La vorágine judicial marca el futuro de Sánchez

La vorágine judicial de 2024 y la prevista para este próximo año lleva el nombre de los mismos protagonistas y todos convergen en una figura, la del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a quien todo el ramillete de casos que le bordean o tocan directamente parecen someterle a un juicio sumarísimo. Las investigaciones a Begoña Gómez, al fiscal general Álvaro García Ortiz o al novio de Isabel Díaz Ayuso, el caso Koldo y la imputación del exministro José Luis Ábalos marcaron la actividad política hasta el punto de enterrar el que hasta entonces era el tema bandera de la oposición: la amnistía a los líderes del procés. Los tribunales diseñaron la agenda para surtir de munición en un ejercicio donde por vez primera una mujer, Isabel Perelló, ascendió a la presidencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que tardó más de un lustro en poder renovarse; o donde de manera inaudita la Guardia Civil registró el despacho de un fiscal general, también por primera vez imputado. Y, para más inri, ha sido la primera ocasión en que un máximo dirigente del Ejecutivo declaró ante un juez como testigo en Moncloa en la causa en la que se coloca la lupa sobre su mujer, Begoña Gómez. Casos donde han proliferado las acusaciones populares –asociaciones o partidos– que, en función de sus intereses, alimentan las causas.

Fue el pasado abril cuando, tras una denuncia del sindicato ultra Manos Limpias, un juez empezó a investigar a la esposa de Sánchez por un presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios en torno a su actividad profesional y su relación con la Universidad Complutense de Madrid, donde codirigió una cátedra. Hasta tres veces ha acudido a declarar Begoña Gómez en los juzgados, con viraje estratégico incluido, para negar cualquier irregularidad ante el juez Juan Carlos Peinado, que llegó a trasladarse a La Moncloa a interrogar como testigo al presidente español. Decisiones del magistrado siempre puestas en tela de juicio por la Fiscalía aunque las querellas por prevaricación quedaron diluidas. Pero no es el único trauma que azota a un Sánchez que meditó hasta la retirada. En Badajoz, su hermano está citado este enero en la investigación sobre su contratación por la Diputación pacense, abierta tras una denuncia del citado sindicato.

Filtraciones

Paralelamente, lo que arrancó como un presunto fraude a Hacienda de 350.961 euros que un empresario, el novio de Isabel Díaz Ayuso, confesó para pactar con el fiscal una pena menor –lo que viene siendo un defraudador confeso–, pronto desembocó en la primera causa a un fiscal general del Estado abierta tras una denuncia de este empresario. El Tribunal Supremo (TS) investiga si Álvaro García Ortiz intervino en la filtración a la prensa del correo en el que la defensa de Alberto González Amador reconocía esos delitos, y ha citado como testigo en enero al jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, en quien el fiscal general ve “indicios” de que accedió “a una parte del contenido de los correos”. Su versión se sumará a la que aporten ocho periodistas, dos responsables de comunicación de la Fiscalía, la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, y el fiscal que denunció a González Amador. Mientras la investigación a la pareja de Ayuso en un juzgado de Madrid apenas ha avanzado, el TS se ha encontrado con que el móvil del fiscal general no tiene mensajes de los días clave, si bien el análisis del teléfono del Juan Lobato, que acabó dimitiendo al frente del PSOE madrileño tras publicarse que llevó al notario mensajes de una asesora de Moncloa con el polémico correo, apunta a que Ferraz y Moncloa sí dispusieron del mismo antes de filtrarse.

