Las claves del nuevo plan anticrisis: todas las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros

El Gobierno ha aprobado este miércoles un nuevo Real Decreto-ley de medidas para hacer frente a los efectos de la inflación, la crisis energética y la guerra de Ucrania, que incluye la prórroga de la rebaja del IVA a alimentos básicos, la gratuidad de los Cercanías y la rebaja del 50% en el transporte autonómico.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha comparecido en rueda de prensa tras el último Consejo de Ministros de este año para explicar este decreto anticrisis, un texto que supone rebajas en impuestos y beneficios fiscales por más de 2.500 millones de euros durante el año 2024.

Pese a este despliegue de recursos, Sánchez ha asegurado que el nuevo paquete de medidas "se contextualiza en el compromiso del Ejecutivo con la consolidación fiscal". "El Gobierno de España mantiene su compromiso de lograr un déficit público del 3% del PIB durante el año 2024 tenemos también marcada una reducción de la deuda pública al 106%", ha subrayado el jefe del Ejecutivo.

Según el Gobierno, la evolución de la economía y de los precios ha experimentado mejoras precisamente en ese último año, a lo que han contribuido los reales decretos ley aprobados por el Gobierno, que han supuesto un ahorro de más de 25.000 millones de euros tanto para la ciudadanía como para las empresas. No obstante, el Ejecutivo ha decidido impulsar un nuevo paquete de medidas con la prórrogas de algunas que entraron en vigor en 2022 o empezaron su andadura en 2023.

REBAJA DEL IVA DE LOS ALIMENTOS Y BONIFICACIONES AL TRANSPORTE PÚBLICO

Así, en este próximo paquete de medidas se mantiene la supresión durante seis meses más, hasta junio, del IVA del 4% que se aplica a todos los alimentos de primera necesidad, entre ellos el pan, la harina, la leche, los quesos o los huevos, y la rebaja del 10% al 5% del aceite y la pasta.

Por su parte, el nuevo paquete incluye la prohibición de desahucios a personas vulnerables hasta el 2025, la imposibilidad de suspender los suministros básicos, el máximo descuento del bono social para familias vulnerables o la limitación a las subidas del precio de la tarifa regulada del gas y de la bombona de butano.

El Gobierno de Sánchez ha vuelto a prorrogar para todo el año 2024 la gratuidad de los trenes de Cercanías y Media Distancia para usuarios habituales, así como los descuentos del 50% en el transporte de competencia autonómica.

Esto supone que las comunidades autónomas estarán obligadas a aportar un 20% del descuento del 50% para que el Estado pueda transferir los fondos para subvencionar la rebaja del 30%, todo ello destinado a abonos y títulos multiviaje.

Junto con la gratuidad de los trenes de Media Distancia y de Cercanías, también seguirá habiendo billetes gratuitos para los viajeros de autobuses cuya competencia recae en el Estado, igualmente para viajeros habituales, así como descuentos del 50% en trenes Avant.

En cambio, el Gobierno español ha dejado fuera del paquete de ayudas el transporte público gratuito generalizado para jóvenes y desempleados que anunció en noviembre pasado durante el debate de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Ejecutivo.

PROHIBIR LOS DESPIDOS A EMPRESAS QUE SE ACOJAN A AYUDAS

Asimismo, las empresas que se acojan a las medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos reguladas por causas relacionadas con la invasión de Ucrania y que se beneficien de apoyo público no podrán justificar despidos objetivos basados en el aumento de los costes energéticos hasta el próximo 30 de junio.

También el Gobierno español ha extendido para todo 2024 las medidas por la que se eliminan las comisiones o compensaciones bancarias por la amortización anticipada de los créditos hipotecarios a tipo variable, la conversión del préstamo a tipo fijo y la gratuidad a las conversiones de tipo variable a mixto.

Otras medidas que se han incluido en este decreto son la revalorización de las pensiones contributivas al 3,8%, la eliminación de las comisiones por la retirada de efectivo en ventanilla para personas mayores y con discapacidad y la cesión de la gestión del ingreso mínimo vital para las autonomías que lo soliciten.

Además, el Consejo de Ministros ha aprobado eliminar el cobro de comisiones a los mayores de 65 años y a las personas con discapacidad por retirar dinero en efectivo en ventanilla en las entidades financieras.

PRÓRROGA DELOS IMPUESTOS A LA BANCA Y ENERGÉTICAS

Por otra parte, Pedro Sánchez ha anunciado la prórroga por un año más de los gravámenes a los beneficios extraordinarios tanto del sector financiero como del sector energético y ha avanzado la intención de hacer permanente el tributo a grandes empresas de la energía.

En el caso del gravamen energético, Sánchez ha explicado que se van a introducir modificaciones en la Ley general de presupuestos para que se puedan deducir desde el 1 de enero las inversiones estratégicas vinculadas con proyectos industriales y con la descarbonización del sistema productivo en el país.

