La reforma de ley mordaza retoma su tramitación tras un año atascada

La nueva Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, comenzará su trámite de ponencia la próxima semana en el Congreso tras años paralizada desde que en 2017 el PNV propusiera su reforma y después de que el grupo negociador haya intentado avanzar con más de 30 reuniones de trabajo en el último año.

El Congreso de los Diputados ha convocado para el próximo miércoles, 21 de diciembre, la primera sesión de la ponencia encargada de esta ley que, según el PNV, ha conseguido cerrar "avances suficientes" para continuar con los trabajos formales.

Sin embargo, fuentes parlamentarias han asegurado que los grupos negociadores de la reforma llegan a la ponencia "sin acuerdo" en los temas más sensibles y en los que siempre han supuesto un escollo desde el inicio de los trabajos de modificación de la norma.

Principales discrepancias

Se trata del uso del material disuasorio en las manifestaciones, el régimen sancionador para que sea más flexible para los convocantes en caso de que haya incidentes con los que no están relacionados, y las multas por falta de respeto a la autoridad.

Las fuentes consultadas han apuntado que sobre estos asuntos ha habido en los últimos meses distintas propuestas y que ninguna ha sido acordada por todos los grupos que negocian la nueva ley: PSOE, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, PNV y JxCAT.

Dos años después de que el pleno aceptara la proposición de ley del grupo vasco presentada en 2017 pero cuya tramitación fue interrumpida ante el adelanto electoral, se retoma el cauce ordinario en el trámite parlamentario con el objetivo de todas las formaciones presentes en el grupo de trabajo de culminar la reforma cuanto antes.

El diputado del PNV Mikel Legarda ha señalado en un comunicado que su formación ha perseguido siempre "buscar un equilibrio más garantista entre el binomio seguridad-derechos y libertades", y que en las negociaciones la prioridad ha sido "primar la interpretación más favorable a la plena efectividad de los derechos".

En sentido, el PNV incide en que afronta el resto de la tramitación con la "máxima voluntad de acuerdo".

El Gobierno de coalición ha confiado en varias ocasiones la necesidad de que el dictamen de la nueva ley quede listo antes de que acabe este año para que pueda debatirse en el pleno del Congreso al inicio del nuevo periodo de sesiones de 2023.