Acostumbrado a caminar sobre el alambre en una de las legislaturas más complicadas que se recuerdan, en la que a la pandemia le siguió la guerra en Ucrania con una crisis económica como telón de fondo constante, el presidente español, Pedro Sánchez, tendrá que afinar al máximo su sentido del equilibrio para llevar a buen término su mandato, que oficialmente expira a finales del año próximo.
El impulso que imprimió a la acción del Gobierno tras la debacle del PSOE en las elecciones andaluzas del 19 de junio ha tenido una consecuencia añadida y no deseada: que se visualicen más a las claras las contradicciones del Ejecutivo, entre ellas la unilateralidad en la relación con los gobiernos autonómicos y los diferentes ritmos con su socio minoritario, Unidas Podemos.
La oposición a Moncloa que llevan a cabo las comunidades gobernadas por el PP –Galicia, Andalucía, Castilla y León, Murcia y Madrid–, con especial énfasis en la presidenta de la comunidad madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha dado paso a un malestar generalizado de las regiones por el incumplimiento de Sánchez de la cogobernanza. Se trata del término que se acuñó en los peores momentos de la crisis sanitaria para referirse al reparto de papeles a la hora de hacer frente al coronavirus pero que en el terreno de los hechos ha sido sustituido por la apisonadora de la actuación de Moncloa.
Esta tendencia al centralismo, a los hechos consumados y a anunciar primero y consensuar después se apreció de forma clara tras la aprobación, en el Consejo de Ministros del 1 de agosto, del real decreto ley de medidas de eficiencia energética que tenía como fin anticipar un posible cierre del gas por parte de Rusia, y empezar a cumplir las directrices para reducir su consumo que han llegado desde Europa.
El rechazo al decreto fue casi total y la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se sacó de la manga una Conferencia Sectorial de Energía con los consejeros del ramo de las diferentes comunidades para tratar de apaciguar los ánimos, apenas 48 horas antes de la entrada en vigor de las medidas, el 10 de agosto. Antes de dicho encuentro, el lehendakari Iñigo Urkullu ya había confirmado el cumplimiento del decreto en Euskadi pero reprochó a Moncloa que “podría haber tenido más en cuenta a las comunidades” y reivindicó un diálogo activo.
Todo ello abocó a un escenario ya conocido, tratar de amarrar los apoyos necesarios de cara al Pleno del pasado jueves en el que se debía ratificar el decreto de ahorro energético, una vez la derecha en bloque dio la espalda a esta iniciativa. Al final se logró el objetivo –ERC, PNV y EH Bildu votaron a favor– pero los socios habituales de Sánchez empiezan a impacientarse por la sensación de improvisación constante.
La volatilidad de la mayoría de la investidura, otro de los conceptos clave de la legislatura, ya se visualizó anteriormente con el voto en contra de ERC al decreto anticrisis por la invasión rusa de Ucrania y a la nueva ley audiovisual. Ello ha abocado al presidente español a estirar al máximo la cuerda de la geometría variable en los últimos meses.
Gasto en Defensa
Incluso Unidas Podemos, pese a ser socio del Ejecutivo español, se abstuvo el 26 de mayo en la Ley General de Comunicación Audiovisual, que solo salió adelante gracias a la abstención del PP. Las fricciones en el seno del primer Gobierno español de coalición han llevado a que la formación morada se haya desmarcado de acuerdos que han salido del propio Consejo de Ministros compartido, y pueden ir a más cuando la negociación de los presupuestos del Estado de 2023, los últimos de la legislatura, coja velocidad.
El motivo es el desacuerdo radical de la formación que lidera Ione Belarra con el compromiso que adquirió Sánchez, en el marco de la cumbre de la OTAN que se celebró el 29 y 30 de junio en Madrid, de aumentar la inversión en Defensa con el objetivo de alcanzar el 2% del PIB en 2029. “Unidas Podemos tiene claro que no es una prioridad”, dijo el diputado de UP en el Congreso Roberto Uriarte en una entrevista en este diario.
Este medida, defendida a capa y espada por los ministros socialistas, choca a su vez con el giro a la izquierda que protagonizó Sánchez durante el llamado debate del estado de la nación que acogió el Congreso del 12 al 14 de julio, y tras el que se impulsaron nuevos impuestos a las energéticas y la banca con los que se espera recaudar 7.000 millones de euros en dos años.
Esta doble alma en el seno del PSOE, más o menos escorada hacia la izquierda, ha sido asimismo palpable en dos leyes que están íntimamente conectadas pero que difieren en la recepción que han obtenido hasta la fecha. Uno de los primeros pasos que se adoptaron tras el electroshock de los comicios andaluces fue sacar del cajón el proyecto de Ley de Memoria Democrática e impulsar el trámite parlamentario para su aprobación. Ello fue posible el 14 de julio, cuando salió adelante una ley que amplía la investigación de posibles abusos de derechos humanos hasta 1983, lo que incluye el primer tramo de los GAL, materia sensible para los socialistas.
Mayor rechazo ha concitado la Ley de Información Clasificada, que sustituirá a la Ley de Secretos Oficiales que data del franquismo y que contempla mantener la información sensible bajo llave durante 50 años, periodo que Podemos aspira a rebajar hasta 20 años. Esta ley tiene que ser ratificada por la Cámara Baja, lo que supone un nuevo frente para Sánchez. El próximo termómetro de la situación vendrá reflejado en las elecciones municipales y autonómicas de la próxima primavera.