abogado de la Manada, la rebaja es "gracias a la ley de Sánchez y Montero"
Agustín Martínez Becerra, abogado de los cinco miembros del grupo de WhatsApp La Manada ha manifestado, en declaraciones a Europa Press, que la rebaja de condena a Ángel Boza ha sido materializada "gracias al contenido de la ley aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, la ministra de Igualdad Irene Montero y sus adláteres", aludiendo expresamente a Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género; y a Ángela Rodríguez, secretaria de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de género.