Donostia – El Gobierno Vasco vuelve a trasladar al Ejecutivo español que, con independencia del color que lleve la batuta en La Moncloa, sigue en deuda con Euskadi y con el cumplimiento íntegro del Estatuto. Así se pronunció ayer la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, quien emplazó al Estado a “saldar” sus compromisos, puesto que “cada día que pasa la paralización de esos traspasos, de esas transferencias, lo que supone es que desde Euskadi no podemos desarrollar estas políticas públicas que corresponderían a nuestra comunidad autónoma”. Confiando en que se solucione la gobernabilidad en Madrid para trabajar en un escenario de estabilidad, Garamendi indicó en la Cadena Ser que es prioritario “trabajar en el ámbito de la bilateralidad que establece el Estatuto”.
Interpelada sobre la propuesta de una Convención Constitucional realizada por el lehendakari, Iñigo Urkullu, Garamendi la ve “muy oportuna”, en tanto que abre “un debate serio y sosegado” sobre el modelo territorial de cara a avanzar en el carácter plurinacional y el desarrollo del autogobierno. A su entender, la Constitución contempla todavía “un diseño abierto y no acabado” del Título VIII y ello conlleva “la necesidad de hablar, de dialogar, de alcanzar un entendimiento de esta arquitectura abierta”. Por ello, valora positivamente la oferta de este acuerdo político a través de la vía de la interpretación de la Carta Magna que “complete ese modelo, a través de la vía también de la actualización de los derechos históricos”. La consejera incide en que se propone un “cauce de reflexión y acción” dentro de la Constitución con esa fórmula de Convención y, dentro de la Disposición Adicional Primera, y plantea “ese doble pacto que luego habría que detallar”. “Primero, de cara a firmar un acuerdo preliminar de reconocimiento de bases, incluyendo el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado, la bilateralidad, el sistema de garantías o la capacidad de decidir pactada; y, además, plantea un segundo momento de ese foro, en el plazo de un año, para analizar el alcance de esa Disposición Primera de la Constitución y el autogobierno de las nacionalidades históricas. Ese es el entramado, esta es la propuesta que tenemos encima de la mesa”, desbrozó Garamendi, que espera acabe pronto la incertidumbre de la investidura en el Estado español.
Ley de vivienda
Por otro lado, en relación al recurso anunciado desde Lakua contra la Ley estatal de Vivienda, al igual que han hecho otras cuatro comunidades, entre ellas Catalunya tras la cabriola de Esquerra; Garamendi recordó que en julio se aprobó en consejo de Gobierno la autorización para su presentación. Como la vía del Gobierno Vasco es la “del acuerdo y la negociación con carácter previo a la interposición de cualquier recurso, se ha instado a la Administración del Estado a que se abra esa vía bilateral del artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que permita discutir y debatir sobre esta cuestión antes de la interposición formal del recurso. La consejera ratificó que la normativa “vulnera competencias” y llamó a “encauzar” este tema en la Comisión Bilateral, previa al recurso de inconstitucionalidad.
Ante las OPES previstas en Euskadi, admitió que la Administración General de la CAV cuenta con “un alto grado de interinidad”, por lo que uno de los retos de la legislatura es promover y llevar a cabo procesos de consolidación para que “se puedan cubrir todas las vacantes existentes con personal funcionario de carrera o en su caso laboral”. Igualmente, su departamento encara retos vinculados a la administración digital.