La asamblea de la Asociación de Directores de Instituto de Navarra (ADI), que agrupa a directivos de más de 60 centros públicos, celebró ayer su asamblea anual en Tudela en el edificio San Juan de la ETI, en el que se aprobaron las cuentas y el plan anual y en el que se abordaron diversos asuntos de interés para los centros educativos. El presidente de la asociación, Iosu Mena, director del IES Alaitz BHI de Barañáin, recordó que uno de los puntas a tratar en el orden del día de la asamblea era el complemento que perciben los directores por ejercer dicho cargo en la función docente. Mena explicó que la comisión de Educación del Parlamento de Navarra votó por unanimidad para que se consolidara el complemento que se cobra como directivo una vez que se abandona el puesto.
La única comunidad en la que no se cobra ese plus una vez que se deja la dirección es Navarra, a pesar de que como recuerda Mena con dicha decisión la Comunidad Foral está incumpliendo la Ley Orgánica de Educación. Sin embargo, Función Pública, que es el departamento que pone trabas a dicho reconocimiento, entiendo que el Estatuto de la Función Pública de Navarra impide el cobro de dicho complemento. Para desenrocar este asunto que viene de largo, Mena y el resto de directores y directoras pusieron en común una hoja de ruta que consideran viable y que ya se aplica en otras comunidades. De esta forma, proponen que como la labor de los equipos directivos se prolonga a los cuatro años, en caso de que se pase dicho periodo y la evaluación de su labor sea positiva, puedan consolidar el 25% del complemento. En el caso de mantenerse ocho años en el cargo, la propuesta sería seguir cobrando el 40% de dicho plus y si la labor de la dirección se prolonga durante doce años, entonces el porcentaje a cobrar alcanzaría el 60%. Mena afirmó que la falta de incentivos salariales, así como de horas destinadas para las tareas propias de la dirección de los institutos es el principal problema para poder encontrar a personas voluntarias para dichos cargos. De hecho, los nombramientos extraordinarios que realiza la Inspección educativa, y a los que la persona propuesta no puede negarse a ocupar el cargo de director/a, alcanzan el 90% del total de nombramientos.
Salud mental
Otro de los puntos relevantes que se trataron en la asamblea fue la necesidad de articular medidas para prestar una atención psicológica al alumnado, para lo que las direcciones de los centros educativos pretenden establecer conversaciones con el Colegio de Psicólogos y los departamentos de Educación y de Salud. Ante la detección o sospecha de casos de este tipo entre el alumnado, Iosu Mena recuerda que en la actualidad “solo existe la posibilidad de derivar a la persona afectada a la sanidad pública y que, por tanto, forme parte de la lista de espera de la especialidad correspondiente. Si bien lo ideal sería tener un profesional psicológico en cada centro, somos conscientes de las necesidades pero se podría plantear que por ejemplo un profesional pueda dar cobertura a un grupo de centros, por zonas geográficas. Nuestra reivindicación pasa por tener un acceso más directo a la salud pública. La salud mental es un tema que preocupa, en una encuesta que hicimos entre asociados afloró el problema, el alumnado tiene cada vez más presión, problemas de relaciones, y al final hay que buscar la fórmula para mejorar su atención”.