El Grupo parlamentario socialista, Sumar y Coalición Canaria registraron ayer lunes la proposición de Ley para reformar la Ley de Extranjería e instaron al PP a que facilite su aprobación. La iniciativa modificaría el artículo 35 de la norma para repartir menores migrantes no acompañados cuando el territorio supere el 150% de su capacidad de acogida.
Fuentes parlamentarias indicaron en que los grupos confían en, al menos, una abstención de los populares para la toma en consideración. Así las cosas, el debate se prevé para el Pleno del 23 de julio, con una tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia.
Según explicó la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, esta modificación va a permitir poner en marcha un mecanismo de acogida para la infancia migrante “de carácter vinculante y solidario” por todos los territorios. “Lo que hemos observado hasta la fecha es que el mecanismo vigente, que tenía un carácter voluntario, no estaba haciendo frente a la situación que hay ahora mismo en Canarias. Casi 6.000 niños y niñas están en las islas”, apuntó.
Asimismo, la ministra destacó que es “muy importante” la posición del PP para que la reforma salga adelante. “Lo que le toca ahora al Partido Popular, porque la pelota está en su campo, es ver qué hace el señor Feijóo, si se pone del lado de los derechos de la infancia o si sigue manteniendo las políticas ultra. Confiemos en que se ponga del lado de la defensa de los derechos de la infancia y facilite la aprobación de esta reforma del artículo 35”, recalcó. Una decisión que tendrá que tomar tras la ruptura con Vox, que acusó ayer lunes al PP de estar “alentando el transfuguismo” tras la ruptura de los pactos autonómicos con llamadas a cargos de su formación “persuadiéndoles” para que se pasen a los populares.
Así, en cuanto a la posible aprobación de la reforma, Rego precisó que lleva asociada el mecanismo de acogida aprobado por unanimidad en la conferencia sectorial del año 2022 por parte de todas las comunidades autónomas, que llevaba asociado además un mecanismo de financiación. “Con esta propuesta también se garantiza una financiación suficiente para hacer frente a esta acogida vinculante y solidaria por todo el territorio por parte del gobierno”, subrayó.
El PNV por su parte apoyará, “en cualquier caso”, la toma en consideración de la proposición de Ley para reformar la Ley de Extranjería registrada en el Congreso por el Grupo parlamentario socialista, Sumar y Coalición Canaria, aunque propone “más mejoras”. Así lo indicaron ayer fuentes del PNV, que destacaron que el Grupo Vasco en la Cámara Baja “lleva meses trabajando discretamente” en la reforma de la Ley de Extranjería “con el objetivo de alinear la gestión de los recursos y que todas las instituciones con competencias asuman su responsabilidad en la acogida de personas menores no acompañadas”.
Por su parte, la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, se mostró “optimista” porque “no pueden dar la espalda a este drama humanitario” que ha insistido en que “compete a todo el territorio”. En la misma línea se mostró el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, que expuso que su formación confía en un trámite parlamentario “lo más rápido posible”. “Pero tampoco le oculto que el Partido Popular tiene una responsabilidad en esto, va a tener que tomar una decisión, aunque sea con su abstención, el Partido Popular tiene que decidir en qué lado está”, subrayó.
Emergencia
El PP por su parte, exigió ayer lunes que el Gobierno español reconozca una emergencia migratoria más allá de Canarias. Y es que los populares exigen “que se declare la emergencia para todo el territorio nacional” atendiendo no solo a las cifras existentes en este momento, “si no también a las previsiones para los próximos meses” dadas por el Gobierno y las ONG. “
De esta manera todas podrían acogerse a este plan de emergencia y podrían, en su caso, licitar recursos de forma urgente para las necesidades de acogida”, remarca el PP. El portavoz del PP, Borja Sémper, explicó en una rueda de prensa que su partido siente una “profunda discrepancia” con la herramienta propuesta en la reforma de la Ley de Extranjería. “Tendría que haber sido un proyecto ley”, criticó Sémper, quien resaltó que, de esa manera, podría haber tenido lugar “un debate mucho más solvente”. “Llevamos seis meses pidiendo un plan nacional de inmigración y hoy, con prisa y corriendo, el Gobierno plantea lo que plantea a través de una proposición de ley”, criticó.