Las asociaciones alertan de que el nuevo decreto aumentará las muertes

El 10 de enero arrancó en la isla de Lesbos (Grecia) el juicio contra 24 activistas que ha sido tachado por un informe del Parlamento Europeo como “el mayor caso de criminalización de la solidaridad en Europa”. Entre las acusadas, la siria Sarah Mardini, quien en 2015 viajaba con su hermana Yusra en una embarcación precaria cuyo motor se estropeó durante el trayecto entre Turquía y Lesbos. Las hermanas, nadadoras profesionales, se lanzaron al agua y durante tres horas empujaron la barca hasta la costa griega, salvando la vida de 18 personas. Tras conseguir el estatus de refugiadas en Alemania, Sarah decidió volver a la isla para rescatar a quienes, como ella, arriesgan sus vidas en el mar intentando llegar a Europa. Tras cuatro años a la espera de juicio, los magistrados han decidido retirar algunos cargos como espionaje o falsificación, tras quedar demostrado que la acusación estaba llena de errores y al producirse el vencimiento del plazo de prescripción de algunos cargos.

Pero para Free Humanitarians, la asociación que apoya a los encausados, “esto no es justicia”. Según denuncia, “de seguir como hasta ahora, con errores procedimentales y largas demoras en el tiempo (aún se enfrentan a acusaciones como tráfico de personas o pertenencia a organización criminal) podríamos estar hasta quince años en un limbo hasta poder demostrar la inocencia de estos trabajadores humanitarios”.

Bajada desde 2018

Este proceso ha tenido un efecto directo sobre las personas refugiadas que llegan a la isla ya que desde que se formularon los cargos en el año 2018, las actividades de búsqueda y rescate por parte de asociaciones civiles prácticamente han desaparecido por temor a ser encarcelados lo que, según grupos de derechos humanos sobre el terreno, ha permitido que las autoridades en las costas infrinjan la ley, como las devoluciones ilegales, sin testigos que puedan denunciarlo.

Mientras tanto, los distintos barcos civiles de rescate que operan en el Mediterráneo han firmado un comunicado conjunto denunciando que el nuevo decreto italiano aumentará las muertes en una de las rutas migratorias más mortíferas del mundo y denuncian la continua criminalización de ONG y activistas. El Geo Barents, Sea Watch, Sea Eye o Aita Mari, entre otros, exigen una reacción de la Comisión y el Parlamento Europeo, así como del resto de países europeos mientras confirman que no van a cesar en sus operaciones de rescate.

También han asegurado que van a seguir con sus operaciones de rescate, como la tripulación del Aita Mari, ya preparada en Castellón para salir este enero hacia el Mediterráneo central. “Estamos hablando de derechos fundamentales de las personas que todos los gobiernos tienen la obligación de defender”, recuerda Mijangos, “y somos la sociedad civil organizada quienes lo estamos haciendo. Y lo vamos a seguir haciendo. Por muchos obstáculos que nos pongan. Porque cada vida importa. Porque salvar vidas nunca puede ser delito”.