La renovación del TC y la reforma penal, aprobadas pese a la crispación

Ayer las instituciones españolas asistieron a un choque durísimo y de tintes surrealistas entre dos poderes del Estado, el legislativo y el judicial. Y es que los jueces del Tribunal Constitucional (TC) estuvieron cerca de abrir una grave crisis institucional al debatir, a petición del PP, la paralización de la votación en el Congreso de los Diputados de los artículos relativos a los cambios en el funcionamiento del propio TC y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el marco de la reforma del Código Penal. Finalmente, el presidente del Constitucional, Pedro González-Trevijano, tomó la decisión de compromiso de aplazar al próximo lunes el pleno que se estaba desarrollando, lo cual supone que el tribunal no podrá ya frenar cautelarmente la iniciativa legislativa, ya que esta fue aprobada ayer y la decisión de la Cámara Baja no se puede revertir.

El debate y votación, por su parte, se desarrollaron por la tarde con relativa normalidad y la reforma prosperó con los votos del Gobierno y de los grupos de la mayoría de investidura, a pesar de los aspavientos de la derecha y la ultraderecha, en un ambiente parlamentario completamente crispado y que concluyó a gritos entre la bancada popular y la socialista. Respecto a la aritmética, la imagen final en el hemiciclo fue la de 184 votos a favor, 64 en contra –hay que tener en cuenta que muchos diputados de la derecha optaron por no votar– y solo una abstención. Ahora, aunque el Constitucional estime la próxima semana que el recurso del PP estaba justificado, la votación en el Congreso no tiene marcha atrás –está por ver qué pasa con la del Senado–.

Pero lo que ayer quedó en evidencia es que existe una brecha entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y la mayoría del Poder Judicial que va más allá de un mero desencuentro y se ha convertido en una auténtica guerra por el control de los resortes de los órganos constitucionales y del Estado español en general. Un enfrentamiento abierto espoleado por el PP y Vox, con la complicidad del sector conservador de la Justicia, mayoritario todavía en el Poder Judicial debido al eterno bloqueo en la renovación de los órganos constitucionales. Así las cosas, la magistratura se ha convertido en un auténtico contrapoder a manos de una derecha política que, a pesar de su minoría parlamentaria, trata de sortear la soberanía popular valiéndose de la Justicia para sus fines y objetivos.

Con todo ese cóctel, el Estado español afronta una crisis constitucional inédita que, aunque ha estallado ahora con la reforma del Código Penal, se venía fraguando desde hace años; en concreto, desde los cuatro en que el Poder Judicial viene operando en funciones debido al bloqueo en su renovación por parte del PP y la magistratura conservadora.

Y ayer se mascó la tragedia en la relación entre los poderes del Estado, ya que, de haber estimado el Constitucional las medidas cautelarísimas que demandaba el PP, se hubiera sentado un grave precedente de injerencia del Poder Judicial en el legislativo –en 40 años nunca se ha dado el caso de que un tribunal frene una ley todavía en trámite–.

Al final, los jueces del TC optaron por una tregua y dejaron que tuviera lugar la votación, en un pleno en la Cámara Baja de carácter muy tenso y que la derecha y ultraderecha pidieron suspender hasta el último minuto. La presidenta de la Mesa, Meritxell Batet, rechazó las peticiones y dio inicio a una sesión que se desarrolló en un ambiente de grandísima crispación entre bloques.

Gritos entre PSOE y PP

Este bronco debate sobre la ley que, entre otras cuestiones, deroga la sedición, rebaja las penas por malversación y permitirá renovar el Tribunal Constitucional acabó a gritos entre la bancada del PSOE y del PP cuando el portavoz socialista, Felipe Sicilia, acusó a los populares de intentar parar un pleno parlamentario como hizo Tejero el 23-F.

"Intentaron parar la democracia con tricornios y hoy ustedes lo han intentado con togas", espetó Sicilia a los populares en referencia a su recurso presentado en el TC.

"La democracia en nuestro país solo ha estado en peligro con la derecha; estuvo en peligro en el 36, con un golpe militar que acabó con la democracia; estuvo en peligro en el 23-F, que Tejero no era de izquierdas; y la derecha sigue poniendo hoy día en peligro la democracia con esos discursos de odio y bloqueando las instituciones", continuó Sicilia mientras era abucheado por el PP.

Tras concluir su intervención, la portavoz popular, Cuca Gamarra, pidió la palabra al entender que se había dañado la dignidad de su grupo parlamentario, y contraatacó acusando al PSOE de intentar reescribir la historia del país en su proceso de memoria democrática.

"El 23 de febrero de 1981 gobernaba el centro derecha y estaba sentado aquí cuando se produjo un golpe de Estado", recordó Gamarra. "¡Qué vergüenza si les escucharan tantos socialistas que se sentaban en esa bancada!", añadió, entre aplausos de su grupo.

De esta manera concluía un tenso pleno durante el que la presidenta del Congreso tuvo que llamar varias veces la atención a los diputados por su comportamiento.

VOC y C's se van del hemiciclo

En esa senda de crispación y sobreactuación, los diputados de Vox y de Ciudadanos llegaron a abandonar el hemiciclo durante la sesión para escenificar su enfado. Y, en la votación final, tanto los diputados populares como los naranjas optaron por no votar.