La UPV/EHU considera “inviable” que la nueva selectividad pueda arrancar el próximo curso

Unanimidad. Las 46 universidades públicas de los 17 distritos, entre ellas la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), se han unido contra el Real Decreto de la Evaluación de Acceso a la Universidad (EAU) que los ministerios de Educación y Universidades quieren implantar en junio de 2024. El desacuerdo con el borrador de la norma que regula las condiciones de acceso y admisión a las enseñanzas universitarias de grado es tal que las universidades consideran “inviable” que la nueva selectividad pueda llegar a celebrarse el próximo curso. 

En un acuerdo histórico, todas las universidades públicas han remitido el mismo documento de alegaciones ante los ministerios liderados por Pilar Alegría y Joan Subirats en el que reclaman “una mejora sustancial” del texto sometido a exposición pública. Se trata de un documento de 18 páginas en el que los encargados de organizar esas pruebas, secundados por todas las vicerrectoras responsables del acceso y admisión a las universidades públicas exponen 20 propuestas que esperan sean tenidas en consideración.

Las alegaciones tocan distintos puntos clave de la prueba como la duración de los exámenes, la composición de los tribunales, los procedimientos de reclamación, el procedimiento de admisión, o los plazos para plazas vacantes, condiciones de acceso para el alumnado extranjero o para estudiantes con estudios universitarios. “Todo ello termina dibujando una percepción clara de que la reforma que se propone adolece del debido sosiego en la toma de decisiones y de la tranquilidad suficiente para regular algo de tanta trascendencia social, y repercusiones de todo tipo”, reza el documento.

“Reservas” de la UPV/EHU

La rectora de la UPV/EHU, Eva Ferreira, adelantó a este periódico que la institución académica había presentado ya sus alegaciones a la reforma de la EAU y expresó públicamente las “reservas” que le despiertan varios aspectos sustanciales de la prueba, como la duración de los exámenes. “Le hemos enviado al Ministerio de Educación nuestras reservas y consideraciones en un documento de 18 páginas porque somos quienes organizamos la prueba, más allá de lo que la parte académica nos pueda parecer”.

Lo importante, dijo, “es que quienes tienen que tomar estas decisiones vean que nada es gratis y que no es sencillo la organización, hay que valorar mucho el coste-beneficio. Evidentemente, no tenemos que seguir haciendo lo mismo que hace 40 años pero hay cuestiones, como la duración de las pruebas, que generan dudas”. En este sentido, Ferreira afirmó que no entiende “en qué puede beneficiar a los estudiantes pasar de pruebas de 90 minutos a pruebas de una hora y media. La propuesta del Ministerio supondría alargar en un día la EAU. No acabamos de entender las ventajas y sí vemos que hay muchísimos inconvenientes que deberían reconsiderarse”.

En concreto, las universidades critican que al pasar de 90 a 105 minutos “obligará a aumentar los días de duración de las pruebas hasta a seis días, prolongando innecesariamente el estado de tensión del alumnado en detrimento de su rendimiento”. En esta cuestión, insisten, la propuesta “supone de facto la exclusión del acceso a la universidad del estudiantado que tiene derecho a adaptaciones de más tiempo, pues este colectivo se enfrentaría a algo impensable como 3-4 exámenes diarios de 145 minutos, durante varias jornadas”.

En el documento mencionan las “crecientes señales de inquietud” trasladadas por el profesorado de Bachillerato y comparten la “profunda preocupación por la viabilidad de implantar el modelo de evaluación por competencias el próximo año”. “Son demasiadas las incógnitas y demasiado poco tiempo para incorporarlas a un Bachillerato con currículo nuevo, nuevos materias y un modelo de evaluación nunca ensayado en segundo de Bachillerato y desconocido a los ojos de quienes han de dar instrucciones desde las universidades sobre las directrices concretas de cada materia”, advierten. Además, las universidades ponen el foco en las “serias dudas” sobre la posibilidad de implementar las reformas “sin suficientes garantías para un proceso en el que el alumnado se juega buena parte de su futuro”, por lo que resaltan los “efectos perniciosos de algunos pilares del borrador de real decreto”.