Además, Sánchez ha señalado el compromiso de la revisión en el año 2024 de esta figura tributaria, "que pasará ya a contar con un carácter permanente". "El impuesto fue diseñado con una pervivencia de dos años, vencería el 31 de diciembre de este año y por tanto lo que hemos hecho ha sido garantizar su pervivencia a partir del año 2024, una vez ya revisado", ha explicado el jefe del Ejecutivo.

La modificación del impuesto a energéticas ha sido uno de los temas más discutidos en las negociaciones recientes entre PSOE y Sumar. El presidente del Gobierno ya había avanzado hace unas semanas que se estaba trabajando en el "rediseño" del impuesto, pero negaba que ello respondiera a las advertencias de Repsol de que este tributo "condiciona" sus inversiones en el Estado español.

Tal y como está ahora diseñado, el impuesto grava el 1,2% sobre el importe de la cifra de negocio de las compañías del ramo energético que facturasen más de 1.000 millones en 2019. Se excluye de la facturación objeto del gravamen los ingresos derivados de las actividades reguladas.

De este modo, el impuesto no afecta a aquellos ingresos donde el suministro sea a precio regulado, como es el caso del PVPC de electricidad, la tarifa de último recurso (TUR) de gas, el GLP envasado y el GLP por canalización.

Por su parte, el impuesto temporal a la banca grava al 4,8% los intereses y comisiones de todas las entidades que facturasen más de 800 millones en 2019 y el tributo afecta a la actividad que las entidades desarrollen en España.

En el acuerdo de Gobierno de coalición se fija la revisión de los gravámenes con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual, para que ambos sectores sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sostenimiento del Estado de bienestar.

El decreto también prorroga la aplicación del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas mientras no se produzca la revisión de la tributación patrimonial en las CCAA, circunstancia que, según el Gobierno, está vinculada a la reforma del sistema de financiación autonómica.

SUBIDA GRADUAL DE LOS IMPUESTOS A LA LUZ Y EL GAS

En el ámbito de la energía, el Gobierno español ha decidido retirar de "manera gradual" durante los próximos seis meses las bajadas de impuestos vinculadas con la electricidad y con el gas natural que estaban vigentes, en muchos casos desde verano de 2021, para hacer frente al impacto sobre los precios energéticos de la guerra en Ucrania tras la invasión por Rusia, según anunció el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

De esta manera, se irá retirando gradualmente la bajada del IVA de la electricidad -que cayó del 21% al actual 5%-, del impuesto sobre la producción eléctrica -del 7% y actualmente suspendido- y la eliminación del impuesto especial eléctrico -ahora en el 0,5% frente al 5,1%-.

En concreto, en el caso de la electricidad, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) se situará en el 10% durante todo 2024; el Impuesto Especial de la Electricidad (IEE) estará en el 2,5% durante el primer trimestre del año y en el 3,8% durante el segundo; y el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE) tendrá un tipo del 3,5% hasta marzo, pasando a tener un 5,25% hasta junio, según el Real Decreto-ley para la prórroga de varias de las medidas temporales establecidas para hacer frente a la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania, cuya vigencia terminaba este 31 de diciembre.

En el caso de los suministros de gas natural, el IVA se situará en el 10% durante los primeros tres meses de 2024 -frente al 5% al que se había reducido-, para recuperar su nivel del 21% una vez pasado el periodo invernal, mientras que se mantendrá en ese mismo nivel para los combustibles de biomasa durante todo el ejercicio. Los suministros de calor seguirán esa misma pauta, dependiendo de su origen fósil o renovable.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Sánchez justificó estas medidas "ante la caída de los precios de la energía" en los últimos tiempos. A este respecto, recordó que hace dos años, en vísperas de la invasión de Ucrania, el precio del megavatio hora (MWh) en España alcanzaba los 360 euros y este mismo viernes era siete veces inferior.

"Por tanto, las cifras hablan por sí solas y también hablan de la consistencia y del compromiso social de este Gobierno", añadió el presidente.

DEDUCCIONES PARA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Asimismo, se extiende hasta el 31 de diciembre de 2024 todas las medidas destinadas a las reformas que ayuden a realizar un consumo más sostenible de energía, ya sea en casas particulares o en bloques de vecinos.

Estas ayudas, vinculadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), permitirán deducirse un 20%, 40% o 60% de IRPF a quienes impulsen estas actuaciones sobre sus propiedades.

Junto a lo anterior, hay que destacar la prórroga en la libertad de amortización para aquellas inversiones que utilicen energía procedente de fuentes renovables.

AUTÓNOMOS: REDUCCIÓN DE SUS MÓDULOS EN IRPF E IVA

El Ejecutivo español permitirá a los autónomos que apliquen el método de estimación objetiva para el cálculo del rendimiento neto de su actividad económica.

La excepción son las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, que ya dispone de un límite cuantitativo por volumen de ingresos específico.