Corría el año 2017, a finales de octubre, y el lehendakari acababa de sufrir uno de los mayores desengaños en su trayectoria política. Tras la celebración del referéndum de independencia catalán entre fuertes cargas policiales del Estado, Iñigo Urkullu se implicó de lleno en sus conversaciones con el entonces president Carles Puigdemont y con su homólogo español, Mariano Rajoy, para tratar de salvar el autogobierno y evitar la aplicación del artículo 155, pero no tuvo éxito. Intentó evitar la declaración unilateral de independencia y las represalias del Estado en forma de suspensión del autogobierno, que hubieran sentado un precedente inquietante para Euskadi, pero no lo logró. Pocos días después realizó un viaje institucional a Quebec, aún desconcertado con el inmovilismo del Estado a la hora de ofrecer un cauce de solución al conflicto territorial, y convencido también de que la unilateralidad por cualquiera de las partes no llevaba a buen puerto. Y, en ese foro, revalidó su apuesta por una Ley de Claridad como la canadiense, un modelo pactado y legal.
Buena parte del soberanismo catalán apostó por extraer lecciones de lo ocurrido en vista de que el apoyo internacional y la mediación europea que solicitaban nunca llegó, y en vista de que el poder del Estado y su sombra son muy alargados, con tentáculos diplomáticos que reducen a su mínima expresión el margen de maniobra de los territorios. Cinco años después, una parte del soberanismo catalán, articulada sobre todo en torno a Junts y a los fieles del expresident Puigdemont, mantiene la apuesta por la confrontación. Pero ERC ha volcado buena parte de sus expectativas en una mesa de diálogo con el Gobierno español de Pedro Sánchez y, por boca del president Pere Aragonès, defiende un acuerdo de claridad que remite a la experiencia de Quebec y Canadá. La Ley de Claridad de Canadá recoge los planteamientos de la Corte Suprema del país para un eventual referéndum tras los dos que ya se han realizado en Quebec. Urkullu plantea una directiva de claridad europea para dar salida a las reivindicaciones nacionales.
Estas diferencias se han arrastrado durante más de un año de legislatura hasta que Junts ha salido del Govern y, ahora, la vía canadiense ha ganado protagonismo. Probablemente cobrará fuerza en los discursos aunque, a nivel político, sigue pareciendo muy lejano el momento en que el PSOE esté dispuesto a aceptar un referéndum. Ferraz estaría dispuesto a ofrecer una votación sobre un nuevo Estatut, pero el soberanismo catalán había defendido hasta la fecha que la pantalla de la reforma estatutaria ha quedado superada, y quiere que una de las preguntas sea la independencia.
Alianzas
El acuerdo de claridad lo respaldaron los comunes en el debate de política general del Parlament, y ahora están llamados a ser determinantes en las alianzas para aprobar los Presupuestos, una vez consumada la ruptura entre ERC y Junts. El respaldo de los socialistas catalanes será igualmente necesario, pero por el momento se evita escenificar ningún tipo de acercamiento con un partido al que se sigue considerando responsable del encarcelamiento de los líderes del procés. Además, ERC perdería capacidad de presión en el Congreso. El PSC, por su parte, arrastra históricamente una división en torno a la idea del derecho a decidir. ERC apela al 80% partidario del derecho a decidir mirando a los comunes.
Ley de claridad
Pere Aragonès. Propone un “acuerdo de claridad” para sentar las bases para un referéndum, y apela al 82% de los catalanes que está de acuerdo con votar según una encuesta del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat. “Esta mayoría social existe y no se puede ignorar. Por eso todos nos tenemos que implicar y tener la habilidad de aglutinarla alrededor de un gran consenso, de un gran acuerdo de país sobre cuándo y cómo Catalunya volverá a votar”, dice. La apuesta es un referéndum pactado y legal, con consecuencias políticas, y donde todos se sientan llamados a participar, no solo los independentistas.
Ley de Claridad. La ley aprobada por el Parlamento federal de Canadá recoge los planteamientos de la Corte Suprema para un eventual referéndum tras los dos realizados en Quebec. El Parlamento puede decidir si la pregunta es clara, y si ha habido una mayoría clara. Si el resultado le pareciera válido, se abrirían negociaciones.