La ultraderecha italiana quiere derogar la "protección especial" de migrantes

El partido ultraderechista italiano Liga, socio de la coalición gubernamental, presentó hoy una enmienda a un decreto sobre inmigración para acabar con el controvertido estatus de "protección especial para los solicitantes de asilo".

La enmienda, presentada ante la Comisión del Senado para Asuntos Constitucionales, se presentará al decreto que el Gobierno de Giorgia Meloni aprobó el 9 de marzo tras el naufragio de una barcaza frente a las costas de Calabria (sur) en el que murieron 93 inmigrantes.

El decreto, entre otras cosas, aumentará las penas de cárcel para los miembros de las mafias que gestionan el tráfico migratorio irregular a través del Mediterráneo y se prevé que llegue al pleno de la Cámara Alta el martes de la semana próxima.

Pero la enmienda planteada pretende acabar con la denominada "protección especial", una determinación que Meloni ya avanzó por entonces.

La "protección especial" es un estatus que Italia otorga desde 2018 a determinados inmigrantes a los que, por diversas razones, no se les concede el título de refugiado ni la denominada protección subsidiaria.

La Liga del actual vicepresidente Matteo Salvini, según fuentes internas, ve esta herramienta como "un caso único" a nivel europeo que favorece además la inmigración irregular, generando una especie de "efecto llamada".

"La 'protección especial' ha generado la saturación de los tribunales y de las jefaturas de policía y no ha integrado", alegan las fuentes de la formación ultraderechista.

La tramitación del decreto, con esta enmienda en su interior, se produce mientras Italia recibe un enorme flujo migratorio a través del Mediterráneo central, desde el norte de África, especialmente en la isla de Lampedusa, su enclave más meridional.

En lo que va de año, han desembarcado en sus costas 32.769 inmigrantes, casi cuatro veces más que en el mismo periodo del año pasado (8.432), según datos del Ministerio del Interior actualizados el viernes.

En este contexto, el pasado martes el Gobierno decretó el estado de emergencia nacional migratorio durante los próximos seis meses en un intento, entre otras cosas, de potenciar las deportaciones mediante un aumento de los centros para identificar y repatriar a los inmigrantes que no tengan derecho al asilo.