La UE debate unas nuevas reglas fiscales para hacer frente al problema de la deuda

La semana pasada, la Comisión Europea hizo oficiales sus propuestas para establecer unas nuevas reglas fiscales para los 27 países miembros a partir del próximo año. Es un debate que, en un contexto marcado por la alta inflación y la guerra derivada de la invasión de Rusia a Ucrania, está pasando algo inadvertido, pero que va a condicionar las políticas económicas de los Estados en los próximos años, cuando se espera que se produzca la transición verde y digital que los dirigentes europeos se están esforzando en proclamar y defender desde que se dejó atrás la crisis originada por la pandemia.

El propósito es actualizar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, concebido tras el Tratado de Maastricht de 1992 pero que en realidad comenzó a funcionar una vez entró en vigor el euro en el año 2002. Después de la Gran Recesión de la década pasada y el desplome que originó el coronavirus, ahora existe otro importante problema a tener en cuenta: la crisis de deuda pública. “Todos los economistas la están tipificando como el siguiente obstáculo para las economías europeas”, resalta Massimo Cermelli, profesor de Economía de Deusto Business School.

Después de un año de cruce de posturas entre las capitales y Bruselas, la Comisión ha esbozado las líneas maestras de su plan. Se mantiene la vieja norma general –más bien aspiración– de mantener el déficit público a raya, sin que supere el 3%, y una deuda pública que no sobrepase el 60% del PIB. Por debajo, llega la letra pequeña, que es donde están los matices. Los gobiernos van a tener que aplicar un ajuste presupuestario de al menos el 0,5% cuando su déficit rebase el 3%. Además, la proporción de deuda pública respecto al PIB anual deberá ser inferior que cuando se comenzó ese período de contabilidad –que podrá ser de 4 a 7 años– y se reintroduce la posibilidad de sanciones para los países incumplidores de los ajustes. Si un país se desvía de la senda fiscal, la multa inicial será del 0,05% del PIB, un castigo de carácter semestral que podría ir en ascenso hasta que el Estado afectado tome medidas efectivas para contrarrestar esos incumplimientos.

Pero la clave de bóveda es que ese plan de ajuste fiscal va a ser “pactado” con Bruselas, explica Cermelli. Se quiere huir del traje de “talla única” que se había confeccionado en anteriores estrategias y que, en la práctica, se habían revelado como demasiado rígidas y, en último término, inaplicables. Es decir, que a partir de ahora habrá una “flexibilidad” en la que se fijarán las reglas “caso por caso”. Eso sí, a cambio de esa acomodación, se establecerá un régimen de ejecución de esos objetivos fiscales más estricto, como quiere Alemania.

“Bruselas quiere lanzar una señal de que se toma en serio el asunto del déficit y la deuda pública, pero busca abordar el problema de forma diferente que en 2012. Entonces se apostó por una austeridad que condujo a una deflación posterior, y que acabó dañando el crecimiento económico que era necesario para salir de la crisis”, expone el docente. En aquel momento, se impusieron las tesis alemanas, dado el fuerte liderazgo en la UE que adoptó Angela Merkel, y que el resto de capitales europeas no pudo equilibrar. “A base de políticas de austeridad se quebraron las tasas de crecimiento. Los prestamistas se benefician de la deflación y Alemania entonces lo era”, subraya Massimo Cermelli. La cuestión importante para Bruselas ahora es evitar el choque Norte-Sur de la década pasada.

Las exportaciones de Alemania crecieron mucho durante aquella época mientras otros países sufrían los embates de la crisis, aunque ciertamente los gobiernos germanos, tanto socialdemócratas como conservadores, introdujeron reformas mucho antes que otros países europeos que permitieron situar a su industria en la rampa de salida en posiciones mucho más avanzadas que sus competidores.

Durante los últimos meses, el ministro alemán de Finanzas, el liberal Christian Lindner, ha intentado endurecer la propuesta legislativa de la Comisión Europea sugiriendo un enfoque más riguroso de los objetivos, más en la línea de hace una década. Le acompañan en esta línea algunos de los países conocidos como los frugales, como Austria y Dinamarca. Por el otro lado, por el costado de los países que apuestan por una estrategia más contemporizadora, figuran países como España, Francia e Italia, cuyas tasas de deuda pública exceden, y con mucho, el 60% de su PIB. En el caso español, en concreto, el déficit público se situó en el 4,8% el año pasado y la deuda pública alcanzó el 113% del PIB. En este alineamiento, Moncloa consiguió hace un año el sorprendente apoyo a sus propuestas flexibilizadoras de Países Bajos, tradicionalmente un fiel aliado de Alemania en los debates económicos a nivel comunitario. “Alemania ya no tiene el mismo peso en Bruselas que con Merkel. Además, en estos años el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha ganado mucha influencia en Europa. Aunque los gobiernos de España, Francia e Italia sean de distintas familias políticas, les une el mismo punto de vista sobre las reglas fiscales”, apunta Cermelli.