La violencia se traslada de Brasil a Perú, donde ya se cuentan 18 muertos

El eje de las protestas políticas más o menos generalizadas y la violencia en las calles latinoamericanas se ha trasladado de Brasil a Perú. Un día después de que el gobierno brasileño de Lula recuperara el control de los edificios que albergan las instituciones del país y detuviera a 1.500 seguidores del expresidente Bolsonaro, los enfrentamientos entre la Policía peruana y los manifestantes que exigen la dimisión de la presidenta andina, Dina Boluarte, y nuevas elecciones se saldaron con 18 muertos en 24 horas, más de setenta heridos, algunos de gravedad y el corte mantenido en más de 50 carreteras del país.

Las protestas en Perú, aunque extendidas a otros puntos del país, se concentran especialmente en la región sur, en el Departamento de Puno, ubicado a más de 1.200 kilómetros al sur de Lima, y en la ciudad de Julaiaca, donde al menos 17 manifestantes murieron el lunes en las protestas alrededor del aeropuerto de la localidad. También falleció un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) tras el ataque de una turba que quemó el vehículo patrulla en el que se encontraba, lo que eleva a 46 la cifra de decesos desde el pasado 11 de diciembre.

“Registramos 17 personas fallecidas en Juliaca y uno por hechos vinculados al bloqueo de vías en Chucuito”, escribió en Twitter la Defensoría del Pueblo en su último balance acerca de lo sucedido en el departamento de Puno, fronterizo con Bolivia, epicentro de las protestas.

Simultáneamente, el ministro de Defensa afirmó que “el Ejército el día de hoy no ha tenido contacto con la población”, por lo que todos los enfrentamientos de los manifestantes han sido con la Policía, pese a que las Fuerzas Armadas están desplegadas en su apoyo en virtud del estado de emergencia decretado por el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte.

Además, al menos 53 carreteras, diez de ellas vías nacionales, permanecía ayer martes con el tránsito interrumpido en seis regiones del país, principalmente en el sur, según fuentes oficiales. La mayoría de los bloqueos se presentan en la región sureña de Puno. Entre los puntos bloqueados en Puno está la carretera hacia Desaguadero, uno de los pasos principales de comunicación con Bolivia. Los bloqueos se confirman, además, en la región amazónica de Madre de Dios, vecina a Puno y también fronteriza con Bolivia y Brasil, así como en varios puntos de la región de Cuzco, de la región de Arequipa, en uno de la vecina Apurímac y en uno más en la región norteña de Amazonas.

Los manifestantes exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, la convocatoria de una asamblea constituyente y el adelanto de elecciones generales a 2023.

Congresistas del departamento de Puno emitieron también un comunicado conjunto para exigir la renuncia de Boluarte después de los enfrentamientos registrados en la zona.

Por otro lado, el aeropuerto Coronel Alfredo Mendívil Duarte de Ayacucho tuvo que suspender de forma temporal sus operaciones “como medida de prevención” ante los enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de la Policía en la región, según RPP.

Las protestas en Perú se iniciaron tras la detención del expresidente Pedro Castillo y su acusación por rebelión al intentar cerrar el Congreso y convocar elecciones parlamentarias tras año y medio intentando gobernar al tiempo que lidiaba con las maniobras de la cámara, que a la tercera logró su destitución.

El Gobierno peruano ha anunciado que enviará una comisión de alto nivel a la zona en tensiones por las protestas antigubernamentales, que se han cobrado la vida de casi una veintena de personas. El primer ministro, Alberto Otárola, denunció que en su país hay en marcha un “ataque organizado hacia el estado de derecho y a las instituciones” y un “golpe de Estado”, del que responsabiliza a los manifestantes. Otárola también dijo que el gobierno anunciará en las próximas horas mayores medidas de seguridad en la región y que una delegación de alto nivel del Ejecutivo viajará a Puno para establecer un diálogo con los manifestantes. El Gobierno de Puno decretó tres días de duelo en toda su jurisdicción por las muertes en Juliaca, que luego también se extendieron a saqueos y quema de locales públicos y privados en otras ciudades. En ellos se destruyeron las sedes de la Superintendencia Nacional de Aduanas, del Ministerio Público y se incendió la casa del congresista Jorge Luis Flores, representante de Puno por Acción Popular.