Sanidad y las comunidades aprueban el primer plan estatal contra el suicidio, pero tumban el de salud mental

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), que reúne al Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, ha aprobado este viernes el primer plan estatal para la prevención del suicidio, que se cobra unas 4.000 vidas al año.

El 'Plan de acción para la prevención del suicidio 2025-2027' es un compendio de 40 medidas repartidas en seis líneas estratégicas para abordar este problema de salud pública con un enfoque desde los determinantes sociales de la salud.

Apuesta por fomentar un código de riesgo y las autopsias psicológicas, limitar el acceso a medios letales o aplicar una perspectiva de género ante la enorme disparidad de cifras entre sexos (ellos se suicidan mucho más).

En este sentido, el vicepresidente del Consejo Interterritorial de Salud, consejero de Castilla y León y portavoz de las comunidades del PP, Alejandro Vázquez, ha explicado, en declaraciones en Valladolid al término de la reunión, que este plan ha salido adelante, aunque con la queja de las comunidades del PP por su falta de financiación, en la línea "del yo invito y tu pagas" del Gobierno.

Por su parte, la consejera madrileña, Fátima Matute, ha informado de que "se han comprometido a incluir un punto específico de financiación".

El documento es fruto del trabajo conjunto del Comisionado, el Comité Institucional de las Comunidades Autónomas y sociedades científicas de Psiquiatría, Psicología, Epidemiología, Geriatría, Atención Primaria, asociaciones de supervivientes, organizaciones y otros expertos independientes, e involucra a sectores clave como la sanidad, educación, medios de comunicación, sistema judicial y servicios sociales.

El PP tumba el plan de salud mental

Por otro lado, las comunidades del PP han rechazado el 'Plan de acción de salud mental 2025-2027' del Ministerio de Sanidad ante las críticas que ha recibido por parte de expertos independientes y sociedades científicas de Psiquiatría, reticentes a la desprescripción de psicofármacos que plantea el documento.

Solo Catalunya, Castilla-La Mancha, Asturias y Navarra han apoyado el citado plan, que aboga por una humanización del modelo de atención que va desde implantar un uso racional de psicofármacos y una mayor "prescripción social" a buscar alternativas a la institucionalización y la sujeción mecánica, y la regulación de la psicoterapia y la psicología clínica infantil, han informado a EFE fuentes del Consejo Interterritorial.

Pese a que comparten la necesidad del plan y el trabajo realizado por los técnicos, las comunidades populares consideran que el plan se debe seguir trabajando y no precipitar su aprobación para contar con el apoyo de todos los expertos.