La Rioja reclamará al Estado una compensación por el efecto frontera con Euskadi y Nafarroa

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha asegurado que "hoy comienza un recorrido largo pero estamos en la ruta correcta" tras la presentación del dictamen sobre el artículo 46 del Estatuto de Autonomía que se ha realizado para justificar que existe un efecto frontera con Euskadi y Nafarroa y con el que podrá comenzar una negociación con el Estado. "Ahora tenemos un instrumento para negociar" ante este "asunto de región" del que espera "unidad".

En concreto, el dictamen afronta cuestiones relativas a las vacaciones fiscales, el efecto frontera y el artículo 46 del Estatuto de Autonomía de La Rioja y apuesta por la corrección de los desequilibrios producidos en la comunidad riojana por los efectos derivados de su situación limítrofe con otros territorios.

Durante su intervención, la presidenta regional ha defendido que "este Gobierno es el primero que ha pasado de las palabras a los hechos y, por primera vez, La Rioja -con este dictamen- tiene un instrumento para empezar a negociar".

Además, y con respecto a la posible compensación económica "tras tantos años de agravios", la presidenta ha indicado que, en estos momentos, "es un error estratégico cuantificarla".

Previamente, la presidenta regional ha señalado que "hoy es un día muy importante para esta Comunidad Autónoma y para mí, porque un compromiso que adquirí en mi discurso de investidura, se ve hoy cumplido".

La presidenta regional ha afirmado que "La Rioja ha padecido durante más de una década un agravio que ha sido reconocido por numerosas sentencias de los tribunales ordinarios de Justicia española, también del Tribunal Constitucional y de los Tribunales de Justicia de la UE".

En este sentido, la jefa del Ejecutivo ha recordado que La Rioja desde 1993 ha sido protagonista en todos estos procesos, de forma directa e indirecta y singularmente. No obstante, y pese al éxito procesal, "nunca se ha obtenido la correspondiente reparación de los efectos negativos que movieron a la administración riojana a la presentación de los recursos".

La presidenta ha dicho también que "es muy importante señalar que, por primera vez, con este Dictamen, La Rioja tiene un instrumento para empezar a negociar".

Andreu ha aseverado que el artículo 46, para cumplir su función, indica un procedimiento. Ese procedimiento es suscribir un acuerdo bilateral y formalizarlo en una Comisión Mixta. "Ninguno de los dos requisitos se había abordado hasta ahora", ha añadido Andreu. A partir de ahora, ha destacado, "iremos con prudencia y paso firme no es cuestión de plazos".

Como ha defendido Andreu, "este es un trabajo que tiene un propósito: servir a los intereses de La Rioja en una potencial mesa de negociación".

Además, Andreu ha recordado que el pasado 21 de octubre se celebró la reunión de la Comisión Bilateral entre el Estado y la Comunidad Autónoma y que se ha encargado el Dictamen, "hechos que dan fuerza a nuestra posición de negociación y diálogo". Concha Andreu ha avanzado que a partir de ahora se va a actuar en dos terrenos; en las Instituciones Europeas y con el Gobierno de España.

"AGRAVIOS CONSTATADOS"

Por su parte, la profesora titular de Derecho Internacional Público de la Universidad de La Rioja, Mariola Urrea, ha indicado que "La Rioja está a disposición de reivindicar y obtener por ese conjunto de agravios acumulados a lo largo de los años. Agravios que han sido constatados desde la vía judicial nacional y europea".

Así las cosas, se ha confirmado que existe ese desequilibrio y hay que discutirlo en una comisión mixta para negociar ese derecho de compensación que está "avalado". "Ahora tenemos que negociar y tenemos una oportunidad y un instrumento", ha destacado.

El trabajo -elaborado en los últimos seis meses- tiene como objetivo "pensar y diseñar la estructura de presentación de los argumentos para defender las tesis riojanas", ha afirmado la profesora. Todo con el fin de conseguir "la mejor defensa de los intereses de La Rioja".

Además, cuenta con 50 apartados que fijan el contexto de hecho y de derecho, resume 10 puntos de parecer jurídico y ordenan los aspectos más significativos de la dimensión de los desafíos a los que hay que hacer frente y sugieren vías de solución.

Finalmente, ha señalado, "el enfoque no es tanto señalar los efectos económicos perniciosos sino poner énfasis en las actuaciones de la administración del estado desde la lógica política y jurídica durante tantos años que no siempre ha estado alineado con los intereses de nuestra comunidad".