“Tuvo un divorcio duro y conllevó un abuso verbal hacia su exmujer”. La descripción realizada por Alberto Núñez Feijóo sobre el candidato valenciano de Vox condenado por violencia de género ha suscitado una riada de críticas que vuelve a poner en el disparadero la posición del PP respecto al terrorismo machista del que su socio de gabinete niega su existencia. La laxitud con que encara la distopía ideológica de su compañero de viaje ultra sitúa al líder de Génova en un mar de contradicciones hasta el punto de excusar la ausencia de esta problemática en los programas de numerosas instituciones porque resulta “una obviedad”, al tiempo que sendas derechas se han lanzado en coalición a la supresión de las concejalías de Igualdad en no pocos ayuntamientos. La izquierda, en general, y casi todas las ministras, en particular, han cargado contra el líder del PP, lanzado una advertencia de las consencuencias que podría tener su llegada a La Moncloa.
En el transcurso de una entrevista en la Cadena Ser, Feijóo hizo alusión a cómo su partido logró que Carlos Flores, candidato de Vox a presidir la Generalitat Valenciana, se apartara de las negociaciones y del acuerdo firmado entre ambas formaciones –aunque luego fue incluido para las listas a las Cortes Generales– al tratarse de “alguien condenado por violencia verbal hace 20 años”. “Es un catedrático de Derecho Constitucional, es verdad. Ha cumplido la sanción, es verdad. Se ha producido hace 20 años, es verdad. Tuvo un divorcio duro y conllevó un abuso verbal hacia su exmujer”, declaró en un claro afán de suavizar la semblanza del dirigente de ultraderecha. Borja Sémper, portavoz de campaña del PP, ha tenido que salir al paso horas después para minimizar el traspiés de su líder: “Es lo que nos decían ellos para minimizarlo”. Pero el golpe a la línea de flotación de un asunto que debería copar todas las agendas a tenor de las cifras ya estaba hecho.
La todavía ministra de Igualdad, Irene Montero, ha sido de las primeras en reprender a Feijóo. “Llamar divorcio duro a la violencia machista es banalizar y normalizar la violencia contra las mujeres”, ha considerado, tesis compartida por una gran mayoría del espectro político. La vicepresidenta segunda y candidata de Sumar, Yolanda Díaz, ha tachado esas manifestaciones de “barbaridad que le incapacita para ser presidente del Gobierno” porque “ha legitimado sin rubor que se maltrate a una mujer porque alguien está divorciándose”. A su vez, ha cuestionado que el líder del PP diga que la violencia machista no aparezca en los consensos entre PP y Vox porque es una obviedad. “Lo que es una obviedad es que el señor Feijóo ha legitimado que se maltrate a las mujeres físicamente e intelectualmente, que se ejerza la violencia porque alguien está en proceso de separación”, ha reiterado. Por su parte, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha señalado que “no hay ni pactos, ni acuerdos, ni divorcios duros que justifiquen blanquear la violencia machista". "Con estas posiciones de aquellos que la niegan o aquellos que la justifican, este país está retrocediendo 20 años. Y creo que esto merece no solo la preocupación de la gente, sino también de la sociedad”, ha añadido. “Hemos podido observar en esos acuerdos municipales que se han dado muchos retrocesos. Lo que se está alcanzando son acuerdos para eliminar las concejalías de la mujer, o las concejalías de igualdad, que en muchos municipios y ciudades fueron el impulso a las políticas públicas de igualdad que después asumimos las comunidades autónomas o el Estado”, ha verbalizado la dirigente socialista.
Igualdad, en la picota
Los hechos avalan este temor. PP y Vox, que no cree en la violencia de genero por ser un “concepto ideológico”, se han lanzado a la supresión de las áreas de Igualdad en no pocos consistorios. En capitales de provincia como Burgos, Toledo y Valladolid o en ciudades como Orihuela, Elche, Ciudad Real o Talavera de la Reina, entre otros, este departamento se elimina, se integra en otros o bien cambia de nombre, una de las exigencias de los de Santiago Abascal para entrar en varios de estos gobiernos municipales, asumiendo concejalías a las que gustan llamar más de Asuntos Sociales, Familia e Infancia. “Veremos realmente lo que acontece ahora con esas unidades de violencia de género que ponen en el centro a la víctima. Estaremos vigilantes al respecto”, ha dicho el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. También la candidata socialista a ocupar un escaño en el Congreso, Adriana Lastra, ha admitido estar “atónita” con las palabras de Feijóo, mientras que la responsable de Transportes, Raquel Sánchez, le exige una rectificación.
Borja Sémper ha sido de nuevo el encargado de sofocar el incendio en el PP subrayando que a su partido le parece “extraordinariamente grave, ya sea en un contexto de divorcio o paseando por el monte, que alguien insulte, acose, persiga, amenace a una mujer”. “Nos parece además propio de cobardes. Quien hace eso, ya sea político o sea periodista, fontanero o profesor de universidad, entre otras cosas, no solo merece una sanción penal, que es lo que recoge nuestro ordenamiento jurídico que el PP colaboró también en su diseño, sino que no merece en ningún caso tener alguna representación política”, ha valorado.
Un ultra xenófobo y homófobo en la Cámara balear
Para colmo, el PP ha entregado la presidencia del Parlamento de Baleares al diputado de Vox Gabriel Le Senne, en cuyas redes sociales vierte desde hace años ideas negacionistas sobre la existencia de la violencia machista (con frases como “las mujeres son más beligerantes porque carecen de pene”) y del colectivo LGTBI, las vacunas contra el covid o el cambio climático (“la brasa climática”), aspectos sobre los que ironiza o se burla. Entre sus tuits más reseñables hay multitud de referencias al feminismo y lo que cree “ideología de género”. Se pregunta si “es lícito iluminar de morado fachadas de edificios públicos” al entender que se trata de “una ideología que no comparte buena parte de la población”; ahonda en que solo hay dos sexos y “el género está bien, en la tienda”; o se jacta de bloquear a todos los anunciantes con “banderita LGTBI” asegurando que “no es por homofobia, sino por aversión al totalitarismo”. “La propaganda LGTBI es ingeniería social liberticida impuesta desde arriba y pagada en gran parte con nuestros impuestos”, ha llegado a espetar. Para Le Senne, de hecho, los gais están “muy normalizados” mientras el colectivo perseguido en el Estado “es el de los militantes y simpatizantes de Vox”. A todo esto se une su manifiesta oposición al aborto, a las vacunas, al cambio climático y a la eutanasia. Asimismo, el nuevo presidente de la Asamblea balear es defensor de la teoría del gran reemplazo, una tesis conspirativa de la derecha más extrema, según la cual las personas blancas y cristianas de Europa están siendo sustituidas por otros pueblos, generalmente africanos, en una operación planificada por otra de las obsesiones de los ultras y negacionistas: “la élite global y liberal”. Toda una joya.
“O se despega, o el discurso de ultraderecha le absorberá por completo”, vaticinan muchos sobre Feijóo.