Las instituciones de la Unión Europea cerraron un acuerdo político este martes sobre la normativa para reforzar la seguridad de las entidades críticas, con el fin de proteger nuevos sectores, como la energía, el transporte, la salud, el agua potable, las aguas residuales y el espacio.
Las administraciones públicas centrales también estarán cubiertas por algunas de las disposiciones del proyecto de directiva.
La legislación tiene como objetivo reducir las vulnerabilidades y fortalecer la resiliencia física de esas entidades, que prestan servicios vitales para la sociedad y la economía.
En particular, se establecerán reglas mínimas armonizadas para garantizar que los diferentes Estados miembros clasifican a los mismos proveedores como esenciales y evaluaciones de riesgo para aumentar su resiliencia frente a interrupciones del servicio y peligros.
El alcance de la normativa se ampliará a once sectores.
La directiva prevé dotarles de medidas para que puedan prepararse, protegerse, responder y recuperarse de desastres naturales, amenazas terroristas, emergencias de salud o ataques híbridos, indicó el Consejo en un comunicado.
Se prevé también que los suministradores de servicios realicen impactos de riesgo y que haya planes nacionales por país, indicó por su parte la Eurocámara en un comunicado.
Las autoridades nacionales deberán tener la posibilidad de realizar inspecciones in situ de la infraestructura crítica e introducir sanciones en caso de incumplimiento.
En la directiva anterior sobre infraestructuras críticas, solo la energía y el transporte estaban dentro del ámbito de las normas.
El acuerdo informal ahora deberá ser respaldado por el Comité de Libertades Civiles del Parlamento y adoptado formalmente tanto por el Parlamento como por el Consejo.
La comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, valoró el acuerdo político alcanzado.
"Esta Directiva nos prepara mejor frente a las perturbaciones que afectan a la seguridad de nuestros ciudadanos y al mercado interior", indicó la comisaria.
Añadió que ello mejorará la seguridad para que los sectores críticos tengan también "apoyo de la UE para recuperarse" de posibles incidentes.
El pacto cerrado hoy deberá ser aprobado por el Consejo y el Parlamento Europeo antes de pasar al procedimiento formal de adopción.