Donostia ha acogido este lunes un nuevo macrojuicio contra Glovo, el primero en Gipuzkoa, en el que la Seguridad Social reclamó un total de 410.587 euros por las cuotas correspondientes –IVA e IRPF– de 168 repartidores que trabajaron como falsos autónomos entre octubre de 2018 y diciembre de 2020. Además de la empresa, estaban citados estos repartidores, representados en parte por LAB y CCOO. “La Seguridad Social demanda a Glovo y a estos trabajadores, pero realmente a ellos les beneficia, porque el objetivo es regularizar su situación”, explica Arkaitz Antizar, responsable de CCOO en Gipuzkoa, tras la celebración del juicio, que ha quedado visto para sentencia.
De hecho, las abogadas de ambos sindicatos solicitaron que se admita la demanda de la Tesorería de la Seguridad Social y que éstos sean declarados como empleados por cuenta ajena de Glovo. Se trata del primer juicio de este tipo en Gipuzkoa, pero ya ha habido otros dos en Hegoalde en años recientes; uno en Bilbao, en 2021, que implicaba a unos 300 riders y otro en Iruñea, en 2022, que involucraba a 206 trabajadores. En ambos casos, las sentencias reconocían la relación laboral entre los empleados y Glovo y exigían a la empresa su contratación. Sin embargo, ahora, los trabajadores denuncian que sus condiciones laborales no han mejorado.
El juicio de Gipuzkoa llega, además, una semana después de que la empresa anunciara que cambiará su “modelo” de falsos autónomos, por el que acumula más de 267 millones de euros en sanciones de Inspección y cotizaciones impagadas, y contratará a sus trabajadores, unos 15.000 según los cálculos. Los sindicatos, que llevan años en lucha contra Glovo, recibieron esta noticia entre la satisfacción y la cautela. “LAB hace una valoración positiva pero, a pesar de ello, quiere subrayar la necesidad de tomar el anuncio con cautela, así como de estar atento al proceso que va a seguir Glovo a partir de ahora”, señalaron desde la central sindical.
La ley rider, que entró en vigor en 2021, obligaba a este tipo de empresas a convertir a sus empleados en asalariados, sin embargo, la multinacional siguió sin hacer frente a sus obligaciones. “Glovo ha seguido trabajando en los últimos años contra la ley con falsos autónomos. En algunos casos, estas y estos trabajadores han sido dados de alta en la seguridad social (por obligación de diferentes sentencias) pero han estado cobrando como autónomos al mismo tiempo. En otros casos, Glovo ha realizado varias modificaciones para mantener su condición de autónomo, en cuanto a horarios y precios de pedidos, pero también en estos casos han seguido siendo falsos autónomos”, explicó LAB tras el anuncio de Glovo del pasado 2 de diciembre. “La empresa conocía que se trataba de un caso de irregularidad”, sentenció.
“La ‘ley rider’ ponía coto a estos falsos autónomos, obligaba a la empresa a convertirlos en trabajadores por cuenta ajena, pero la empresa ha dilatado los tiempos al máximo posible. Teníamos que haber llegado a este punto muchísimo antes”, lamenta el responsable de CCOO en Gipuzkoa, quien asegura que el cambio de “modelo” de Glovo responde a los procesos judiciales.
Asesoramiento
Tras la decisión anunciada por Glovo, Antizar espera que los trabajadores que operaban hasta ahora como falsos autónomos sean incluidos dentro del régimen general de la Seguridad Social, como cualquier trabajador por cuenta ajena, y que sus cotizaciones sean actualizadas. En concreto, en el macrojuicio de este lunes, que se celebró al margen de la decisión anunciada por la empresa, se exigió a la empresa actualizar las cuotas en concepto de IVA e IRPF de octubre de 2018 y diciembre de 2020.
Pero además, el reto de cara al futuro, según CCOO, es conseguir que se firme un convenio de empresa como el que se logró con Just Eat en 2021, el primero a nivel estatal del sector del delivery. Para asesorar a los trabajadores en el periodo que arranca ahora, la central sindical creado una web. El objetivo es aclarar las dudas que puedan surgir, la documentación necesaria para hacer el cambio o el asesoramiento jurídico, en caso necesario, ante el proceso de laboralización que se ha abierto para los trabajadores de la compañía. Según la central sindical, las personas trabajadoras deberán ser notificadas de su alta en Seguridad Social, así como recibir su contrato de trabajo, en el que consten sus condiciones de trabajo y salariales, de acuerdo con los convenios colectivos que resulten de aplicación, en este caso de mensajería.
Asimismo, deberán conocer cuál es su centro de trabajo, lo que posibilitará que se organicen, constituyan secciones sindicales y celebren procesos electorales que permitan luchar por una mejora en sus condiciones de trabajo frente a la empresa. El proceso que ahora arranca, según Antizar, “va a favorecer a los trabajadores, porque las garantías jurídicas aumentan exponencialmente”. “No es lo mismo que no te ampare ninguna normativa a que lo haga el Estatuto de los trabajadores”, argumenta.
Sin embargo, aún queda trabajo por hacer; de hecho, LAB ha anunciado que seguirá exigiendo la aplicación del convenio de hostelería y no el de mensajería, que es al que se ha acogido Glovo. Además, la incertidumbre y la confusión sobrevuela en el ambiente. Muchos riders consideran que les falta información para poder valorar el impacto de los cambios de los últimos días, mientras que otros desconfían todavía de la empresa. Por el momento, la matriz de Glovo calcula que el coste de cambiar de modelo será de 100 millones de euros.