'Caso Koldo'

Recordando los tiempos de la red Gürtel del PP, la corrupción irrumpió en febrero al estallar el caso Koldo, quien fue la mano derecha del exministro de Transportes José Luis Ábalos, de quien el Supremo aprecia “indicios bastantes” de delito por su papel en una supuesta trama, cuya investigación empezó con supuestas comisiones por adjudicaciones, esta vez por las mascarillas en 2020, en plena pandemia, pero que ha escalado hasta comprometer al Gobierno de Sánchez. Tras esta tela de araña se halla Víctor de Aldama, un empresario y presunto comisionista quien, tras un pacto con la Fiscalía para salir de prisión, denunció irregularidades y delitos vinculados con el rescate a Air Europa, el viaje de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, la mediación con Juan Guaidó así como el pago de supuestas comisiones millonarias a Ábalos y Koldo que estos repartían al PSOE. Encima de la mesa está el suplicatorio para Ábalos, quien, como Koldo, lo niega todo, pese a que los informes de la UCO les comprometen. En este escenario, Aldama se encuentra además investigado en relación con un presunto fraude de 182 millones de euros en el IVA de Hidrocarburos, causa en la que el juez ha pedido analizar el móvil del empresario, que advierte puede desvelar acusaciones contra el Gobierno.

Acusación a Errejón

La vida política se vio sacudida asimismo por la investigación a Íñigo Errejón, una de las principales voces de Sumar y del entorno político de la izquierda, por agresión sexual, lo que le obligó a dimitir tras difundirse en redes denuncias anónimas que apuntaban a él. El próximo 16 de enero está citado ante un juez para responder sobre la denuncia de la actriz Elisa Mouilaá, que relató haber recibido tocamientos, besos no consentidos y comentarios de índole sexual en 2021; mientras un juzgado de Barcelona ha archivado por prescripción la de la exconcursante de GH Aída Nízar. A su vez, tras estrenarse como eurodiputado, el ultra Luis Alvise Pérez puede protagonizar otra causa en el Supremo, donde podría acabar imputado ante los “indicios sólidos” que un juez de la Audiencia Nacional ha remitido ya al alto tribunal por delito electoral y financiación ilegal de su partido, Se Acabó la Fiesta, por obtener presuntamente 100.000 euros de un empresario para su campaña. Fiscalía ha puesto el foco en esta entrega, reconocida por el empresario –investigado a su vez por una presunta estafa piramidal–, y en las “sucesivas donaciones anónimas” recibidas por su formación, sin origen conocido.

La amnistía a Puigdemont

Ahora bien, la ley más polémica del Gobierno de Sánchez, la amnistía a los líderes independentistas catalanes, que fue el asidero de la oposición para azotar al Ejecutivo, parece haber quedado ya apartada de la escena política cuando, en verdad, aún queda por resolverse la situación de Carles Puigdemont, que permanece exiliado en Waterloo. Dicha norma tardó solo tres meses en acabar en el Tribunal Constitucional, que será el que tenga la última palabra, previsiblemente en verano. Hasta la fecha algunos tribunales han ido aplicando sus efectos a decenas de condenados pero no así a Oriol Junqueras, que sigue inhabilitado y al máximo dirigente de Junts, que hizo una breve aparición en Barcelona el pasado 8 de agosto, cuando dio un discurso en plena calle y logró abandonar de nuevo el Estado español sin ser detenido. El Supremo rechazó aplicarles la norma al ver ánimo de enriquecerse y daño a los intereses financieros de la Unión Europea, que son las excepciones que marca la ley para no perdonar la malversación.

Junqueras, que se ha hecho de nuevo con las riendas de la presidencia de Esquerra Republicana, ya ha activado la vía del Constitucional, que encara 19 recursos, la mayoría de comunidades gobernadas por el PP, si bien será la cuestión de inconstitucionalidad del Supremo, abiertamente crítica con la ley, la que marcará el paso, sin olvidar el recurso de los populares. En cuanto a Puigdemont, también la legislatura depende de su futuro. Apretando al Ejecutivo en la faceta normativa, Junts ha hecho ciertos gestos hacia el PP, que defiende este tipo de acuerdos aunque mantiene la idea de que el expresident tendría que ser detenido.

Todo ello después de que este año 2024 el Constitucional diera un vuelco a la sentencia de los ERE reescribiendo el caso de corrupción que hizo tambalear los cimientos del socialismo en Andalucía. El tribunal anuló la condena por malversación al expresidente José Antonio Griñán y redujo notablemente la inhabilitación a su antecesor, Manuel Chaves, al acotar la prevaricación. Un escenario que trasladó a la mayor parte de los condenados. Ninguno está ya en prisión.