La subida de las pensiones, las ayudas al transporte y el precio de la luz, en el aire

Incluso los grupos políticos que, en la antesala de la trascendental votación de hoy miércoles, se mantienen en el no a los tres decretos que extienden a 2024 gran parte de las medidas anticrisis y posibilitarán la recepción de un nuevo paquete de fondos europeos y la reforma del subsidio de desempleo, admiten que los mismos incluyen numerosas medidas beneficiosas para los ciudadanos. El abanico de iniciativas destinadas a paliar los efectos de la crisis, que podrían decaer si el Gobierno español no logra los apoyos suficientes, es amplísimo, e incluye una partida de 10.000 millones de euros en fondos europeos, la subida de las pensiones y del subsidio de desempleo, la prórroga de las ayudas al transporte y del IVA reducido de la luz, el acceso digital de los ciudadanos a su expediente en los tribunales, medidas para agilizar los procedimientos judiciales...

El Gobierno reprocha por ello a socios y oposición que pongan en peligro el denominado "escudo social" anticrisis, ya que, entre otras cuestiones, quedaría sin efecto la subida del 3,8% para las pensiones contributivas, la extensión de la prohibición de desahucios para hogares vulnerables y el aumento del umbral de renta para acceder a las medidas de alivio hipotecario. Tampoco se produciría la subida del subsidio por desempleo y su extensión a nuevos colectivos.

De no prosperar las ayudas antiinflación, unos 5.350 millones de euros, quedaría en suspenso la gratuidad este año de los trenes de cercanías y media distancia, así como la subvención estatal del 30% al transporte urbano e interurbano. También caería la prórroga del impuesto a las grandes fortunas, banca y energéticas. Sobre la digitalización de la Justicia, el principal problema es que se pondría en peligro la partida de 10.000 millones de euros de los fondos europeos.

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, lo dejó claro al asegurar ayer martes que "aprobar estos decretos significa decir sí a que los pensionistas, a que más de 11 millones de personas perciban más al mes. Es decir sí a que las personas jóvenes, fundamentalmente, pero también los trabajadores de este país, puedan utilizar el transporte público gratuito". Puso como ejemplo que, para una familia con cuatro miembros, dos de ellos hijos menores de 14 años, que vivan en las afueras de Madrid, su no aprobación implicaría que tendrían que pagar 3.297 euros más al año en transporte público.

"Decir sí a este decreto supone también decir sí a que en nuestro país se siga creando empleo, porque estamos hablando de obtener más de 10.000 millones de euros. Es decir sí a que cuando vayamos a hacer la compra, cuando compremos la leche, los huevos o la fruta, se nos aplique un 0% de IVA", insistió. En este aspecto incidió a su vez el nuevo ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, quien recordó que, además de los beneficios a familias y empresas, los 10.000 millones de euros del cuarto pago de los fondos europeos van asociados a la convalidación de la reforma del subsidio por desempleo.

La luz, un 11% más cara

En pleno invierno se dispara el gasto en luz y calefacción, y la posible caída de la convalidación de los reales decretos aprobados a finales del pasado diciembre por el Consejo de Ministros podría encarecer la factura de la luz más de un 11% con la pérdida de todas las rebajas fiscales para la electricidad. Actualmente, la factura de un consumidor medio con la tarifa regulada ascendería a partir de enero –con la subida del IVA del 5% al 10% y la recuperación de algunos impuestos específicos a la electricidad– a unos 47,4 euros al mes, un 6,8% por encima de los 44,3 euros mensuales en 2023. Sin embargo, la caída de las medidas y la recuperación de todos los impuestos sobre la electricidad situarían ese recibo de la luz mensual en los 53,3 euros, un 11,3% más caro.

Las inversiones en energías renovables son otro de los proyectos que miran de reojo al pleno de hoy. En concreto, hasta 40.000 millones de euros destinados a este fin y sustentados en la ampliación de plazos administrativos que ha previsto el Ejecutivo. Uno de los decretos plantea extender seis meses el periodo para obtener una autorización administrativa de construcción de proyectos renovables, que de otro modo concluirá el 25 de enero. Esa fecha límite marcará la viabilidad de la instalación de unos 44 gigavatios de potencia (GW), más de un tercio fotovoltaica y el resto eólica.