La siniestralidad laboral se disparó en 2022, arrojando un saldo de 826 fallecidos y un 10% más de bajas. Una realidad que permanece invisible a ojos de la sociedad, según denuncia el nuevo fiscal de sala coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ángel Muñoz, que reclama una reforma legal para mejorar la vida de las víctimas y sus familias, que pueden tardar hasta nueve años en cobrar la indemnización que les corresponde.
“No sé si hay algún motivo sociológico” dijo al ser preguntado sobre el repunte de los accidentes de trabajo, asegurando que “no ha cambiado nada” en materia de prevención que explique ese “acelerón tremendo” de la siniestralidad laboral, más teniendo en cuenta que la serie histórica ha ido bajando desde 2006, llegando a desplomarse en 2020 y 2021 a causa de la pandemia de coronavirus.
En el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y en vísperas del 1 de mayo, Muñoz, que tomó posesión del cargo el pasado marzo pero lleva más de una década dedicado a combatir la siniestralidad laboral, recalca que, sean cuales sean los motivos de ese pico de accidentes, detrás de las cifras hay personas con un largo recorrido por delante hasta conseguir justicia. “Creo que todo el mundo debería escuchar el relato de una víctima para saber qué viene después. Evidentemente, ya no ves a tu ser querido o es un lesionado importante. Y ¿qué viene ahora económicamente?”, interroga, señalando que en no pocas ocasiones la persona que sufre el accidente es la principal fuente de ingresos de la casa.
Muñoz precisa que, de media, la víctimas y sus familias tardan cinco años y siete meses en cobrar las indemnizaciones, que cuando hay heridos graves pueden alcanzar hasta el millón de euros. En el escenario más optimista, ese tiempo se reduce a dos o tres años, pero en el peor puede dilatarse hasta los ocho o los nueve años. En todo ese tiempo, “¿qué hace esa familia?, ¿de qué viven esos niños?”, señala el fiscal.
Adelantar el cobro
Para ponerle remedio, el fiscal propone una reforma legal que permita adelantar el cobro de indemnizaciones. Una posibilidad, lanza, es que “el consorcio de compensación de seguros se pudiese hacer cargo provisionalmente hasta que hubiese sentencia y luego abonase quien tenga que abonar”. “A una víctima que le puedes adelantar su indemnización le solucionas un problema muy importante”, afirma.
También “ayudaría a reducir los plazos” que se crearan juzgados y unidades de policía judicial especializados en siniestralidad laboral, si bien reconoce que hay un problema de falta de medios tanto en la Fiscalía, que interviene cuando ya se ha producido el accidente, como en la Inspección de Trabajo, que actúa en la fase anterior para evitarlo.
“Hay compañeros que tienen tanto trabajo que están desbordados. Nos gustaría poder acudir a todas las declaraciones y a todas las actuaciones de instrucción pero no se puede porque se están celebrando juicios. Nos falta personal”, reconoce.
Con todo, el nuevo jefe de esta unidad especializada de la Fiscalía General del Estado demanda una reforma mucho más ambiciosa para actualizar la ley de prevención de riesgos laborales del 95, que “fue buenísima, pero se ha quedado un poquito anticuada”.
Recuerdo
Trabajadores fallecidos. ELA denunció “la impunidad empresarial y la complicidad de los gobiernos” ante la siniestralidad laboral con motivo de la celebración ayer del Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. El sindicato vasco conmemoró esta efeméride en Donostia con la celebración de una asamblea y una manifestación, donde ELA quiso recordar a los trabajadores fallecidos en el último año. Peio Igeregi, responsable de ELA de Salud Laboral, cargó contra los empresarios como “culpables directos” de la siniestralidad.