La supresión de la sedición avala la vía de ERC pero erosiona al independentismo

Pere Aragonès saca pecho. Días después de conminar a Junts a aguardar hasta final de año para extraer conclusiones de los avances en la mesa de diálogo, la reforma del delito de sedición emprendida por el Gobierno de Pedro Sánchez permite al Jefe del Govern enarbolar su estrategia bilateral fundamentada en el diálogo y la negociación, y que tiene como estación de partida la desjudicialización del conflicto. Sin embargo, lo que a priori se aprecia como una buena noticia para los dirigentes soberanistas que fueron señalados, y condenados por el procés, ha propiciado una nueva implosión en el independentismo, que acusa al president de exceso de “triunfalismo” en tanto que la medida no alcanzaría a todos los represaliados y deja la puerta abierta a que se castiguen en exceso conductas de desórdenes públicos. Lo ha sintetizado mismo el secretario general de JxCat, Jordi Turull, al indicar que esta modificación supone que el “a por ellos” esté “a punto de entrar oficialmente en el Código Penal”, al creer que “supone un vestido a medida para decir que el 1-O fue delito”.

En la órbita posconvergente no cesan los mensajes en este sentido. Carles Puigdemont ya dijo nada más hacerse el anuncio que se sigue “criminalizando un derecho”, en alusión al referéndum, y Laura Borràs apuntó que “puede ser peor el remedio de los desórdenes públicos que la enfermedad de la sedición”. El eurodiputado en el exilio, Toni Comín, añade que le parece “irresponsable y frívolo” que Aragonès haga triunfalismo con esta reforma porque para el independentismo “es una muy mala noticia, ya que se amplía la base de la represión”. Las críticas no solo proceden de Junts, sino desde prácticamente todas las vertientes del polo independentista. La CUP ha censurado al president por acceder a un “cambio de cromos” donde “ERC, o bien es ingenua, inocente, o colabora conscientemente”, y en parecida sintonía se expresan las entidades civiles. De hecho, la ANC ha fijado una manifestación para el 6-D, día de la Constitución española, en contra de esta reforma y hasta Òmnium Cultural, próxima a Esquerra, ha alertado que el nuevo tipo penal “puede abrir nuevas brechas que acaben ampliando peligrosamente los delitos enmarcados en ese ámbito” y suponer un “paso adelante para criminalizar la disidencia política y escalar la persecución de la protesta. Sobre todo, porque se incorpora “con vaguedad” el concepto de “intimidación”.

Malversación

Un cúmulo de amenazas por las que Aragonès ha pasado de soslayo prometiendo que seguirá trabajando para acabar con la represión y, muy crucial, desterrar el yugo de la malversación de fondos públicos del caso del procés. “Damos un paso muy importante y habrá que hacer más. Seguimos comprometidos para conseguir los efectos de la amnistía”, verbalizó el líder republicano. Su consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha ido más allá al afirmar en el diario Ara que le parecería “absurdo e irresponsable” una negativa de Junts. “Que lo lean bien y verán el gran cambio sustancial. No a golpe caliente o con prisas, sino con rigor”, ha zanjado.

En medio de esta nueva descarnada batalla entre las fuerzas independentistas por hacer prevalecer su relato, la reforma de la sedición, que según Moncloa se impulsó después del portazo del PP a Sánchez en su pacto por el órgano de gobierno de los jueces, otorga al president de la Generalitat una herramienta: visibilizar que solo con la confrontación es imposible llegar a buen puerto. Y que el acuerdo que se alcanzó con el Gobierno español el pasado 27 de julio en la mesa de diálogo cobra forma. De aquella reunión salieron dos documentos: en uno de ellos se contenía el compromiso de la desjudicialización, sin concretar cómo se llevaría a cabo, y también una garantía sobre “el patrimonio de las personas”, en referencia, aunque sin citarlo expresamente, a las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas para los participantes en el procés. El otro, de tres folios, incluía numerosos compromisos para que el Ejecutivo de Sánchez promoviera el uso del catalán en distintos foros además de comprometerse a respaldar el nuevo marco normativo que aprobó el Parlament para no dar curso a la sentencia que les obligaba a aplicar el 25% de la lengua castellana en las aulas.

Desjudicialización

Aunque sin concretar cuáles, el texto de ese consenso habla de “la apuesta por avances paulatinos y concretos” que “se deben concretar en reformas legislativas, normativas, reglamentarias o de cualquier otra índole para superar la judicialización y sus efectos, tomando además como referencia los mejores estándares y recomendaciones europeas e internacionales”. Se acordó además que las modificaciones legislativas fueran aprobadas antes de que finalizara el actual periodo de sesiones del Parlamento, con lo que el Ejecutivo da cumplimiento a estos pactos ya que ha presentado la reforma del Código Penal antes de acabar 2022.

En cuanto a las sanciones pecuniarias del Tribunal de Cuentas para los participantes en el procés, ya que la condena del Supremo también lo fue por malversación, Abogacía del Estado ya renunció en enero a personarse en la causa donde se enjuiciará el presunto uso irregular de fondos públicos para el 1-O. Fiscalía había rebajado en abril la responsabilidad contable por estos hechos. Así, la cifró en 3,4 millones de euros frente a los 9,5 que había establecido el Tribunal de Cuentas. El Ministerio Público también pidió, y el Tribunal de Cuentas accedió, a apartar a 16 excargos –entre ellos a los exconsellers Joaquim Forn y Josep Rull– de la lista de personas a las que se les reclama, en concepto de responsabilidad contable, los fondos presuntamente desviados.

En cuanto a la promoción del catalán, el Gobierno pidió al Parlamento europeo su consideración como lengua de uso en el pleno a efectos del ejercicio del derecho de petición ante la institución; y se prevé impulsar ese derecho en la Cámara Alta. Hoy en día, el uso de las lenguas cooficiales está permitido exclusivamente en el Senado para los debates de las mociones y para las intervenciones en la Comisión General de las comunidades autónomas, aunque está en tramitación una propuesta de Junts para reformar el Reglamento y extender el uso del catalán, el euskera y el gallego a todos los debates parlamentarios.

Aragonès, desde luego, gana tiempo para reforzar una estrategia que, según las encuestas, asienta el liderazgo de ERC en el espectro independentista. Otra cosa es que surta efecto si la finalidad se sitúa en la autodeterminación. Como señalan irónicamente desde el propio soberanismo, “hemos visto cómoCiU se subía al tren del independentismo, y también cómoEsquerra se bajaba del mismo. Qué difícil es ser catalán”. l