Las empresas vascas de transporte escolar reclaman el archivo de las sanciones

Las empresas operadoras de transporte escolar que no se presentaron a las adjudicaciones de estas rutas para el curso 2023-2024 han dicho que han sido víctimas de un "maltrato injusto" por parte del Departamento de Educación, han pedido que se archiven los expedientes abiertos de sanciones e investigaciones, y han confiado en que el conflicto se solucione.

Guillermo Saiz, portavoz de los operadores Asociación Nacional de Empresarios de Transportes en Autocares (Anetra), Agrupación Empresarial Alavesa del Transporte, Asintra País Vasco-Asociación Nacional Independiente de Transportes Colectivos de Viajeros y Autocares Unidos Discrecionales (Aundi), ha comparecido en el Parlamento Vasco, a petición de EH Bildu, para explicar la postura de estas empresas ante este problema.

El conflicto se hizo público a pocos días del inicio del curso escolar. Únicamente el 31 % de las rutas se licitaron ya que la mayoría de empresas de transporte consideraron que las condiciones del concurso les perjudicaban y no eran rentables. En Gipuzkoa prácticamente todas (98 %) estaban cubiertas, mientras que en Araba solo el 5 % y en Bizkaia ninguna.

El Departamento de Educación publicó el 5 de septiembre el BOPV una orden que obligaba a las empresas que el anterior curso educativo operaban las líneas de transporte escolar de centros públicos y que este año habían quedado desiertas a prestar estos servicios.

Sin embargo, algunas empresas se negaron a ello y alrededor de 10.000 alumnos, principalmente de las zonas rurales, se quedaron sin transporte, aunque pocos días después del comienzo del curso las empresas acataron la orden tras llegar a un acuerdo con Educación y retomaron los servicios mientras continúan las negociaciones. Confían en que el conflicto se resuelva

El portavoz de las operadoras ha comunicado a los parlamentarios que confía en que la situación se resuelva después de que Educación haya reconocido la necesidad de "reconsiderar las nuevas condiciones" y ha reclamado que se archiven los procedimientos abiertos de investigación y de sanciones.

Ha anunciado que la semana próxima habrá una primera reunión entre la Administración y operadores y ha dicho que espera que antes de final de año se formalicen las licitaciones y antes de primavera se adjudiquen para el próximo curso.

Ha insistido en que cada operador decidió "de manera libre e individual" no presentarse a licitaciones y no fueron decisiones "consensuadas" como deslizó el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, que incluso anunció la puesta a disposición de toda la información ante la Autoridad Vasca de la Competencia y ante la Fiscalía ante posibles "indicios de delito". Las empresas denuncian un daño "brutal" a su reputación

Saiz ha señalado que las operadoras han sido víctimas de un "maltrato injusto" por no haberse presentado a las licitaciones y las acciones de Educación han causado un "profundo sufrimiento" a los trabajadores que "no son ni carteristas ni delincuentes ni secuestradores de familias". Además, ha añadido que el daño a la reputación de las empresas ha sido "brutal".

Ha denunciado que Educación aprobará esa orden forzosa que obligaba a estas empresas a prestar los servicios a cuyas licitaciones no se habían presentado. A su juicio, es una "intervención gravísima" en una economía de mercado.

Saiz ha recordado que este conflicto viene desde 2021, cuando el Departamento de Educación cambió unilateralmente las condiciones de los pliegos de las adjudicaciones "sin escuchar" al sector que "impedían optimizar las flotas" y no tenían en cuenta la subida de costes con una inflación "desatada". "Preocupación" por el papel de Joanes Labayen

Al final de su intervención, Saiz ha respondido a una pregunta sobre la contratación como asesor legal por parte de Educación, durante las negociaciones, de Joanes Labayen, que es consejero y miembro del consejo de administración de la empresa Autocares Urpa S.L, que resultó adjudicataria de 15 rutas de transporte escolar de Gipuzkoa por valor de 4 millones de euros.

Ha explicado que las operadoras "desconocían" la relación de ese asesor con una empresa adjudicataria hasta que se ha hecho público, lo que ha causado entre las operadores que representa "cierta preocupación" porque la idea que tenían es que a ese asesor se le había contratado "para preparar la denuncia ante la Fiscalía".

"Si la denuncia a Fiscalía la realiza alguien que es administrador en una compañía competencia del resto del sector evidentemente genera preocupación", ha remarcado.

Sin embargo, ha confiado en la "integridad" de este asesor y en que el Gobierno Vasco haya hecho esa contratación con garantías. "Estamos expectantes para que no se produzca ninguna quiebra que pueda perjudicar todavía más la situaciones de los operadores", ha finalizado.