José Luis Escrivá ya tiene amarrado un acuerdo largamente buscado. El viernes, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se apresuró a comunicar que había pactado con Bruselas y Podemos la segunda parte de la reforma de las pensiones, necesaria para que la Comisión Europea transfiera esta primavera los 10.000 millones de euros correspondientes al cuarto desembolso de los fondos de recuperacción ‘Next Generation’.
En resumen, el texto presentado por el Gobierno a los agentes sociales -este lunes volverá a haber una reunión entre todas las partes- incluye la elección del período de cómputo, la subida de las bases máximas y el aumento del porcentaje de cotización recogido en el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Los expertos consultados coinciden en destacar que los cambios están dominados por un enfoque “redistributivo”, más centrado en elevar los ingresos que en atajar el gasto, y que al mismo tienen un marcado cariz ideológico, “consecuente” con las políticas defendidas por PSOE y Podemos y que, finalmente, han acabado confluyendo en un punto de encuentro entre las propuestas de ambos partidos. Mientras que la propuesta inicial de Escrivá abogaba por incrementar de 25 a 30 años el período de cálculo para la pensión, con la posibilidad de descartar los dos peores, la obligada negociación con Podemos hizo cambiar su posición en este aspecto. Ahora, la propuesta enviada a la Comisión Europea propone establecer un “régimen dual” para las próximos dos décadas que permitirá a los pensionistas elegir entre mantener los 25 años cotizados que actualmente se tienen en cuenta o contar 29 desechando dos, lo que deja, de facto, ese período en 27 años. Para José Luis Álvarez, vicedecano de la Facultad de Económicas de la Universidad de Navarra, esta posibilidad de elección que ofrece la reforma tiene como propósito ser un “incentivo” para que el trabajador alargue su carrera, ya que “puede haber personas que consideren que les compense trabajar dos años más para garantizarse después una mejor pensión”.
Josu Ferreiro, profesor de Economía Aplicada de la UPV-EHU, estima que esta medida “beneficiará sobre todo a trabajadores con carreras irregulares”, especialmente a aquellos que se han visto obligados a abandonar por causa forzada el mercado laboral y luego han regresado. Esta circunstancia ocurre, por ejemplo, en el caso de muchas mujeres, que ven como el cuidado de hijos y familiares altera su trayectoria profesional. De hecho, dos de las medidas recogidas en el acuerdo plantean cubrir las lagunas de cotización con diversas compensaciones y que el complemento de brecha de género disponga de un incremento del 10% adicional a la revalorización anual.
DESTOPE DE BASES MÁXIMAS
El otro eje fundamental de la reforma lo constituye el aumento de las bases máximas de cotización, que se hará entre 2024 y 2050 sumándole a la cuantía anual del IPC una cantidad fija de 1,2 puntos porcentuales. Es lo que se conoce como destope. Hasta el año pasado, esa base máxima estaba fijada en 4.139 euros al mes, y quienes ganasen más en su nómina no cotizaban más que, por ejemplo, quien cobrase 8.000 euros. Desde este año, esa base máxima está en 4.495 euros. Lo que se pretende es retirar poco a poco esos topes de cotización, para que los que ganen más, también puedan cotizar más. Algunos estudios creen que esto daña la equidad distributiva, puesto que, en términos proporcionales, las pensiones de quienes tienen mejores salarios no crecerían de igual manera que el resto.
“El sistema de pensiones sufre un déficit de carácter estructural y para corregirlo esta reforma quiere trabajar en la vía de la generación de más ingresos y no tanto en el ajuste de los gastos”, explica Josu Ferreiro, que ve un “sesgo excesivo” en la reforma hacia los trabajadores con mayores ingresos. Para José Luis Álvarez, el hecho de que buena parte de estos incrementos en las cotizaciones deban ser sufragadas por las propias empresas va a afectar al mercado de trabajo, produciendo un “encarecimiento” del empleo y dificultades tanto para mantener plantillas como para realizar nuevas contrataciones. Circunstancias que pueden dañar al mercado de trabajo “y donde ya tenemos uno de los niveles de paro más altos de Europa, con una productividad que no mejora y salarios bajos”, aduce el profesor de la Universidad de Navarra. La CEOE ya ha expresado su oposición “frontal” a la reforma de Escrivá.
Junto al progresivo destope de las bases máximas, se impondrá también una cuota de solidaridad para la parte del salario que actualmente no cotiza por superar el tope máximo de cotización. Esta cuota será del 1% en 2025 y crecerá a un ritmo de 0,25 puntos por año hasta llegar al 6% en el año 2045. Asimismo, la reforma aborda la mejora de las pensiones mínimas.