La tarea pendiente del modelo de Estado

El debate sobre el modelo territorial se ha convertido una vez más en el papel arrugado que queda en el fondo del cajón, como una carta con una factura onerosa que no se quiere abrir, o como el polvo escondido bajo la alfombra con la intención de que moleste lo menos posible, aunque el problema siga allí. Pedro Sánchez tenía sendos acuerdos de investidura con el PNV y ERC, y en ambos casos se comprometió a abordar el problema de encaje de Euskadi y Catalunya en el Estado. Moncloa argumenta que la pandemia del coronavirus y la guerra en Ucrania le han impedido abrir este melón, pero esto no oculta que se ha producido también un cambio de discurso en Sánchez. Ha pasado de abanderar la plurinacionalidad y el cumplimiento de los estatutos de autonomía, a dejarlo en un segundo plano para articular la confrontación con la derecha española en base a otros parámetros: el choque con los poderes económicos, la banca y las energéticas. En paralelo, el fondo competencial de las comunidades se ha deteriorado por la vía de los hechos con la aprobación de leyes desde el Estado que uniformizan las prestaciones sociales o la gestión.

El pacto constitucional tras el franquismo hizo que el PSOE, o al menos su cúpula, abandonara de manera paulatina la defensa del derecho de autodeterminación de las nacionalidades que había reivindicado en el Congreso de Suresnes de 1974. En los últimos años, con Sánchez al frente del partido, y en un intento de cohonestar las distintas sensibilidades dentro del socialismo catalán, se aprobó a modo de gesto la Declaración de Barcelona, que apostaba por una reforma de la Constitución española de carácter federal y el Estado plurinacional. Se habló de clarificar el reparto de competencias. Se reconocía, por tanto, que existe un problema que había que solucionar. No se trataba solo de que Catalunya quisiera la independencia, sino de la alta conflictividad con las comunidades autónomas, ya sea por recurrir sus leyes, o bien por aprobar leyes estatales que interfieren en sus áreas de gestión.

Sin darle demasiada publicidad, en 2019 se le encargó un estudio al jefe del CIS, José Félix Tezanos, para que pusiera sobre la mesa algunas ideas para esa hipotética reforma que nunca llegó. La ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, seguía admitiendo en 2021 que “en el Estado autonómico hay cuestiones que no han terminado de funcionar y hay que revisar”, pero añadió que, para tocar la Constitución, “hace falta un amplio consenso que en este momento no se da”, en alusión al veto de PP y Vox.

Condicionar cualquier cambio a una reforma constitucional ha llevado el debate a un callejón sin salida, un callejón que el PNV evita planteando una vía diferente para el caso vasco, la vía de los derechos históricos que están reconocidos en la propia Constitución y el Estatuto de Gernika y que facultan a Euskadi a actualizar su autogobierno. Lo ha defendido en el debate del nuevo estatus del Parlamento Vasco. Sin embargo, ni el PSOE ni el PSE aceptan que se pueda blindar el autogobierno sin una reforma constitucional previa. Esa reforma marcaría el perímetro dentro del cual los parlamentos autonómicos pueden retocar sus estatutos, para evitar un choque de legitimidades como el ocurrido en Catalunya. Sin esa reforma constitucional, el margen es menor, vienen a decir en el PSOE.

Sánchez firmó sendos acuerdos de investidura con PNV y ERC, pero no ha movido ficha, al margen de promover los indultos del procés para rebajar la tensión. Este es un debate que los barones centralistas, como Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha, aprovechan para hacer ruido en torno al liderazgo de Sánchez.

En su acuerdo firmado a principios de 2020 con ERC, Sánchez se comprometía a activar una mesa de diálogo para resolver el conflicto político catalán, donde podrían plantearse sin cortapisas todas las propuestas con “libertad”. El documento que alumbrara esa mesa sería sometido a consulta entre los catalanes, lo que evocaba en cierto modo el derecho a decidir sin plantear problemas para el PSOE, que no contempla que lo que se vote sea la independencia, sino un acuerdo. La idea de votar un acuerdo la comparte Sumar, de Yolanda Díaz. En el pacto de investidura con el PNV, Sánchez se comprometió a impulsar las reformas necesarias para adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de las identidades territoriales, con modificaciones legales y atendiendo a los sentimientos nacionales de pertenencia, en Euskadi y en Catalunya.

Mientras tanto, Moncloa erosiona el artículo 2 de la Constitución, que no solo recoge la unidad indisoluble de España, sino también “el derecho a la autonomía de las nacionalidades”. Queda en entredicho con la aprobación de leyes como la de vivienda que entran a regular competencias transferidas a las comunidades; o el modelo de residencias y la Ley de Bienestar Animal, de Podemos, partido que en teoría defiende el derecho a decidir.

En una próxima investidura, el PNV exigiría un contrato con garantías de cumplimiento, en vista de que Sánchez se olvida de lo prometido. ERC, que además se enfrenta a presiones dentro del soberanismo y tiene que lidiar con la debacle de las elecciones municipales, ha avisado de que pedirá más que la mesa de negociación. El president Aragonès plantea un acuerdo de claridad para un referéndum pactado, como en Quebec, una idea que lleva años impulsando el lehendakari Urkullu pero cuya gestión puede ser complicada si el próximo Gobierno lo lideran PP y Vox, no hay margen y crece la presión en Catalunya para resucitar el procés.

PP Y VOX

Un Gobierno del popular Alberto Núñez Feijóo con el apoyo de Vox abocaría a emprender una estrategia de resistencia en defensa del autogobierno. El PNV se fija el reto de mantener un grupo parlamentario propio para garantizarse los turnos de intervención y el cupo de iniciativas que se pueden presentar en el Congreso. Necesitaría como mínimo 5 escaños. Todo apunta a que los recursos al Tribunal Constitucional serían una constante y bidireccionales, tanto contra leyes vascas como contra leyes del Estado. PP y Vox ya recurrieron la transferencia del IMV y de la competencia para nombrar a los secretarios e interventores municipales, y la dinámica sería más arrolladora con ambos en el gobierno.

El PP defiende en su programa la “lealtad institucional” y “delimitar con mayor precisión el marco competencial”, pero lo hace poniendo el foco en supuestas duplicidades y, además, desgrana una retahíla de medidas recentralizadoras como la prueba única para acceder a la universidad, o unificar el mercado. Y parece que ha perdido cualquier recelo a pactar con Vox, que arremete contra la autonomía fiscal vasca y exige devolver competencias al Estado. Queda además la sensación de que el PP reivindica el autogobierno cuando acumula poder autonómico y lo puede utilizar como contrapoder a un Gobierno español socialista. Es el caso de la madrileña Isabel Díaz Ayuso y su pulso para no aplicar más restricciones ante el covid, o el caso de las bonificaciones del PP para anular el Impuesto de Patrimonio.