La reforma fiscal vasca afronta un periodo clave, la negociación en las Juntas

Euskadi afronta en los próximos meses la negociación de su reforma fiscal. El objetivo es que se apruebe a lo largo del primer trimestre de este año –aunque su aplicación tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero–, para lo que los gobiernos forales de Gipuzkoa y Araba (PNV-PSE), que no cuentan con mayoría absoluta, necesitarán el apoyo de algún partido de la oposición en sus respectivas juntas generales. Pero lo que está claro es que, de salir adelante, sus efectos en la recaudación se notarán, principalmente, en 2026.

La Diputación alavesa ha enviado ya a las Juntas el informe económico que acompaña al proyecto, que recoge la estimación de ese impacto: en el territorio sería de 38,2 millones de euros a favor del contribuyente, lo que extrapolado a todo Euskadi ascendería a 261 millones, según calcula Efe. Esta cifra supone el 1,06% de la recaudación total que se calcula para este año –19.718 millones–. Se supone, además, que el próximo año será mayor, así que el porcentaje será todavía menor.

Bizkaia y Gipuzkoa no han publicado aún este informe económico, aunque, en base a la recaudación de impuestos por territorios habitual –este año, Bizkaia recauda el 56% del total vasco, Gipuzkoa el 29,3% y Araba el 14,6%– se pueden extrapolar los datos alaveses al conjunto de Euskadi. Así, si el impacto económico en Araba es de 38,2 millones en el 2026, el equivalente en la recaudación de Bizkaia sería de 146 millones, y en Gipuzkoa de 46,4. En total, unos 261 millones.

Esta reforma fiscal armonizada busca dar respuesta a los desafíos comunes de los tres territorios, como el cambio demográfico, la sostenibilidad medioambiental, la igualdad de género, la protección a las rentas bajas y la conciliación familiar. Y, entre las principales novedades, incluye elevar a 19.000 euros anuales el mínimo exento de IRFP –superando así el Salario Mínimo Interprofesional, de 15.876 euros en 2024– para reducir la presión fiscal sobre las rentas bajas.

En cuanto a vivienda, uno de los grandes retos de las sociedades actuales, contempla incrementar los incentivos fiscales para los propietarios que alquilen su vivienda como residencia habitual y, al mismo tiempo, aumentar la presión sobre los pisos turísticos; ampliar las deducciones para los jóvenes, cuyo umbral sube hasta los 36 años, por alquiler y adquisición; y eliminar la deducción por adquisición o arrendamiento de vivienda cuando la renta del contribuyente supere los 85.000 euros, entre otras medidas.

En el caso de las microempresas, la reforma fiscal consolida los forfaits (gastos de difícil justificación) ya existentes en las actividades agrícolas, ganaderas y en el transporte de mercancías, se incluye uno nuevo del 40% para los artistas y del 15% para las microempresas en general. También actualiza la fiscalidad de las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) para incentivar las aportaciones en forma de renta. Lo que no contempla es la reducción de la tributación mínima en el Impuesto sobre Sociedades del 17 al 15%, la eliminación del límite actual para deducir las pérdidas y la supresión del Impuesto de Patrimonio, como pedía la patronal.

Cálculo de Araba

Según el cálculo de la Diputación alavesa, el impacto derivado de la aprobación de estas medidas supondría una pérdida de recaudación de 34,4 millones para el ejercicio presupuestario 2026. A este dinero habría que añadir también el impacto económico de las medidas relacionadas con el Impuesto sobre Sociedades, que supondrían en el territorio una pérdida de recaudación de 3,8 millones para el ejercicio presupuestario 2026. Es decir, en total, 38,2 millones de menos en 2026.

Las dos medidas con mayor impacto recaudatorio serían el incremento de la bonificación de trabajo, que supondría 15,2 millones menos, y la elevación de la obligación de declarar en el IRPF a partir de los 19.000 euros anuales, 6,7 millones menos. Respecto a la vivienda, el descenso en la recaudación sería de 5,8 millones.