El Consejo ha adoptado este lunes una nueva normativa sobre transparencia salarial que exigirá a las empresas de la Unión Europea realizar una evaluación junto a trabajadores y sus representantes si los análisis salariales muestran una brecha género de al menos el 5%, como medida para reducir el desfase del 13% que separa el sueldo que un hombre y una mujer reciben por el mismo trabajo.
Las normas estipulan además que los trabajadores y sus representantes tendrán derecho a recibir información clara y completa sobre los niveles salariales individuales y medios, desglosados por género.
La nueva legislación requerirá que las empresas de la UE divulguen información que facilite a los empleados comparar salarios y expongan de forma transparente las diferencias salariales de género existentes, lo que supone poner fin al secreto salarial.
Los Estados miembro deberán establecer sanciones y multas para los empresarios que infrinjan las normas, mientras que el trabajador que haya sufrido un perjuicio como consecuencia de una infracción tendrá derecho a reclamar una indemnización.
En los casos en que un trabajador considere que no se ha aplicado el principio de igualdad de remuneración y lleve el caso ante los tribunales, la legislación nacional debería obligar al empleador a demostrar que no ha habido discriminación.
Además, por primera vez, la discriminación interseccional y los derechos de las personas no binarias se han incluido en el ámbito de aplicación de estas nuevas normas.
La directiva sobre transparencia salarial entrará en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la UE y los países de la UE tendrán entonces hasta tres años para adaptar sus legislaciones nacionales de forma que se tengan en cuenta las nuevas normas.
Inicialmente, la obligación de transparencia salarial sólo se aplicará a las empresas con 150 o más empleados, aunque dos años después de la fecha límite de transposición, el requisito de informar cada tres años se extenderá a las empresas que emplean a más de 100 trabajadores.