Los votos del PNV y PSE han sido suficientes para sacar adelante este jueves la nueva norma foral de Carreteras que renueva la previa en vigor que data de hace un década. Una legislación que ha tenido a los peajes casi como único tema de polémica ya que su articulado es eminentemente técnico.
La inclusión en el artículo 26 de que el pago por uso de los viales sea una las fórmulas para financiar el mantenimiento y la construcción de la red viaria en el territorio ha centrado el debate en el que ha sido rechazada la enmienda a la totalidad presentada por el grupo mixto compuesto por el Partido Popular, así como buena parte de las 48 enmiendas parciales presentadas por el mismo grupo juntero.
Solo el apoderado popular, Eduardo Andrade, ha votado a favor de su enmienda a la totalidad contando con nueve votos en contra y cinco abstenciones. Ha razonado sus planteamientos en que la única diferencia entre la nueva norma y la anterior es la "inclusión de los peajes como fórmula de financiación" de unas carreteras que "ya están financiadas y pagadas". Destacar que el pago por uso ya estaba contemplado en la anterior norma.
Además ha argüido que es una forma de dejar claro "el posicionamiento del PNV" de cara a la intención del Gobierno de Pedro Sánchez "de poner peajes en todas las carreteras del Estado que ha presentado a la Unión Europea". Otros argumentos del PP han sido que esta norma "va a suponer una cascada de quiebras en las empresas de transportes", además de un "aumento de los accidentes de tráfico en las carreteras secundarias" a las que se trasladará buena parte de los vehículos y que se elimina la obligatoriedad de que exista una vía alternativa a las de pago.
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Irene Edesa, juntera del PNV, ha asegurado que la nueva normativa "no regula los peajes sino que los incluye como un medio más para su financiación junto a otros ingresos". Ha asegurado que el modelo que propone el PP "no es sostenible y va en contra de las actuales directivas europeas".
Otro de los temas de debate ha sido la presentación en Juntas Generales del proyecto de norma en pleno verano, algo que los grupos de la oposición han criticado. Han especificado que ello ha supuesto "de falta de transparencia con la ciudadanía" aunque todos han reconocido que el procedimiento se ha ajustado a la legalidad en todo momento. La norma no ha recibido alegación alguna en el periodo habilitado para ello "debido a que es muy técnica" ha razonado la portavoz del PNV. También ha especificado que "no era necesario dirigirse a los colectivos concretos afectados por la nueva norma" como han solicitado algunos apoderados de la oposición "ya que va dirigida a toda la ciudadanía en general", ha concluido Irene Edesa.