Al menos dos delegaciones, la de Letonia y Lituania, se han mostrado abiertamente en contra de modificar el reglamento que rige el uso de las lenguas oficiales de la UE para incluir el euskera, el catalán y el gallego, si bien el debate seguirá a nivel técnico en el seno de los Veintisiete ya que un mayor número de socios se han mostrado dispuestos a seguir discutiendo si España detalla cuestiones clave como el coste o su encaje legal.
Así ha quedado reflejado en el debate de apenas media hora que los ministros reunidos en el Consejo de Asuntos Generales de la UE han tenido este martes en Luxemburgo, según han informado varias fuentes diplomáticas a Europa Press.
Ya a su llegada, el ministro de Asuntos Exteriores y exprimer ministro de Letonia, Krisjani Karins, avisó en declaracione a la prensa que no esperaba cambios en las reglas sobre lenguas porque los Veintisiete tienen otros "problemas" geoestratégicos en su agenda "a los que dedicar tiempo y en los que centrarse".
Una vez en la reunión, tanto Karins como su colega lituano, Gabrielius Landsbergis, han expuesto su rechazo por el "impacto político" que tal medida pudiera tener en otros Estados miembros como los suyos, en donde hay una minoría que habla ruso, explican las fuentes consultadas por Europa Press.
En todo caso, otra decena de países han tomado la palabra para indicar que están dispuestos a seguir discutiendo sobre la propuesta española, pero dejando claro que lo harán "sobre la base de un trabajo técnico más detallado".
Ello pone en evidencia que el Gobierno no ha atendido aún la petición que varios Estados miembro hicieron en la ocasión anterior en que se discutió el tema, cuando todos los que intervinieron lo hicieron para pedir una evaluación del impacto económico, práctico y legal de toda modificación.
El ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel Albares, ha defendido delante del resto de ministros que España está dispuesta a asumir la totalidad del coste que tuviera el reconocimiento de las tres lenguas cooficiales, a pesar de que la inclusión en el reglamento europeo que el Gobierno pide modificar supone que la traducción e interpretación de estas lenguas sería financiado a cargo de las arcas comunitarias.
Tras este segundo debate a nivel de ministros de la UE, el Gobierno español en funciones prevé distribuir una propuesta "revisada" que atienda a las preocupaciones expresadas por el resto de Estados miembro, en especial en cuanto a las dudas legales y el coste. Además se ha encargado a la Comisión Europea que presente una evaluación del coste que tiene cada una de las lenguas, han apuntado a Europa Press fuentes conocedoras del debate.
Especificidad lingüística del Estado español
Mientra, el ministro de Exteriores de español en funciones, José Manuel Albares, ha defendido que la incorporación del euskera, el catalán y el gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea (UE) es un caso "único" del Estado español que no se podrá trasladar a las posibles reivindicaciones que puedan hacer otras minorías nacionales.
Albares volvió a defender hoy ante sus socios europeos la propuesta del Gobierno español para incorporar las tres lenguas al régimen lingüístico europeo.
"La reforma propuesta se circunscribe exclusivamente al caso de España, dado que cumple unos requisitos únicos en la UE y por tanto, otras lenguas no podrán ampararse en esta reforma si el Estado miembro no lo desea", aseguró el ministro en una rueda de prensa, después del breve encuentro mantenido por los Veintisiete.
Albares insistió en la "especificidad" del caso español, dado que la Constitución española reconoce la cooficialidad del euskera, el catalán y el gallego, por el hecho de que ya se puede hablar en los tres idiomas en el Congreso de los Diputados, porque el Estado ya tiene acuerdos administrativos con la UE para poder utilizarlas y porque el Gobierno en funciones se ha comprometido a asumir el coste de la medida.
El ministro no quiso detallar cuánto costaría la medida, porque, según dijo, es algo que le corresponde calcular a la Comisión Europea.