Las tres diputaciones vascas han trasladado este lunes al Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi las disposiciones para adecuar la normativa vigente en los tres territorios en materia de Impuesto de Plusvalía a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional "por seguridad jurídica y con carácter urgente".
Asimismo, las instituciones vascas han acordado constituir un grupo de trabajo para elaborar una propuesta de reforma armonizada de este tributo que asegure "la suficiencia financiera de los municipios".
El Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi (OCTE) se ha reunido este lunes para abordar de forma coordinada cómo adaptar las disposiciones normativas forales que regulan el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), conocido como plusvalía municipal, a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que declara nulos determinados artículos de la Ley estatal que regula este tributo.
Este órgano --compuesto por tres representantes del Gobierno Vasco y tres de las diputaciones forales, y de tres representantes de los municipios vascos que se incorporan cuando se tratan asuntos relativos a los tributos locales-- tiene como misión impulsar la armonización, coordinación y colaboración entre las diputaciones en el ejercicio de sus competencias tributarias para lograr una mayor eficacia en la gestión tributaria.
Las instituciones representadas en el OCTE han considerado que la regulación para la determinación de la base imponible del Impuesto de Plusvalía en la normativa foral es "muy similar" a la regulada en la estatal declarada inconstitucional.
Por ello, "por seguridad jurídica y con carácter urgente", las tres diputaciones han remitido a la reunión del OCTE celebrada este lunes las disposiciones normativas que "adecuan la regulación del tributo a lo manifestado como procedente por el Tribunal Constitucional en su sentencia".
Según han explicado desde el Gobierno Vasco, las diputaciones y Eudel en un comunicado conjunto, "ya desde 2017, y tras otra sentencia del Tribunal Constitucional, no se someten a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos, estableciendo un nuevo supuesto de no sujeción para los casos en que se constate, a instancia del interesado, que no se ha producido dicho incremento de valor".
Ahora, se modifica la determinación de la base imponible con el objeto de que "se aproxime a la realidad del mercado inmobiliario, reconociéndose la posibilidad de que los ayuntamientos corrijan a la baja los valores catastrales del suelo en función de su grado de actualización".
Asimismo, se establecen unos coeficientes máximos, determinados en función del número de años transcurridos desde la adquisición del terreno, que serán actualizados anualmente teniendo en cuenta la evolución de los precios de las compraventas realizadas.
Todo ello, según han precisado en un comunicado conjunto, "sin perjuicio de la facultad que se reconoce a la persona obligada tributaria para acomodar la carga tributaria al incremento de valor efectivamente obtenido".
De este modo, las normas forales se adecuarán a lo establecido por la sentencia del Tribunal Constitucional en cuanto a que el método objetivo de determinación de la base imponible no sea el único método admitido legalmente y "permitirá, además, las estimaciones directas del incremento de valor en aquellos casos en que así lo solicite la persona obligada tributaria".
ARMONIZACIÓN
Una vez "salvaguardada la seguridad jurídica" tanto de los obligados tributarios como de los ayuntamientos que liquidan el impuesto, las instituciones representadas en el OCTE han acordado constituir un grupo de trabajo interinstitucional de carácter técnico, donde estarán representados los tres niveles institucionales, cuyo objetivo será elaborar una propuesta de reforma armonizada de este tributo que "cumpla el principio de capacidad económica, a la vez que se asegura la suficiencia financiera de los municipios".
El presidente de Eudel, Gorka Urtaran, se ha mostrado "muy satisfecho" por el acuerdo alcanzado en el Órgano de Coordinación Tributaria y "muy agradecido por la rapidez con que las diputaciones están resolviendo esta cuestión para que los ayuntamientos puedan seguir aplicando el impuesto de Plusvalía con la menor pérdida económica posible, de la forma más justa para los contribuyentes y con la mayor seguridad jurídica para todos".