Dos meses es el plazo que dio ayer miércoles de facto la Comisión Europea (CE) al gobierno del primer ministro británico, Boris Johnson, para que dé marcha atrás en su decisión de saltarse lo pactado en el acuerdo del Brexit y si no lo hace le llevará ante el Tribunal Europeo de Justicia (TJUE). Aun así, Bruselas mantiene la mano tendida al diálogo para buscar soluciones rápidas y concretas, hizo públicas sus propuestas y apeló a las "buena fe" de Londres para explorar su "potencial".
Es el primer paso concreto que Bruselas da después de que Johnson activara hace dos días el proceso parlamentario para aprobar una ley que modifica unilateralmente lo pactado para Irlanda del Norte en el acuerdo del Brexit.
"La violación de los acuerdos internacionales no es aceptable", dijo, tajante, en rueda de prensa, el vicepresidente de la Comisión Europea responsable de las Relaciones Interinstitucionales, Maros Sefcovic, para quien no hay "ninguna justificación legal o política para cambiar de forma unilateral un acuerdo internacional" y no tiene duda de que es "ilegal" lo que ha hecho Londres.
Tres procedimientos
En esta línea de acción-reacción, el Ejecutivo comunitario anunció que va a reactivar, por un lado, un procedimiento de infracción contra Londres que había lanzado y "congelado" en marzo pasado y, por otro, que va a poner en marcha dos nuevos expedientes. Además, la Comisión advierte de que está "dispuesta a tomar nuevas medidas".
En concreto, el primer procedimiento, que ahora se descongela, denuncia que el Reino Unido no aplica el acuerdo en relación con los certificados exigidos para el movimiento de productos agroalimentarios.
Bruselas va a enviar ahora al Reino Unido un dictamen motivado, segundo paso del procedimiento de infracción y, en caso de que Londres no responda la Comisión considerará llevarle ante el TJUE, que tiene "todos los poderes" para "imponer una suma a tanto alzado o una multa coercitiva".
Los otros dos nuevos procedimientos se deben al incumplimiento por Londres, por un lado, de las obligaciones sobre las reglas europeas sanitarias y fitosanitarias, en particular por la falta de los controles necesarios y por no contar con personal e infraestructuras adecuados, y por otro, por no enviar datos sobre estadísticas comerciales relativas a Irlanda del Norte, como exige el Protocolo.
Las cartas de ayer miércoles sobre estos dos nuevos procedimientos de infracción solicitan al Reino Unido que tome medidas correctivas rápidas para restablecer el cumplimiento de los términos del protocolo. Londres tiene dos meses para responder.
Decepcionante para Londres
Tras conocerse la denuncia, el Gobierno británico describió ayer miércoles como "decepcionante" que la Unión Europea (UE) active acciones legales contra el Reino Unido, que esta semana presentó una ley que le permitirá ignorar partes del acuerdo del Brexit en relación con Irlanda del Norte.
"Es decepcionante que la UE haya decidido relanzar procedimientos legales en relación con los periodos de gracia actualmente en vigor, que son vitales para evitar los problemas que provoca el Protocolo" de Irlanda del Norte, afirmó un portavoz del Ejecutivo en un comunicado.
El protocolo establece que Irlanda del Norte sigue vinculada al mercado único comunitario para bienes, por lo que las mercancías que cruzan entre el resto del Reino Unido y ese territorio deben pasar controles aduaneros en los puertos de la región, de manera que se asegure que la frontera entre las dos Irlandas sigue siendo invisible.
Esa frontera invisible está establecida en el acuerdo de paz del Viernes Santo (1998), el texto que puso fin al conflicto.
'Carril verde'. El proyecto de ley británico prevé eliminar la jurisdicción del TJUE sobre las disputas referidas a Irlanda del Norte, contempla la creación de un 'carril verde' que eximiría de controles aduaneros a los bienes procedentes de Gran Bretaña destinados al consumo en Irlanda del Norte y mantendría un 'carril rojo' reservado para los productos dirigidos a la República de Irlanda. Para la Comisión Europea es "legalmente inconcebible" que el Reino Unido decida qué tipo de bienes pueden entrar en el mercado único.