El Consejo de Administración de Lanbide ha acordado medidas excepcionales que garanticen que las personas en situación administrativa irregular puedan completar, como hasta ahora, sus programas formativos completos y obtener el certificado de profesionalidad.
El Consejo ha abordado la situación generada para esas personas por la entrada en vigor del Real Decreto Ley 2/2023, que regula la inclusión en el Sistema de Seguridad Social del alumnado que realice prácticas formativas o prácticas académicas externas incluidas en programas de formación.
En el ámbito de actividad de Lanbide, estas obligaciones afectan a la realización del módulo de formación práctica en centro de trabajo vinculada a los certificados de profesionalidad financiados por este organismo autónomo, pero las altas en el sistema de Seguridad Social exigen la residencia legal.
Según ha explicado Lanbide en un comunicado, esta situación afecta en estos momentos a 1.224 personas y 52 centros, una cifra que se podría ampliar a lo largo de 2024 en función de las convocatorias realizadas.
La consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, ha recordado que la regulación de la extranjería y de la Seguridad Social compete al Estado, pero ha precisado que Euskadi tiene un "compromiso histórico con la garantía de los derechos de todas las personas que viven aquí".
Por ello, el Departamento de Trabajo y Empleo en esta legislatura ha reforzado los procesos de acompañamiento a quienes perciben la RGI para que regularicen su situación mientras se forman, y así poder a acceder a un contrato laboral.
Ha anunciado que mientras se tramita una amplia convocatoria desde Lanbide como programa estable, van a seguir en marcha este año estos procesos en colaboración con distintas entidades municipales y sociales.
Se ampliará el plazo de realización de prácticas
La entrada en vigor de la nueva normativa sobre exigencia de cotización de prácticas no remuneradas, ha continuado, es una medida positiva pero que convierte en un perjuicio para estas personas en situación irregular, tanto en el derecho a la inclusión laboral como en el derecho fundamental a la educación.
"Lanbide debía dar respuesta a las personas, a los centros formativos y a las empresas, y es lo que hemos estado trabajando en estas semanas para aprobar en este Consejo", ha resumido la consejera.
Como medida general se ampliará el plazo de realización de prácticas cuando las personas extranjeras hayan iniciado el trámite de autorización de residencia o su prórroga o cualquier otro proceso de permiso que le permita residir legalmente en España y puedan completar su regularización en ese plazo accediendo al módulo de prácticas en las empresas con alta en Seguridad Social.
En segundo lugar, solo cuando la medida general no sea aplicable y para evitar perjuicios a las personas extranjeras sin permiso de residencia, se va a posibilitar la realización del módulo de prácticas en el centro de formación y obtener el certificado de profesionalidad completo.
Para ello los centros deberán disponer de aulas de prácticas donde se simule un entorno laboral y donde se realicen tareas propias del puesto de trabajo relacionadas con el certificado de profesionalidad que se trate.