La retirada del escaño a Laura Borràs –que se enteró por los medios– por parte de la Junta Electoral Central (JEC) ha convulsionado la campaña en Catalunya. Aunque los partidos no contemplan un escenario de desobediencia y todo apunta a que Junts designará una sustituta, el Parlament presentará un recurso al Tribunal Supremo (TS), y la propia afectada solicitará cautelarísimas, mientras el ambiente, sobre todo en el espectro independentista, vuelve a caldearse. La JEC recuerda que, conforme a la Ley Electoral y a la jurisprudencia del Supremo y del Tribunal Constitucional, una condena de inhabilitación por un delito como la prevaricación, aunque no sea firme, resulta incompatible con su continuidad como diputada. La decisión fue adoptada en base a los precedentes del caso del exdiputado de la CUP Pau Juvillà y del expresident Quim Torra, que fueron inhabilitados y se les apartó también de su asiento.
Todo apunta a que la formación posconvergente designará a una sustituta, barajándose los nombres de Marta Madrenas y, sobre todo, el de Anna Erra para renovar la presidencia de la Cámara. Para ello, habrá que convocar un pleno extraordinario puesto que el próximo de carácter ordinario no está previsto hasta el 30 de mayo. El nombre que más suena para ocupar el cargo es el de la actual alcaldesa de Vic, Erra, que ya no se presenta a la reelección tras cumplir su segundo mandato. Los 65 votos de Junts y ERC serían suficientes para ponerla al frente del Parlament en segunda votación, ya que un candidato del PSC sin el apoyo de los republicanos o de la CUP no alcanzaría esta cifra. Con todo, la secretaria segunda de la Mesa, Aurora Madaula, muy próxima a Borràs, sugirió recientemente que fuera la presidenta de Junts quien designara a su sucesor, cargo para el que ella misma se descartó.
‘Recados’ a Esquerra
Borràs lamentó que ha “conocido todas las informaciones judiciales por filtraciones a la prensa”. “Iba a decir que ya no viene de aquí, pero sí que viene de aquí, porque hablamos de vulneración de derechos. Quien lo normaliza, colabora en ello”, criticó la líder de Junts, censurando veladamente a ERC y enumerando irónicamente la “investigación secreta” del juzgado, la exposición de la instrucción en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), el informe del fiscal, la solicitud del suplicatorio, el cierre de la instrucción, la apertura de juicio oral y la sentencia. El expresident Carles Puigdemont cargó contra “las filtraciones que buscan efectos políticos”, confirmándose “la naturaleza política de la persecución a la presidenta Borràs. No lo tenemos que normalizar; los que hoy se ríen por lo bajo, mañana serán víctimas”, advirtió en idéntica sintonía.
El Parlament entiende que la actuación de la Junta Electoral es una intromisión a su soberanía, que solamente contempla en su reglamento la retirada del escaño en caso de sentencia firme. Por este motivo, la Mesa –con los votos de ERC, Junts y la CUP, sin el PSC– decidió presentar recurso y pedir medidas cautelares. Con todo, Esquerra ya ha adelantado que quiere mantener el acuerdo con Junts para que sea un miembro de este partido quien presida la Cámara en virtud del acuerdo entre ambas formaciones por el que fue investido Pere Aragonès. Cada diputado debe escribir un nombre en la papeleta y sale elegido quien obtiene la mayoría absoluta. Si no se alcanza esta mayoría, debe repetirse la elección entre los dos diputados que más se hayan acercado a la mayoría, y sale elegido quien obtiene mayor número de votos.
Sanciones por vulnerar la neutralidad
Multa a la ministra portavoz
También a Teresa Ribera. El expediente sancionador que ha abierto la Junta Electoral Central (JEC) a la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, por vulnerar por tercera semana consecutiva su deber de neutralidad en las ruedas de prensa institucionales de Moncloa podría acabar con una multa de entre 300 y 3.000 euros, según la Ley Electoral. Obedece a sus críticas al PP en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de la semana pasada, cuando se le preguntó por la reacción del primer partido de la oposición ante la exhumación de José Antonio Primo de Rivera. La JEC ha obrado igual con la ministra Teresa Ribera por su crítica a la ley promovida por el PP y Vox para legalizar pozos en los alrededores de Doñana.