La modificación de la Ley vasca de Garantía de Ingresos sigue su trámite en el Parlamento Vasco tras haber superado la única enmienda a la totalidad presentada por Vox, que no ha sido respaldada por ningún otro grupo.
La Cámara ha rechazado la devolución del proyecto al Gobierno vasco después de un breve debate en el que únicamente ha intervenido la parlamentaria de Vox, Amaia González, y la de PP+Cs Laura Garrido.
Tal y como vienen haciendo a lo largo de la legislatura PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU y PSE-EE no han tomado la palabra al tratarse de una iniciativa de Vox, y tampoco lo ha hecho en esta ocasión la vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, para defender la propuesta normativa ante el pleno.
Negociación de las enmiendas parciales
Se conformará ahora una ponencia en la que se debatirán las enmiendas presentadas por los distintos partidos a esta reforma legal que tiene asegurada su aprobación gracias a la mayoría de PNV y PSE-EE, y que además saldrá con un acuerdo alcanzado con Elkarrekin Podemos-IU.
La portavoz de Vox ha denunciado que el sistema vasco "no sirve para erradicar la pobreza" y que Lanbide "está lejos de ser un gestor de empleo para las personas que necesitan trabajo". Ha criticado, además, que la RGI "beneficia más a la población extranjera que a la nacional" y que tiene "un efecto llamada evidente".
"Esta ley no piensa en gestar una sociedad propia con la meta de la empleabilidad, sino en gestar una sociedad subvencionada. Luchar contra la pobreza no puede ser solo un ejercicio de reparto de ayudas, sino también de optimizar el gasto de dinero publico", ha señalado Martínez, quien ha afeado a Mendia que "participe en el 'apartheid'" a su formación.
Desde PP+Cs, Laura Garrido ha criticado que Vox entre en contradicciones cuando "por un lado cree necesario un sistema de protección y luego habla de la inconveniencia absoluta de mantenerlo porque no funciona". Frente a esta idea, ha apostado por cambiar el sistema para que funcione y para que los beneficiarios de la RGI "se puedan incorporar al mercado de trabajo lo antes posible", objetivo al que van dirigidas sus 81 enmiendas parciales.
En concreto, en sus alegaciones esta coalición defiende mantener como regla general los tres años de padrón, que la prestación se revise cada dos años, subir los índices correctores para calcular la prestación de unidades convivenciales que residen en un mismo domicilio, y reforzar las garantías y las sanciones por situaciones como cobros fraudulentos de la RGI.
Acuerdo con Elkarrekin Podemos
El proyecto legal que inicia ahora su tramitación en ponencia incorpora el pacto alcanzado entre PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU, en el que se recoge la subida de la RGI en 2023, que pasaría según la coalición morada de los 727 euros actuales para un adulto a 803 euros mensuales.
El modo de cálculo de esta prestación dejará de estar referenciado al Salario Mínimo Interprofesional, para estarlo a partir de 2024 al indicador de la tasa de riesgo de pobreza, es decir, al 60 % de la renta media correspondiente al conjunto del Estado. En 2023 tendría como referente el Ingreso Mínimo Vital.
El principal partido de la oposición, EH Bildu, no está de acuerdo con esta fórmula y plantea en sus enmiendas referenciar la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) a los indicadores de pobreza de Euskadi y no a los estatales, lo que elevaría la cuantía mínima de esta prestación a alrededor de los 930 euros.
En cuanto a la edad media para recibir la RGI, en el acuerdo entre PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU, pasa de los 23 a los 18 años y entre ambas edades se requerirá que el solicitante esté registrado en Lanbide al menos un año antes de pedir la ayuda y que lleve también un ejercicio en situación de emancipación o de "vida independiente".
Además, aunque con carácter general se mantiene la exigencia de tener tres años de padrón para cobrar esta ayuda, se flexibiliza este plazo para personas vulnerables.