Lakua exige a los "actores de la guerra sucia" que admitan su culpa y reparen el daño

El acto simbólico de reconocimiento a las víctimas de violencia por motivación política celebrado en el Kursaal de Donostia se ha erigido en una llamada de atención ante una realidad que ha permanecido oculta durante décadas por el olvido institucional. El terrorismo de extrema derecha, los grupos parapoliciales, la denominada guerra sucia y las torturas provocaron un dolor que va “mucho más allá de lo que yo me pueda imaginar”, ha afirmado esta tarde la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa. Ante esta situación, ha reivindicado el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación.

Frente a una amplia representación de este colectivo, así como de diferentes personalidades del ámbito político y social, ha realizado una exigencia directa a los victimarios, “al Estado y a todos los actores responsables de la guerra sucia, la tortura y toda expresión de terrorismo”: que ejerzan una “autocrítica sincera, reconocimiento del daño causado, asunción de su responsabilidad y voluntad reparadora”. “No hay idea política, ni pretendido bien superior, ni supuesta razón de Estado que justifique la violación de derechos fundamentales”, ha apostillado.

Testimonio de las víctimas

En su transcurso también ha intervenido la presidenta de la Comisión de Valoración de la Ley 12/2016, Juana Balmaseda, que acudió ayer al Parlamento Vasco, junto a otros miembros de este órgano, para presentar su tercer informe anual en el que reconocen a otras 66 víctimas de la violencia institucional, entre ellos Joxi Zabala. Está previsto que Joxean Lasa lo sea más adelante, una vez se tramite la solicitud correspondiente en tiempo y forma. Las hermanas de ambos, Pili y Axun, respectivamente, estuvieron ayer en el Kursaal.

El acto ha incluido un coloquio con tres víctimas que han transmitido sus experiencias: Lisardo Calo, que con 17 años recibió un disparo de la Guardia Civil durante unos altercados en Donostia en 1979 mientras intentaba regresar a su casa; Luis María Ralla Arruti, víctima de detención y torturas en 1972, cuando contaba con 20 años de edad; y Olatz Etxabe, hija de Iñaki Etxabe, asesinado a tiros en el bar que regentaba en el Alto de Kanpazar en 1975.

Derecho a la vida y a la dignidad

Hasta el momento, el Gobierno vasco ha reconocido la condición de víctima a 334 personas. De ellas, 187 lo fueron por el Decreto 107/2012 que abarca el periodo entre 1960 y 1978 en la CAV. Las 147 restantes se engloban en la Ley 12/2016, esta vez de 1978 y 1999. De las mismas, 35 son del periodo 2020-2021; 46 entre 2021 y 2022, y 66 de 2022 a 2023.

Durante su intervención, la consejera Melgosa ha puesto de manifiesto que “a algunos les arrebataron el primer derecho humano, el derecho a la vida. A todos y todas os quisieron arrebatar vuestro bien más preciado, la dignidad. Una dignidad que nunca perdisteis. No lo consiguieron”, ha certificado. Reconoce que se tardó en escuchar y actuar contra estas “graves violaciones de los derechos humanos”, y se pregunta “qué podemos hacer”. Ella misma ha aportado la respuesta al asegurar que “no es necesario que inventemos nada, está en los principios del derecho internacional en relación con las víctimas”. Así, ha puesto sobre la mesa tres aspiraciones: el derecho a la verdad, la justicia y la reparación.

Libro de la memoria

“Saber qué pasó”, ha comenzado exponiendo ante un auditorio abarrotado. “El terrorismo de extrema derecha y de los grupos parapoliciales, la guerra sucia y la tortura deben tener también su capítulo en el libro de la memoria de este país”, ha referido en relación al principio a la verdad.

Sobre la justicia, Nerea Melgosa ha sido contundente al denunciar “un manto de silencio e impunidad” en la vulneración de los derechos humanos y las víctimas de la violencia de motivación política.

En cuanto a la reparación, la consejera ha asegurado que es “el pilar de nuestra acción política en relación a las víctimas”. Justo cuando se ha referido a la labor de escucha, Melgosa ha aprovechado para poner en valor el trabajo de la Comisión de Valoración que lidera Juana Balmaseda “por su profesionalidad, por su rigor y por su humanidad”, aseveró.

Se ha dirigido directamente al colectivo de víctimas y ha reivindicado “que se sepa la verdad, que se haga justicia, que se ponga fin a la impunidad, que se reconozca oficial y socialmente la vulneración de los derechos de la que fuisteis objeto, para que vuestras heridas puedan ir cicatrizando y para que nunca más vuelva a suceder”. Tras llamar a superar las etiquetas y la consideración de las víctimas “en función del agente perpetrador”, ha concluido definiendo el “país que queremos, un país que no tiene miedo a proclamar que toda violación de derechos humanos fue y es radicalmente injusta”.