dOnostia – Los trabajadores que sean despedidos a los 63 años, cuatro antes de la edad legal de jubilación, y no encuentren un nuevo trabajo podrán prejubilarse anticipadamente si han cotizado al menos 33 años, pero perderán nada menos que un 30% de la pensión que les correspondería tras una reforma de las pensiones que dejará ganadores y perdedores pero, en todo caso, más deuda para el Estado español. La parte positiva es que los pensionistas en activo verán cómo sus pensiones se incrementarán cada ejercicio con el IPC medio del año precedente lo que, en teoría, garantiza su poder adquisitivo.
Las negociaciones para la próxima reforma de las pensiones están muy avanzadas y el borrador pactado consigue uno de los objetivos que se habían planteado las fuerzas políticas de izquierda como es el de escenificar el desmantelamiento de la anterior reforma del PP. Así, el factor de sostenibilidad que había impuesto el Gobierno español de Rajoy en 2013, que ajustaba las jubilaciones a la esperanza de vida, será derogado este mismo año por el Ejecutivo en su ley para la reforma de las pensiones que está negociando con sindicatos y patronal.
Así figura en el borrador del anteproyecto de la nueva ley de pensiones que la Seguridad Social transmitió a los agentes sociales esta semana. A cambio, el Gobierno español "establecerá, en el plazo de máximo de un año, y previa negociación en el marco del diálogo social, un mecanismo de equidad intergeneracional que operará a partir de 2027".
Eliminado el factor de sostenibilidad y comprometido el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, el otro elemento que se perseguía era penalizar económicamente las jubilaciones anticipadas. Y se hace de manera importante.
Eso sí, hay que distinguir entre los que se quieren prejubilar antes de la edad legal voluntariamente y los que lo hacen desde las filas del desempleo al haber sido despedidos en sus últimos años de su vida laboral y no haber logrado encontrar un nuevo trabajo.
En el primer caso, la prejubilación voluntaria, la reforma supondrá que una persona que haya cotizado menos de 38 años y seis meses y que decida adelantar su jubilación dos años, que es el periodo establecido, verá reducirse su pensión un 21%.
Para aquellas personas que se vean forzadas a jubilarse contra su voluntad como resultado de un despido, podrán hacerlo hasta cuatro años antes de la edad legal fijada pero se establece un sistema de penalizaciones por anticiparse a la jubilación que reducirá la pensión de manera sustancial hasta un 30%, en función de los meses –se calculará mes a mes y no por trimestre como hasta ahora– en que se adelante el retiro y del tiempo ya cotizado.
En esa línea de intentar retrasar la edad de jubilación, el Gobierno español, tras el palo de las penalizaciones, pone la zanahoria de una paga extraordinaria y de mayor cuantía que hasta ahora.
Así, si una persona decide jubilarse más tarde de los 67 años verá incrementada en un 4% –ahora es un 2%– su pensión cuando acceda a ella por cada año que el trabajador retrase su jubilación y además podrá percibirse como un cobro único que estará determinado por el importe de dicha pensión y el tiempo cotizado. Por ejemplo, un trabajador que tenga derecho a la pensión máxima hoy de 37.567 euros brutos anuales y haya cotizado más de 44 años y medio, tendrá derecho al cobro de un paga extraordinaria de 12.060 euros por cada año que decida demorar su jubilación.
En resumen, la reforma en ciernes contempla una batería de medidas, entre las que destacan la revalorización de las pensiones según el IPC medio del año anterior; una bonificación extra de dos puntos, hasta el 4%, en el pago de la pensión por cada año que se retrase la jubilación respecto a la edad legal establecida, y una penalización por cada mes que se anticipe la jubilación voluntaria que irá desde el 2,81% hasta el 21% y hasta un 30% en la forzosa.
El Gobierno español, patronal y sindicatos se encuentran afinando los últimos detalles del acuerdo para la reforma de las pensiones.
Un aspecto por clarificar es el periodo transitorio, algo habitual, hasta la entrada en vigor. En especial en lo tocante a las penalizaciones por prejubilaciones forzosas tras despidos. Con el ajuste laboral en ciernes en la banca con BBVA y CaixaBank entre otros, y los despidos derivados de la crisis del covid, en hostelería, comercio, aeronáutica, etc., las prejubilaciones se pueden disparar de aquí a fin de año por miedo a que la nueva normativa sea más lesiva, que lo será, para sus pensiones que la actual salvo que se pacte un periodo de prórroga.
La reunión prevista para el lunes de la semana que viene será clave para cerrar un pacto que el Ejecutivo y los representantes sindicales de los trabajadores llevan dando por inminente desde hace algún tiempo pero la realidad es que aún quedan algunos flecos por cerrar.
Reforma Pensiones
Revalorización. Se garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones contributivas al vincular su revalorización anual con la variación interanual media del IPC de los doce meses anteriores a diciembre del año anterior. Si esta variación fuera negativa, el importe de las pensiones no variará al comienzo del año.
Sostenibilidad. La reforma suprimirá dos de los aspectos más polémicos de la reforma de pensiones de 2013: el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), que limitaba su subida anual a un 0,25% en situaciones de déficit, y el llamado factor de sostenibilidad que se cambiará por un mecanismo por definir.
Prejubilaciones. Se penalizará hasta un 30% la pensión de las personas que se tengan que prejubilar a los 63 años, cuatro antes de la edad legal, al estar sin empleo por haber sido despedidas. Las voluntarias, dos años antes, perderán el 21% de pensión.